Justicia

Diputados anuncian interpelación del ministro de Gobernación por la acción de la PNC durante las protestas

Varios casos de abuso policial fueron reportados y grabados por los manifestantes durante las protestas. Analistas en temas de seguridad pública consideran que hubo un exceso del uso de la fuerza policial para reprimirlos.

Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, en una citación al Congreso. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

Ministro de Gobernación, Gendri Reyes, en una citación al Congreso. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

A cinco días de que, Gendri Reyes, exviceministro de Seguridad que fue ascendido a ministro de Gobernación por el presidente Alejandro Giammattei, al menos 40 diputados que integran seis bancadas lo citaron junto al director de la Policía Nacional Civil, José Tzubán, para que explicaran por qué las fuerzas de seguridad arremetieron contra manifestantes y algunos periodistas que asistieron a la protesta del pasado 21 de noviembre en el Centro Histórico.

“Departe de dirección de Policía, en ningún momento se dio ninguna instrucción”, respondió Tzubán a las constantes preguntas que formularon los diputados para saber quién de las autoridades ordenó la represión contra los manifestantes. Mientras que, Reyes insistió que la instrucción era que actuaron bajo “la Ley”.

Aunque, por medio de vídeos y fotografías compartidas en redes sociales se observan como los manifestantes fueron oprimidos, cuando los agentes de Fuerzas Especiales de la PNC les dispararon bombas lacrimógenas al centro de la Plaza de la Constitución para dispersarlos cuando protestaban de forma pacífica.

Tzubán respondió a la diputada Evelyn Morataya, del partido BIEN que, en total distribuyeron 2 mil 068 policías en diversos puntos para paliar las manifestaciones convocadas por el presupuesto aprobado por el Congreso, con un techo de Q99.7 millardos y que implica un endeudamiento récord. Mientras que, en el Congreso destacaron 677 policías y un equipo de 40 policías antidisturbios adentro del Palacio Legislativo.

Pese a que estaba una cantidad importante de agentes adentro y afuera del Congreso, un grupo de personas identificadas como manifestantes irrumpieron en la sede e incendiaron mobiliario y algunas áreas.

No obstante, el diputado Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, cuestionó que llama la atención de que la Policía no se preparó dese una noche anterior para bloquearle el acceso a los manifestantes en las calles contiguas al Congreso para evitar cualquier situación violenta. “O hay una grave deficiencia en la planificación operativa, en preparación a las manifestaciones o hay un abandono de esa responsabilidad” señaló.

A lo cual, Tzubán respondió que no prepararon seguridad perimetral porque dieron cumplimiento a un amparo que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC), que ordenaba que se respetara el derecho a manifestar y tener las calles libres para que los ciudadanos efectuaran sus protestas.

Bombas lacrimógenas en la Plaza

Los congresistas presentaron vídeos en la citación para evidenciar que las fuerzas de seguridad pública lanzaron bombas lacrimógenas en medio de la Plaza de la Constitución, cuando cientos de personas expresaban su rechazo a varias decisiones gubernamentales con las que no están de acuerdo.

Por lo que el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Óscar Argueta, criticó la actuación de la PNC y señaló que es “es sumamente delicado y, además, tendrá consecuencias internacionales”, pero, agregó que “afortunadamente” el presidente Alejandro Giammattei convocó a la Carta Democrática de la OEA, “porque como le han construido escenarios conspirativos que existen fuerzas antidemocráticas que lo quieren derrocar”.

“Entonces, le hacen clic, clic y salen con gorilas como Gendri, el ministro, a reprimir a la gente. Gorila eso es lo que es usted”, le dijo Argueta a Reyes.

Reyes respondió que el nunca ordenó usar las fuerzas de seguridad pública para reprimir a los manifestantes y será el Ministerio Público el ente encargado de determinar cómo actuó la PNC.

Mientras que Tzubán contestó que están recopilando información para explicar qué sucedió, “en ningún momento se ha girado la instrucción de que se tiren bombas –lacrimógenas—a la Plaza de la Constitución”.

