Las sospechas del MP ubican a este grupo de jueces y magistrados en una serie de reuniones no oficiales con el privado de libertad Gustavo Alejos, cuyo fin, según investigadores, sería pactar la lista de candidatos que en ese momento trabajaban las comisiones de postulación para las Cortes de Apelación y la CSJ.
Cada denuncia fue referida a un juzgado y por ahora las que ya fueron notificadas, y que posiblemente ya llegaron a la CSJ, son las siguientes: Edwin Albino Martínez Escobar, magistrado de la Sala Mixta de Santa Rosa; Flor de María Gálvez Barrios, magistrada de la Sala Primera de Familia; José Alejandro Córdova Herrera, magistrado de la Sala Primera de Familia; María Eugenia Castellanos, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo Grupo “B”; Romeo Monterrosa, magistrado de la Sala Regional Mixta de Jalapa, y Wilber Estuardo Castellanos, magistrado de la Sala Primera Civil y Mercantil.
Quedando pendientes del proceso de notificación los antejuicios en contra de Dasma Janina Guillén Flores, magistrada de la Sala Quinta Penal de Quetzaltenango; Geisler Smaile Pérez Domínguez, juez de Primera instancia Civil del municipio de Mixco; Heidy Pamela Delgado Castellanos, magistrada de la Sala Mixta de Santa Rosa; José Luis de Jesús Samayoa Palacios, magistrada de la Sala Regional Mixta de Antigua Guatemala; Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo; Óscar Ruperto Cruz Oliva, magistrado de la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y la de Rafael Morales Solares, magistrado de la Sala Segunda de Delitos de Femicidio.
Supera a “Los Jueces de la Impunidad”
No es la primera vez que el MP hace señalamientos contra un grupo considerable de jueces, de hecho cuando estuvo la extinta Cicig se presentó un informe titulado “Los Jueces de la Impunidad”, que a criterio del jefe fiscal, Juan Francisco Sandoval, es un antecedente que se queda corto con esta nueva investigación.
“Comparar se puede pero el planteamiento realizado supera el informe “Los Jueces de la Impunidad” que era un informe temático, por el contrario esto está dirigido a la existencia de un caso donde se verifican anomalías que podrían hacer necesaria el señalamiento de hechos concretos y justiciables por eso se hace necesario el trámite de antejuicio, en este caso estamos hablando de la idea o la noción que existe de una articulación de diversos actores para distorsionar la elección de magistrados”, señaló Sandoval.
Pero a criterio de la jueza Bélgica Deras, quien preside la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, es necesario que se respete la independencia judicial y la presunción de inocencia, manifestando que una investigación de este tipo tuvo que haberse presentado antes.
“La comisión (de postulación) tuvo que haber hecho una auditoria porque de alguna manera, no es una investigación pero ellos quedaron en los listado finales, si el MP tiene una investigación la debió de haber presentado, a ellos no se les ha seguido un debido proceso y si no han sido escuchados y vencidos en juicios nos parece que esta forma de quererlos sacar de la contienda o de este proceso, no es el indicado”, puntualizó.
Discusión amplia
Al momento que cada denuncia se programe para la discusión de pleno de la CSJ los magistrados tendrán que decidir si se admite a trámite, que significa nombrar un pesquisidor para que profundice en los señalamientos antes de una investigación penal, o bien, rechazar las denuncias.
A criterio de Carlos Besares, abogado independiente, lo mejor sería que todas las denuncias se admitan a trámite para que no quede ninguna duda del actuar de los jueces y magistrados denunciados.
“Una vez salida la Cicig los magistrados han decidido reunirse con uno de los sindicados para pactar la siguiente conformación de CSJ y salas de apelación. Si eso no nos mueve como país para decir basta y a no seguir permitiendo estas situaciones y apoyar las acciones penal es en contra de la gente que de alguna forma está dañando la república pues no somos más que una sociedad que iría a la deriva, son luces de esperanza las acciones de la Feci”, dijo el abogado.
Pero el panorama parece que no ser tan simple, según el doctor Alfredo Siekavizza, experto en derecho, quien estima que la denuncia tiene otros fines que complicarán la futura discusión plenaria de la CSJ.
“Aquí el problema es político, hay dos grupos en pugna batallando por el control del OJ. Las denuncias y las solicitudes de retiro de antejuicio de algunos magistrados se deben a esta pugna política entre dos grupos que quieren controlar el OJ (…) la CSJ está en el lado opuesto por los actuales magistrados en su mayoría, que están en el lado opuesto de lo que representa la Feci y el MP y ahí vemos que es una pugna que no va a tener solución porque el MP está pidiendo el retiro del antejuicio de magistrados que pertenecen al mismo bando que los magistrados de la CSJ”, explicó Siekavizza.
Golpe a la honorabilidad judicial
Los jueces y magistrados denunciados gozan de inmunidad, por lo que cualquier sospecha tuvo que haberse presentado respetando las garanticas del funcionario, según la penalista Vivian Dávila, “si se dieran todos los presupuestos para una formulación de causa esto causaría un efecto bastante negativo en la percepción de la justicia en la población porque nos enfrentaríamos ante jueces que estarían plegados ante ciertos intereses y compromisos ya adquiridos”, cito la profesional.
Por su parte el también penalista Arturo Miranda opina que podría visualizarse una defensa legal por parte de los jueces y magistrados con acciones legales que podrían llegar hasta el ámbito Constitucional, “la Corte de Constitucionalidad podrá abordar los temas de distinta manera pero los jueces y magistrados gozan de inmunidad y ese tema no puede ser retirado hasta que la CSJ le retire esa inmunidad, me atrevería a decir que algunos tomaran la línea para defenderse y otros no harán nada”, refirió.
Hasta ahora se desconoce si alguno de los antejuicios que ya fue notificado se encuentra en la agenda de la sesión plenaria de este miércoles que podría ser discutido por un pleno judicial que tuvo que entregar el puesto el pasado 13 de octubre y que con sus resoluciones, según la sociedad civil, se ha plegado a intereses de grupos afines a la corrupción.
Magistrados y jueces denunciados por tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita
- Dasma Janina Guillén Flores, magistrada de la Sala Quinta Penal de Quetzaltenango
- Edwin Albino Martínez Escobar, magistrado de la Sala Mixta de Santa Rosa – Notificado
- Flor de María Gálvez Barrios, magistrada de la Sala Primera de Familia – Notificado
- Geisler Smaile Pérez Domínguez, juez de Primera instancia Civil del municipio de Mixco
- Heidy Pamela Delgado Castellanos, magistrada de la Sala Mixta de Santa Rosa
- José Alejandro Córdova Herrera, magistrado de la Sala Primera de Familia – Notificado
- José Luis de Jesús Samayoa Palacios, magistrada de la Sala Regional Mixta de Antigua Guatemala
- Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo
- María Eugenia Castellanos, jueza del Tribunal de Mayor Riesgo Grupo “B” – Notificado
- Óscar Ruperto Cruz Oliva, magistrado de la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia
- Rafael Morales Solares, magistrado de la Sala Segunda de Delitos de Femicidio
- Romeo Monterrosa, magistrado de la Sala Regional Mixta de Jalapa – Notificado
- Wilber Estuardo Castellanos, magistrado de la Sala Primera Civil y Mercantil – Notificado
