Consuelo Porras justifica demora en caso contra Sandra Torres y la UNE

María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP), respondió este 3 de abril por qué el caso de financiamiento a la UNE en 2015 se presentó a los tribunales hasta el 6 de febrero último, cuando estaba listo, según la Cicig, 117 días antes.

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María Consuelo Porras,  fiscal General y jefa del Ministerio Público. Hemeroteca PL)
María Consuelo Porras, fiscal General y jefa del Ministerio Público. Hemeroteca PL)

La funcionaria, quien se encuentra en Bruselas, en una actividad oficial del 1 al 5 de abril, para participar en un seminario sobre corrupción, política, crimen organizado y seguridad, divulgó un comunicado donde se refiere al atraso para presentar el caso de financiamiento electoral por Q19.3 millones y responder sobre los casi cuatro meses que el caso estuvo detenido en su despacho.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) reveló el 2 de abril que el caso estaba “listo” el 11 de octubre de 2018, pero fue hasta el 5 de febrero último que se presentó la solicitud de levantamiento de inmunidad de Sandra Torres, así como a otros cinco diputados y dos alcaldes de ese partido, un día después de que la candidata presidencial recibiera su credencial y por lo cual ya tenía inmunidad.

Incluso Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, detalló hoy que, si bien ese 11 de octubre Porras había solicitado complementos en el expediente, estas se presentaron ocho días después, y fue hasta enero último, cuando él preguntó por el caso, que recibió instrucciones para que lo presentara el 5 de febrero.

“Es muy difícil para mí. Yo trabajo en una institución cuyo principio de actuación es jerárquico y quien ejerce la acción penal es el fiscal General y para mí es muy complicado porque están involucrados políticos y para esta fecha me he ‘ganado’ dos denuncias penales”, comentó Sandoval.

Porras responde

“Es importante aclarar que, desde que ingresa un caso al despacho superior, se tienen diversos procedimientos internos para su estudio y análisis técnico-jurídico para determinar la procedencia o no de su judicialización”, señaló Porras en el comunicado.

Añadió: “En cuanto al proceso en referencia -financiamiento a la UNE- se hicieron varias correcciones y se establecieron distintos análisis jurídicos con el consentimiento del licenciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, para asegurar cada uno de los elementos sustanciales de la imputación con la adecuada ubicación de los hechos, evidencias y elementos jurídicos”.

En el comunicado se informa que el caso consta de varias personas sindicadas y una gran cantidad de documentos para su lectura y estudio pormenorizado, que “sin lugar a dudas” establece la temporalidad en las actuaciones fiscales y judiciales.

“La mayor responsabilidad del fiscal General es presentar casos con objetividad, calidad técnico jurídico y con los elementos probatorios que refuercen la hipótesis fiscal”, subrayó Porras.

También esgrime que la ley le otorga al MP independencia para ejercer sus funciones, por lo que “ninguna autoridad podrá dar instrucciones a la fiscal General o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que la ley da a los tribunales de justicia”.

El caso

El proceso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la UNE en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la investigación del MP, fueron Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -candidato vicepresidencial de la UNE, ahora prófugo– y la última con Julio Ixcamey, actual diputado por la UNE.

Sin embargo, la CSJ rechazó a finales de febrero, en forma dividida, la solicitud del MP y la Cicig por no tener elementos de racionalidad suficientes.

En el expediente de solicitud de retiro de inmunidad hay una escucha telefónica que revela el papel de recaudador de fondos en 2015 que desempeñó el empresario Gustavo Alejos, procesado en cuatro casos, con el aval de Torres.

En esa conversación Alejos le dice a Torres que un financista, de quien no se ha esclarecido nombre, va a aportar “40” para la campaña, y Torres se sorprende al saber que se refería a Q40 millones.

“¿Tanto va a dar?”, pregunta la candidata, entre asombro y duda. Alejos responde: “Por Dios”. Torres, sin salir del asombro, cuestiona “¿Tanta plata tiene, pues?”, a lo que Alejos le contesta:  “Sí, Sandrita”. Ella termina con dos frases: “¡Ala gran púchica!” y “Yo me asusto cuando escucho esas cantidades”.

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