El macabro crimen ocurrió el 29 de octubre de 2018 en el sector Isla del Norte de la aldea San Miguel, Chisec, Alta Verapaz. El sujeto aseguró desde el momento de su captura, tres días después de una comunidad de Playa Grande, Ixcán, Quiché, que había cometido el crimen por un “arranque de celos”, porque “creía que Alejandra le era infiel”.
El pasado 29 de agosto el Tribunal condenó a 50 años de cárcel a Tut Ical por el brutal crimen de su pareja. El día del hecho violento, el sujeto usó un filoso machete con el cual le partió la cabeza por la mitad y además le cercenó las dos manos. Ante la mirada de familiares y vecinos, Alejandra se desangró y murió sin poder ser llevada a centro asistencial alguno. .
El hecho cobró más notoriedad porque algunas personas grabaron con celulares el hecho, incluida la agonía de la víctima, y publicaron el vídeo en las redes sociales que de inmediato se viralizó y fue discutido en muchos países del mundo.
Este 1 de septiembre el Tribunal, durante la audiencia de reparación digna, condenó en concepto de daño moral a Tut por la cantidad de Q50 mil para cada uno de los hijos de la victima, de la que podrán poner hasta que cada uno cumpla la mayoría de edad. Alejandra tiene tres hijos.
Además, la judicatura reconoció a Alejandra Ico Chub como victima del presente caso y a sus hijos como victimas colaterales. También le ordenaron al Estado brindarles terapias psicológicas en el centro de salud del municipio de Chisec, Alta Verapaz.
En el caso del Ministerio de Educación la decisión del Tribunal es que les otorguen una beca estudiantil a los hijos de la victima. También el Ministerio de Desarrollo deben acoger a los hijos de Alejandra en uno de los programas existentes.
El Ministerio de Gobernación por medio de la unidad de prevención comunitaria de la violencia deberá llevar a cabo campañas de sensibilización en la comunidad y se ordena la difusión de la parte resolutiva de la sentencia en el idioma materno de la localidad, qeqchi, por medio de tres radios de la comunidad.
De acuerdo con Paula Barrios, coordinadora general de la organización Mujeres Transformando el Mundo (MTM), que le dio acompañamiento a la familia de Alejandra en este caso indicó que este caso, por lo mediático que fue, sorteó una serie de situaciones legales que hicieron que se prolongara por más de cuatro años.
Según Barrios, en la reparación digna, el Tribunal de Sentencia de Cobán, tomó “varios elementos relacionados con las garantías de no repetición de estos hechos”.
“Impulsamos una reparación transformadora y de cómo el Estado debe asumir su responsabilidad para reparar el daño que se hizo. El hombre sentenciado tiene su responsabilidad y debe pagar, pero el Estado también porque ha ratificado convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres para erradicar la violencia”, explicó Barrios.
La coordinadora de MTM explicó que “quieren dignificar, pero también que se prevengan este tipo de hecho, que siguen ocurriendo en el país”.
Según Barrios el Tribunal va a oficiar para que todo el trabajo que realice Mario Tut, femicida de Alejandra, dentro del centro carcelario donde cumpla la condena, debe dirigirse los recursos para la indemnización de cada uno de los hijos. “Se debe depositar esos recursos en el Organismo Judicial y deben vigilar que se dé el cumplimiento de entregarlos”, aseveró.
Para la coordinadora de MTM la violencia contra las mujeres “ha sido continuo al no haber sanciones prontas, comunitarias, al no tener las mujeres a las instituciones cercanas a sus comunidades, y porque los gobiernos no previenen, sobre todo, en los idiomas mayas.
“No hay alcance hasta las comunidades para prevenir la violencia contra la mujeres. La Isla del Norte, en la aldea San Miguel, Chisec, a más de 400 kilómetros de la capital, carecen de instituciones. Se requería una sanción contra el femicida Mario Tut Ical como pareja, pero también conminar al Estado a ejercer sus funciones y evitar más asesinatos de esta naturaleza”, puntualizó Barrios.
