La Corte Suprema de Justicia (CSJ) avaló este 10 de abril la solicitud del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y deberá nombrar a un juez pesquisidor que conozca el caso, cite a las partes y recomiende a los magistrados si se debe o no retirar la inmunidad parlamentaria.

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El 26 de septiembre de 2018, el MP y la Cicig señaló a Escribá de tener vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial) durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza y el Partido Patriota.

En aprietos

Además de este asunto legal, Escribá tiene problemas para reelegirse.

En 2015 se postuló por el extinto partido Líder por Jutiapa y ganó la curul.

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Pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se negó a que tomara posesión del cargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) se lo otorgó.

Pero ahora las cosas han cambiado.

El Registro de Ciudadanos lo inscribió recientemente, pero lo revocó, por ser tránsfuga y por enfrentar el señalamiento que ahora dio paso al proceso para un eventual retiro de inmunidad por ser contratista del Estado, quienes tienen impedimento para ejercer un cargo público.

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Con base en el artículo 205 Ter de la Ley Electoral, que castiga el transfuguismo, el Registro señala que Escribá no puede ser inscrito, ya que fue elegido por Líder, y ahora busca ser legislador por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

En vista de que tiene el señalamiento del MP y la Cicig, el TSE determinó que Escribá no cumple con lo estipulado en el artículo 113 de la Constitución, sobre el derecho a optar a empleos o cargos públicos mediante méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

Otro señalamiento es que Escribá omitió hablar del proceso de antejuicio en su contra en la declaración jurada adjuntada en la solicitud de inscripción.

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