Según informó Agroindustrias San Francisco Miramar, S.A. en un comunicado de prensa del 22 de agosto de 2022, los propietarios de las fincas San Francisco Miramar y Auyón, que pertenecen a esa empresa vencieron en juicio a los usurpadores que las tomaron violentamente en el año 2018, con el fin de apropiarse de manera ilegal de las tierras.
“Los propietarios demostraron, ante las leyes guatemaltecas, ser legítimos propietarios de dichas fincas, y después de cuatro años fueron sentenciados”, afirma un comunicado de prensa de la empresa.
Añade que los condenados por ocupar la finca San Francisco Miramar son:
- Feliz Reymundo Gabriel, condenado a 2 años y 8 meses de prisión.
- Adolfo Isalas Santizo Solís, 2 años y 8 meses de prisión.
- Pedro Ribal Herrera de León, 2 años y meses de prisión.
Por la invasión a la finca Auyón:
- Hugo René Bravo López, 3 años de prisión.
- Cristóbal Eduardo López Rodas, 3 años de prisión.
- Adolfo Isaías Santizo Solís, 2 años de prisión.
- Gustavo Adolfo Hernández Nimatuj, 3 años de prisión.
Los sindicados cometieron el delito de usurpación agravada y, según la empresa, todavía hay cinco personas pendientes de captura por este caso.
Según la empresa, los señalados usurparon las fincas de forma violenta y eso dejó “incalculables pérdidas por los destrozos provocados”.
“Agroindustrias San Francisco Miramar S.A. probó en tribunales que las propiedades usurpadas estaban debidamente registradas en las diferentes instituciones del Estado de Guatemala, lo cual certifica la legitimidad de la tierra por parte de la entidad administrativa a cargo de estas, según el derecho constitucional de Guatemala en su artículo 39 que garantiza el derecho a la propiedad privada”, se lee en el comunicado.
Afirman que llegarán hasta las últimas instancias, en apego a la ley, para que “todos los incitadores de esta usurpación no queden en impunidad, y así sentar un precedente, de que la propiedad privada en Guatemala debe de ser respetada”, se lee en el documento.
La usurpación
El comunicado agrega que los ahora sentenciados ingresaron a las fincas San Francisco Miramar y Auyón, el 14 de julio y 15 de octubre de 2018, respectivamente, acompañados por más de 3 mil familias, que según ellos, fueron movilizadas bajo engaños al decirles que esta propiedad era pública y que estaba en venta.
Menciona que las personas “entraron de manera violenta a las propiedades, derribaron plantaciones de hule y café, robaron madera y derribaron árboles, obviamente sin licencia; marcaron, midieron, empezaron a repartir y a vender la tierra usurpada”.
También detallan que además provocaron muchos destrozos, mataron animales, destruyeron sembradíos, plantas en cultivo y producción, contaminaron nacimientos de agua y “bajo amenazas impidieron a los dueños y trabajadores ingresar para cumplir con sus labores, lo que generó pérdidas millonarias”.
El documento también refiere que los promotores de la invasión estaban armados, se movilizaban en carros de último modelo y cobraron, a los usurpadores, dinero por venderles la tierra, y eso les generó millones de quetzales.
