Por lo anterior, Morataya, con el acompañamiento de la organización Acción Ciudadana (AC), interpuso una denuncia penal en el Ministerio Público (MP) en contra del ministro de Salud, Francisco Coma, y de los directores de los hospitales nacionales de Villa Nueva, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Cuilapa, Totonicapán, Amatitlán, Roosevelt y San Juan de Dios, así como de los regionales de Quiché y de Occidente, en Quetzaltenango, donde las empresas han prestado el servicio.
También fueron denunciadas todas las personas que intervinieron en la contratación de las empresas y que firmaron la documentación que se requiere para el efecto.
Además, se denunció a los directivos de las empresas, quienes, según la parlamentaria, tienen vínculos familiares y comparten representación legal.
Morataya agregó que el hospital que más a pagado a las empresas es el San Juan de Dios (Q13 millones 445 mil), en donde el 17 de julio pasado hizo una fiscalización sobre el trabajo que desarrollan dichas compañías, las cuales, para ese entonces habían logrado adjudicaciones por casi Q30 millones; sin embargo, luego de su intervención esa cifra se redujo a Q27 millones.
“Estamos en el Ministerio Público para presentar esta denuncia, porque el Ministerio de Salud siempre se está quejando de que no tiene dinero suficiente (…) pero sí tuvieron casi Q30 millones para adjudicar en compras directas a esta empresa, que dicen que desinfectan y esterilizas áreas de Intensivo”, dijo Morataya.
“Hice una fiscalización en Hospital San Juan de Dios sobre el arrendamiento de máquinas de vapor a dos empresas (…) y resultó que han recibido adjudicaciones millonarias para desinfección y esterilización de área de Intensivo de distintos hospitales de la red pública del país. Quise ver cómo operaban esas máquinas y que contenía el vapor, porque son arrendamientos muy caros”, dijo Morataya, quien agregó que no puso hacer bien la fiscalización porque se presentaron seis personas de una de las dos empresas que se lo impidieron.
“No tienen registro sanitario, no tienen autorización del Ministerio de Salud para poder operar”, añadió la diputada, quien, según dijo, se ampara de informes del Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente.
La parlamentaria dijo que Salud debe priorizar los recursos e invertirlos en mejorar la atención, pues con frecuencia se canalizan por medio del Congreso de la República solicitudes para que se atienda a personas necesitadas que permanecen en las salas de espera en las afueras de los hospitales.
Por su parte, Edie Cux, director de Acción Ciudadana, dijo que en cuanto al caso que denuncia la parlamentaria “encontramos varias anomalías y quizá la más grande es el hecho de que estas empresas no cuentan con la licencia sanitaria”; además, comentó que en la escritura constitutiva y en la patente de comercio no se especifica que están facultadas para hacer ese tipo de desinfección.
“Hay anomalías muy graves que dan cuenta que los funcionarios que contrataron a esta empresa” incurrieron en ilegalidades. También detalló que las empresas fueron contratadas durante la pandemia de coronavirus de forma directa, lo que “llora sangre, porque esa anomalía se encuadra directamente en el delito de fraude en forma continuada, porque no solamente abrieron algunas licitaciones y después simularon que se cayó a la oferta y empezaron a contratar fraccionadamente para evadir los controles que se tenían”.
Cux refirió que también podría ser un caso de fraude en forma continuada con la agravante de aprovechamiento de calamidad.
Señaló que esperan que la denuncia avance en el MP, pues esta fue colocada con suficientes fundamentos, como informes de varias unidades del Ministerio de Salud, IGSS y Ministerio de Ambiente.
Se solicitó una postura al Ministerio de Salud respecto a los señalamientos de la diputada Morataya, pero aún no responden.
