Dos acusados en el caso Odebrecht dicen que Alejandro Sinibaldi los usó como “peones”

El Tribunal de Mayor Riesgo A escuchó la última petición de Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado (abogado de Sinibaldi) y se espera que la próxima semana finalice el debate y los jueces se retiren a deliberar previo a la lectura de la sentencia.

El acusado Juan Ignacio Florido dijo que Alejandro Sinbaldi lo usó como un peón. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)
El acusado Juan Ignacio Florido dijo que Alejandro Sinbaldi lo usó como un peón. (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón)

Las conclusiones de la defensa de Antillón y de las réplicas (respuestas a señalamientos) fueron escuchadas en la sala de audiencias del piso 15 de la Torre de Tribunales.

Después fue el turno para que los tres acusados le expresaran su última petición a los jueces.

El primero fue Florido, quien utilizó el tiempo de su intervención para quejarse de la forma en que fue tratado por Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) y tiene orden de aprehensión.

“Soy un peón de Alejandro Sinibaldi. Estoy quebrado moral y financieramente. No sabía que Sinibaldi se iba a convertir en un delincuente”, declaró Florido.

Después, cuando la jueza Yassmín Barrios le preguntó por su petición concreta este dijo: “jamás aperturé alguna cuenta bancaria”.

“Alejandro Sinibaldi está gozando de la plata. Me siento como un peón”, recalcó.

De la misma manera fue el relato de Antillón. “Básicamente aquí estoy como rebote. Fui víctima de Alejandro Sinibaldi. Lo conozco y me utilizó. Me engañó. Usó mi firma para crear proyectos. Le creí y me dejé llevar. Soy un peón de Sinibaldi, me usó y me echó a la basura”, expresó.

 

Profesional

El abogado y acusado Molina Coronado afirmó en su última petición que no cometió el delito de blanqueo de capitales.

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“Soy inocente, mi trabajo fue estrictamente profesional. Este caso no tiene sustento. Se basa, en mi parte, a declaraciones de un colaborador -Juan Arturo Jeguerlehner, concuño de Sinibaldi- que obtuvo gran beneficio por mencionarme en ese caso”, refirió.

 

Sigue el lunes

Los jueces finalizaron la audiencia y explicaron que la reanudarán el próximo lunes, 22 de julio, a las 8:30 horas.

Se espera que el debate quede terminado y los jueces se retiren a deliberar. El fallo podría leerse por la tarde de ese día, aunque será a criterio de los jueces.

 

Las penas que solicitó el MP

El fiscal Hugo González presentó sus argumentos al tribunal esta semana para solicitar las penas en contra de los acusados.

El fiscal solicitó imponer las penas de seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y ocho años de cárcel por asociación ilícita para Molina Coronado y Antillón Klussmann. Además, multas de US$1.2 millones y US$346 mil, respectivamente.

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En el caso de Florido, el representante del MP pidió que fuera condenado a seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y se le imponga una multa de US$9 millones.

La conducta que les reprocha el órgano investigador a los acusados es haber sido representantes de entidades offshore que recibieron las transferencias. El fiscal recordó que Odebrecht hizo transferencias por US$18.4 millones y US$1.2 millones.

Del dinero, Sinibaldi usó US$2.5 millones para la compra de viviendas lujosas, explicó el fiscal González. Los inmuebles ya están inmovilizados por orden del Juzgado de Extinción de Dominio.

El fiscal también recordó la colaboración eficaz de Juan Arturo Jegerlehner, concuño de Sinibaldi, quien detalló las instrucciones de Sinibaldi para la creación de las entidades y los depósitos.

 

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Ya declaró el perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirmaron la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y Corrupción, que reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5% al 15% del monto de la obra. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

 

 

 

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