Cinco meses de ataques armados en Ixchiguán y Tajumulco obligaron al gobierno a imponer estado de Sitio

El gobierno decretó desde el 8 de junio estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco. De enero a la fecha han ocurrido ataques armados, heridos y muertos en la zona en conflicto.

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En esta foto de archivo aparecen vehículos pesados del Ejército de Guatemala durante un estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco en 2017. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.
En esta foto de archivo aparecen vehículos pesados del Ejército de Guatemala durante un estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco en 2017. Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL.

Los históricos conflictos que viven los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, en San Marcos; y Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, han degenerado en la fundación de grupos armados vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico.  

Lo que comenzó hace casi 160 años en el caso de las localidades sololatecas, y 90 en las marquenses han evolucionado de pelear con puños, palos, machetes, azadones y piedras a utilizar en las disputas armas de grueso calibre como las AK-47 y M-16, que solo podrían usar las fuerzas del orden nacional.  

El epicentro de estas situaciones está en los departamentos de San Marcos y Sololá. En dos municipios de cada uno de estos departamentos del altiplano occidental se libran no solo la batalla por linderos, sino que ahora se han agrupado estructuras criminales, investigadas y confirmadas por la Policía Nacional Civil (PNC), que controlan el narcotráfico, el trasiego de armas, el contrabando aduanero, el lavado de dinero y la migración ilegal.  

Estos grupos armados operan en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos; y en Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá. De acuerdo con los hechos que investiga la PNC en estos lugares se han conformado grupos criminales que interactúan entre sí para mover cocaína, armas y contrabando en la demarcación vía terrestre, área y marítima con destino final a México donde operan diversos cárteles. 

A estos dos casos se suma Huehuetenango, quien, según las pesquisas oficiales, también se enfrenta a los mismos problemas desde hace años en forma más evidente y es destino también de grupos de narcotraficantes que trasladan vía terrestre y aérea estupefacientes hacia México y Estados Unidos.  

El gobierno de este último país en sus portales oficiales publicó una advertencia, en el nivel 4, el 6 de junio pasado a sus ciudadanos para que reconsideren viajar a Guatemala por la delincuencia que se vive no solo en sectores de la Ciudad de Guatemala, sino en San Marcos y Huehuetenango. En este no mencionan a Sololá. De hecho, aseguran que ir al Lago de Atitlán es seguro siempre y cuando tomen en cuenta consideraciones de seguridad básicas.  

La publicación del gobierno estadounidense les advierte a sus ciudadanos que no viajen a San Marcos y Huehuetenango (con excepción de las cabeceras departamentales) por la “delincuencia y el narcotráfico que está muy extendido y gran parte de estas localidades están bajo la influencia de organizaciones narcotraficantes”. 

El gobierno, para retomar el control de estas comunidades, ha recurrido a estados de Excepción y a militarizar los espacios. Por ejemplo, en Ixchiguán y Tajumulco, hay dos destacamentos del Ejército que vigilan una frontera que por años la han usado para sembrar amapola y marihuana.  

Sin embargo, las últimas pesquisas establecen que ahora funcionan en gran medida como una bodega para almacenar no solo cocaína, sino también armas que intercambian con grupos ilegales del país vecino.  

El ministro de Gobernación, Napoléon Barrientos, aseguró que el tema de las fronteras es muy complicado y que requieren de la máxima atención de todo el Estado para controlarlas y evitar que siga ocurriendo este problema.  

En Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá también hay dos destacamentos militares. Análisis de inteligencia civil han determinado que esta demarcación también operan dos grupos que trasladan las drogas y armas y aprovechan lo inhóspito de las montañas (donde están los límites territoriales) para operar sin que haya presencia policial y militar.  

De hecho, en este punto, el gobierno también ha recurrido a estados de Sitio, pero aun así han ocurrido enfrentamientos en donde han habido no solo heridos civiles, policías y militares, sino también muertos.  

¿Pero cómo se llegó a este punto? 

De enero a la fecha el intercambio de disparos no se ha detenido en los municipios de San Marcos y Sololá. Eso sí, han sido más frecuentes en el altiplano marquense en donde la población ya evita circular por la ruta nacional que conduce a estos dos municipios y otros del altiplano.  

Por ejemplo, el 6 de enero pasado continuaron las balaceras que venían desde 2021. En esa oportunidad ocurrieron entre supuestos pobladores de las comunidades de Villa Real, Tajumulco y Villa Nueva, Ixchiguán.  

Aquella vez el Ejército comunicó: “Este intercambio de disparos es una situación casi cotidiana que se da en especial por las noches. En esta época del año pareciera que hay más intensidad, tal vez un poquito más de constancia en estos intercambios de disparos, pero se atribuye a que se aproxima la época de la cosecha y los terrenos donde ellos realizan sus labores de agricultura se encuentran cerca de las áreas que están en disputa entre ambos municipios”, refirió Téllez. 

