El 27 de febrero último, la CSJ rechazó la solicitud del Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, de retiro de inmunidad de Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por un caso de financiamiento electoral no registrado.
Según la Corte, la solicitud de antejuicio “no tenía elementos de racionabilidad suficientes”. El MP ya había presentado el 28 de marzo un amparo en la CC contra la misma resolución.
En el amparo de este martes, la Cicig remarcó que no existe motivo para afirmar, como lo hizo la CSJ, que la demanda presentada por la Feci “tiene motivaciones espurias”, ni existen situación irracionales o maliciosamente inventadas sino exactamente los contrario.
“La denuncia que presentaron el MP y la Cicig relata hechos que se sustentan en evidencia legal, legítima, producto de actuación rigurosa, por profesionales y en respeto de la técnica y la ciencia”, dice el texto.
Estaba listo
En su resolución, la Cicig también reveló que el caso contra Torres estaba listo antes de que recibiera su inmunidad.
“El caso estuvo listo y presentado por la Cicig y la Feci a la Fiscalía General de la Nación para su visto bueno desde el 11 de octubre del 2018, mucho antes que la señora Sandra Julieta Torres Casanova adquiriera inmunidades”, dice el texto.
“La demora hasta después del 5 de febrero de 2019, cuando ocurrió su inscripción como candidata presidencial, no fue una triquiñuela política de la CICIG, como la Corte lo hace ver en su resolución; menos cuando esa tardanza, que no le puede ser atribuida, no jugó en su contra sino a su favor, procurándole un derecho de antejuicio que no tenía. El Ministerio Público define los
tiempos de presentación de sus casos”, explica la resolución de la Cicig.
El caso
El proceso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.
Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.
Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.
Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.
Sin embargo, la CSJ rechazó a finales de febrero, en forma dividida, la solicitud de el MP y la Cicig “por no tener elementos de racionalidad suficientes”.
“El antejuicio 59-2019, cuyo denunciante es el Ministerio Público (MP), a través de la Feci y la Cicig contra Sandra Julieta Torres Casanova, quien goza de la prerrogativa de antejuicio por ser candidata presidencial, por mayoría, se rechaza in-limine por no tener elementos de racionabilidad suficientes”, informó entonces Mario Siekavizza, portavoz del OJ.
