La exoneración de un presidente falsamente acusado de homicidio y la desarticulación de bandas criminales dentro del Estado dedicadas a ejecuciones extrajudiciales, adopciones y narcotráfico son los principales méritos de la Cicig de 2007 a 2014.
Un informe elaborado por la misma entidad, señaló dichos casos como los más “emblemáticos” durante sus siete años de apoyo al sector de Justicia guatemalteco, después de ser creada en 2007 por la ONU.
El documento fue entregado por la Cicig a la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, comisión que deberá rendir un informe al presidente Pérez Molina, para definir la renovación o no del ente de la ONU, cuyo período en la nación del istmo vence en septiembre próximo.
El informe comienza su expediente de investigaciones con el caso Rosenberg, quizás el más representativo en la vida de la Comisión, que fue instalada en Guatemala para “apoyar” al Estado en su lucha contra la corrupción y las estructuras criminales que se han infiltrado en sus instituciones.
“El 10 de mayo de 2009 es asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg, quien antes de su muerte, grabó un vídeo inculpando al entonces presidente de la República Álvaro Colom”, afirma el documento.
Rosenberg culpó también a la esposa de Colom, Sandra Torres, por el crimen, implicando a la pareja presidencial en una trama de asesinatos políticos y de corrupción.
La acusación hizo que el gobierno de Colom se tambaleara en medio “de confrontaciones entre varios sectores de la sociedad”, según el documento.
Cuatro días después del asesinato a balazos de Rosenberg en un lujoso barrio de la capital a manos de sicarios, el caso fue traslado a la Cicig, en aquel momento bajo el mandato del abogado español Carlos Castresana, primer comisionado de la entidad.
“Cuatro meses después se captura a diez personas de la organización criminal vinculada al asesinato, quienes fueron condenados por los delitos de asesinato y asociación ilícita”, precisa el informe.
Por el caso también están “pendientes de enfrentar” un juicio oral los hermanos Francisco y José Valdez Paiz, primos de Rosenberg, quien ordenó su propia muerte, según determinó la Cicig.
La entidad de la ONU fundamentó su caso en las evidencias científicas de llamadas telefónicas del mismo Rosenberg, quien contrató a los sicarios que finalmente le quitarían la vida.
La Cicig también identificó “estructuras criminales” que se asocian con otras “de mayor alcance como la del presunto narcotraficante Juan Ortiz” pueden “diversificar a otro delitos y ganar influencias” en corporaciones municipales, consejos de desarrollo, partidos políticos y diputados de la región.
De acuerdo a la entidad, durante su mandato también se “logró identificar a grupos de individuos” de trabajadores del Estado que “se organizaron para utilizar y abusar del poder otorgado con el fin de apropiarse de recursos públicos”.
“No se trata de simples casos de corrupción administrativa, si no de la construcción de todo un andamiaje que abarca los distintos niveles de la administración pública”, destaca el documento.
En el listado de casos descritos por la Cicig, sobresale la condena de un exdirector de la Policía Nacional Civil en Austria, Erwin Sperisen, al igual que un ex jefe de investigación criminal, Víctor Hugo Soto Diéguez y el de un jefe de la unidad de secuestros de la misma entidad, Víctor Manuel Ramos Molina.
En todos los casos, la acusación fue por el delito de “ejecución extrajudicial”, mismo crimen por el que fue condenado un analista del Ministerio de Gobernación (Interior), Axel Arnoldo Martínez Arriaza.
El informe también manifiesta que la Cicig “determinó la existencia de una estructura criminal infiltrada en el Sistema Penitenciario (SP)” guatemalteco, comandada por el exmilitar Byron Lima Oliva, condenado por el asesinato del obispo Juan Jose Gerardi Conedera.
