En el país funcionan diez cárceles que están a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) y en las cuales según denuncias de los propios detenidos y funcionarios, prevalecen condiciones inhumanas y de corrupción, a tal grado que se han denunciado ingresos no registrados para que los señalados puedan recobrar su libertad si pagan sobornos.

Al inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, el entonces ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, se comprometió a inhabilitar esas cárceles para que los reclusos que las ocupaban pasaran al control del Sistema Penitenciario. Sin embargo, meses después presentó su renuncia. Autoridades actuales del ministerio de Gobernación indicaron que el cierre de estás cárceles "no está considerado a corto y mediano plazo, aunque sí es parte del plan de los cuatro años de la nueva administración".

Actualmente en esas cárceles permanecen 954 privados de libertad, entre hombres y mujeres, de esa cantidad 23 cumplen condena y el resto se encuentra en prisión preventiva. Las cárceles "públicas" como también se les conoce están custodiadas por 164 agentes de la PNC.

Según un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (Conred), cuatro de esos centros evaluados no cuentan con las condiciones adecuadas de infraestructura y no se recomienda su remozamiento, por lo que fueron declarados inhabitables, aún así, se encuentran habitados por privados de libertad.

Algunas de estas cárceles funcionan en instalaciones contiguas a las prisiones que están a cargo del Sistema Penitenciario e incluso, ocupan los mismos edificios.

Uno de estos casos se evidencia en Quetzaltenango, donde la cárcel para mujeres a cargo de la institución policial funciona en el segundo nivel de una vivienda. En el primero permanecen los privados de libertad a cargo del Sistema Penitenciario.

Carencias

Según un informe del Colectivo Artesana, una organización no gubernamental que vela por los derechos de las reclusas, Las denuncias se centran en que ese tipo de cárceles, tanto para hombres y mujeres, carecen de áreas para la vista, algunas no cuentan con camas y los privados de libertad duermen en el suelo. Tampoco cuentan con sanitarios y duchas en buen estado, debido a que no se cuenta con suficiente agua y el servicio de energía eléctrica es inestable.

LECTURAS RELACIONADAS

El periodista guatemalteco Jose Rubén Zamora lleva 644 días preso sin juicio ni condena

Extorsiones prevalecen en el transporte y comercios

Sobornos

A pesar de que existen 105 libros de registro de ingresos y egresos desde los años 1,980, uno de los principales actos de corrupción que se denuncian es el ingreso no registrado de detenidos, para que puedan recobrar su libertad a cambio de sobornos, de lo contrario son llevados ante el juez.

Durante una reunión autoridades de la PNC, el diputado José Chic afirmó que en Huehuetenango recibió denuncias de personas que fueron detenidas y engrilletadas a un poste, mientras esperaban a ser llevados ante el juez.

“Si lo detienen el sábado deberá pasar engrilletado en el poste hasta el lunes, cuando sea escuchado por el juez”, afirmó.

“A veces no hay ingreso de forma oficial, no hay registro de su detención, le piden dinero y los sacan”, agregó.

Por lo general quienes son llevados a las cárceles de la PNC han incurrido en robos, accidentes de tránsito, escándalo en la vía pública, entre otros delitos menores o faltas.

Descoordinación

El director de la PNC, David Custodio Boteo, reconoce que la situación en las cárceles a cargo de la PNC son deficientes y son “focos” de corrupción.

Boteo coincidió en que no existe suficiente coordinación de parte de los jueces de paz, puesto que reciben información sobre las detenciones pero no resuelven los casos de inmediato.

“Si la captura es un sábado, le indican a los jefes policiales que los mantengan en la comisaría hasta el lunes, esto nos preocupa porque puede haber violación a los derechos humanos, algunos estan enfermos, tienen diabetes y necesitan medicamentos, duermen en el suelo”, afirmó.

A decir del jefe policial, no todo es responsabilidad de la PNC, si se considera que en el caso de las mujeres se les ha coordinado su traslado a cárceles formales, pero se rehúsan, con el argumento de que están más cerca de sus hogares para recibir visitas.

“Esto limita que las acciones sean inmediatas, en otros casos los jueces no quieren dar traslados a cárceles. Los jueces de paz deberían estar en fin de semana y resolver la situación legal del detenido”, señaló Boteo.

Descoordinación

La coordinadora de Ejecución Penal de Guatemala, adscrita al IDPP, Alma Martínez, afirma que han efectuado visitas en todas las cárceles a cargo de la PNC, y la de Huehuetenango donde permanecen cinco mujeres, no reune los requisitos para que funcione como centro de detención y las vigas que sostienen el inmueble están por colapsar, como lo determinó Conred.

A pesar de que entre 2021 y 2022 hubo reuniones con varias institucones involucradas y se acordó trasladar a todos los internos de esas cárceles a prisiones formales de presidios, Martínez dice desconocer la razón por la que esos traslados se supendieron desde 2023.

“El problema es que los jueces siguen enviando detenidos a las cárceles públicas, en marzo ordenaron el ingreso de cuatro personas a la cárcel de Totonicapán”, explicó.

Tanto Martínez como Boteo, coinciden en que la inhabilitación de las cárceles a cargo de la PNC y los traslados hacia esos centros, dependen de la decisión de los jueces y consideran que el tema debe ser solucionado por Cámara Penal del Organismo Judicial (OJ)

Por medio de la Oficina de Comunicación Social del OJ, se respondió que “cuando se identifique alguna anomalía o deficiencia en la prestación de los servicios judiciales, se solicita a la población presentar las denuncias ante las autoridades correspondientes. Cámara penal reitera su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos”.

Respecto a los traslados de los privados de libertad hacia las cárceles a cargo de la PNC, el OJ informó que se “abordará el tema a nivel interinstitucional con el fin de profundizar en las declaraciones realizadas por el director de la PNC”.