El 7 de febrero por la noche un hombre y sus dos hijos resultaron heridos de bala cuando fueron atacados por hombres armados en la aldea Tuichán, IxchiguánSan Marcos 

Omar Ruiz, de 58 años y sus hijos, Néstor, 29 y Yulissa, 26, ambos de apellidos Ruiz, originarios de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, fueron llevados al Hospital Regional de San Marcos por los Bomberos Municipales Departamentales heridos en extremidades y la cabeza.   

En estas localidades la presencia del Ejército se remonta al 2015, cuando gobernaba Jimmy Morales, quien impuso dos estados de Sitio, uno en 2017 y otro en 2018.  

El 25 de febrero pasado Adrián Enrique Ratzián López, de 5 años, murió como consecuencia de una “bala perdida” que lo alcanzó mientras estaba en su casa de la aldea Tuichán, en Ixchiguán junto con su madre.  

El niño fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de San Marcos, pero murió a su ingreso. Otro caso dramático fue el de Josué David Sam Aguilar, 22 años, que pereció en las mismas circunstancias que Ratzián López. Fue víctima colateral de una balacera que ocurrió el 26 de febrero.  

Pero no solo los civiles están a merced de estos grupos criminales, también las fuerzas del orden han tenido víctimas.

El domingo 13 de marzo pasado resultaron heridos en una disputa los soldados Milán Ludin Clemente González y Emerson Rolando Ramos Fuentes. Se supone que en uno de los enfrentamientos estos militares intentaron mediar y los recibieron a balazos. Los llevaron heridos al Hospital Regional de San Marcos.  

En el mes de abril, aunque continuaron los enfrentamientos, no se reportaron heridos o muertos por esta causa. No obstante, el 5 de mayo las fuerzas del orden descubrieron que habían edificado unos bunkers para desde allí disparar a los grupos rivales, incluidas la PNC y el Ejército.  

Entre el 13 y 14 de mayo la intensidad de las balaceras fue más fuerte. Esa vez murieron tres civiles y un comisario de la PNC resultó herido.  

De esa fecha al 3 de junio se mantuvieron los disparos y la inseguridad en el área. La gota que derramó el vaso, y que llevó al gobierno a decretar estado de Sitio, fue el ataque armado contra una unidad de valores de la empresa Forza que había llegado en apoyo de otro blindado que se había averiado en la comunidad de Bella Vista en la aldea Tuichán.  

A bordo de este vehículo iban los policías privados Francisco Javier García Hernández y Alejandro Bonifacio Pérez Ixcol quienes hasta ahora están desaparecidos.  

El día del ataque, que fue viernes 3 de junio, a eso de las 14 horas, un comando armado les interceptó el paso y disparó. Después de cometido el hecho incendió el vehículo blindado.  

Desde aquel momento no se supo más de los agentes y la familia interpuso la denuncia en el MP para que las autoridades los puedan hallar. 

De hecho, la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de San Marcos abrió un expediente y planteó ante un juzgado marquense un recurso de exhibición personal en favor de ambos elementos. 

Mientras esto ocurre en San Marcos, los grupos armados también han mantenido las disputas violentas desde diciembre de 2021 a la fecha en Los dos municipios de Sololá.  

Ni la presencia de la PNC y el Ejército, con los dos destacamentos militares, han podido evitar que mueran civiles.  

Entre enero y junio, en la zona limítrofe, han muerto más de una decena de personas entre pobladores de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y agentes de la PNC. 

El 29 de abril sucedieron hechos confusos en Nahualá y en la ruta Interamericana. Ese día el alcalde de Nahualá Manuel Guarchaj Tzep, resultó herido en un incidente que habría comenzado por los conflictos de tierra.  

De acuerdo con información preliminar del Ejército en aquella oportunidad todo comenzó porque “pobladores de Nahualá fueron atacados en terrenos reclamados por Santa Catarina Ixtahuacán, mientras cortaban leña”. 

El edil fue trasladado al Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango donde se recuperó de algunos rozones de bala. Ese mismo día, pero en horas de la noche, la PNC reportó el hallazgo del cadáver del abogado Manuel Tzep Tambriz, miembro de la Asociación de Abogados Maya (Nim Ajpu).  

Este caso, según fuentes de la Deic, están en investigación en conjunto con el MP para determinar la relación con los problemas que se generan en el área.  

En el caso de San Marcos las investigaciones preliminares es que estos grupos se apoderan de las posiciones que tienen los militares en las fronteras para evitar que les confisquen la droga o el contrabando y por eso surgen los cotidianos disparos. Hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado este extremo, pero será bajo el estado de Sitio que se puedan obtener más detalles al respecto.