“Señor director, es una verdadera vergüenza y pena las respuestas que estamos recibiendo, porque imagínese lo que están sintiendo las víctimas de las bombas lacrimógenas que lanzaron a la Plaza. Había elementos adentro del Congreso, habían 600 elementos para cuidar el Congreso de la República, pero nadie puede contener el supuesto vandalismo con que incendiaron el Congreso”, criticó Morataya.

Los congresistas le recordaron a los funcionarios que se violó un amparo otorgado por la CC a favor de las protestas, el cual fue interpuesto por la PDH. Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos, sostuvo que se evidenció el uso excesivo de la fuerza policial, por lo que presentó un recurso de debida ejecutoria para la destitución de Reyes y de Tzubán por incumplir el fallo constitucional. La Unidad de Comunicación Estratégica del Tribunal Constitucional informó que, los magistrados aún no agendan fecha para conocer el tema.

Durante las protestas, la Policía detuvo a más de 30 personas sin que pudieran confirmar que participaron en las protestas violentas, pero los jueces que conocieron los casos les dictaron falta de mérito y criticaron la acusación presentada por el MP porque tenía demasiadas falencias. Además, dos personas perdieron su ojos izquierdo a causa del impacto de bombas de gases lacrimógenas que se supone fueron disparados por policías, ambos se recuperan en un hospital público.

“Queda evidenciado que el señor director de la Policía es un opresor, queda evidenciado que el señor ministro de Gobernación es un opresor, pero, antes que nada, que el señor presidente es un opresor de los derechos y las libertades del pueblo de Guatemala”, criticó la diputada Karina Paz.

Anuncian interpelación

Durante la citación, Carlos Barreda, diputado de la UNE, le dijo a Reyes que no era idóneo para el cargo, porque estuvo involucrado en un “incidente muy grave de carácter internacional”, tan serio fue, que Carlos Castresana, excomisionado de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pidió su destitución porque se “apropió” de más de Q650 mil de viáticos asignados a agentes de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

El congresista también mencionó que fue rescindido su contrato por el viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, debido a que tenía señalamientos de extorsionar prostíbulos. “En ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos”, afirmó Barreda.

Además, le advirtió que no le tienen miedo y saben bien la “calaña de persona que es”, por lo que los diputados en reiteradas ocasiones le pidieron su renuncia y así como también le anunciaron que pedirían su interpelación.

“Debe renunciar, debe retirarse del gobierno. Vamos a agarrar de bandera su destitución. (…) Si no le tuvimos miedo a los kaibiles, mucho menos a usted. (…) Usted es viejo conocido, hasta en el Norte lo conocen bien, usted es viejo conocido de las agencias de Estados Unidos, si el gobierno americano no está contento con su nombramiento”, afirmó Barreda.

Abuso policial

Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), señaló que las acciones de la PNC durante el sábado pasado fueron “aterradoras” y por medio de los vídeos y fotografías compartidas en redes sociales se evidencian el uso excesivo de la fuerza policial.

“Vemos que es urgente retomar el tema de la formación en la Policía. (…) Existen normativas internas de uso proporcional de la fuerza y también hay códigos del uso de la fuerza y de las armas, pero vimos, primero el abuso y luego la forma de tratar a las personas. Aunque hayan sido antimotines deben respetar las normas básicas de derechos humanos y de protección a las personas, no de agredirlas”, puntualizó.

Mientras que Carlos Mendoza, Coordinador del Observatorio de Violencia de Diálogos, explicó que existe evidencia suficiente como vídeos y fotografías que retratan el abuso por parte de la Policía Nacional Civil para reprimir a la población que estaba manifestando en la Plaza de la Constitución.

No obstante, indicó que no fue la misma situación con los manifestantes que estaban frente al Congreso que genera suspicacia y será el MP el encargado de determinar que sucedió.

Para el exministro de Gobernación, Carlos Menocal, las acciones de la DIFEP no respetaron los protocolos de actuación bajo los principios y normas de los derechos humanos y los policías capturaron al azar, sin previa investigación o análisis. “Solo llegaron y reprimieron. Eso es condenable, porque reprimieron una manifestación pacifica y que las personas se manifestaran y se expresaran. No respetaron los protocolos de actuación”, afirmó.

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