EE. UU. volvió a mostrar preocupación por lo que define como un “patrón continuo” de acciones en contra de jueces y fiscales anticorrupción de Guatemala, muchos de los cuales salieron del país al denunciar persecución judicial.

El sitio de noticias Infobae publicó este martes 8 de noviembre información de la agencia Reuters, que recoge declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, en las que señala la preocupación de Washington por las acciones legales encaminadas contra varios jueces y fiscales que conocieron casos de corrupción en Guatemala.

“El Departamento de Estado estadounidense dijo el lunes que Washington está preocupado por lo que describe como un patrón de acciones contra jueces y fiscales guatemaltecos que manejan casos de corrupción y derechos humanos”, señala la publicación de Infobae.

Agrega que Price dijo durante una sesión informativa que “Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos”.

EN ESTE MOMENTO

Credibilidad y autonomía son las claves principales para el nuevo fiscal general, afirman analistas

Violencia en zona 6: ataque armado en Cipresales deja dos muertos y dos mujeres heridas

Juez rechaza cambio de delito a sindicados por secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez

La publicación agrega que Price dijo que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos los jueces, fiscales y periodistas, busca la confianza en las instituciones judiciales.

25 salen del país

Al menos 25 operadores de Justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales que tuvieron a su cargo casos de corrupción, han salido del país, luego de que el Ministerio Público (MP) iniciara procesos penales en su contra.

El último caso fue el de Miguel Ángel Gálvez, el juez anticorrupción de Guatemala que procesó a un expresidente en 2015, y quien salió el viernes pasado del país en medio de una persecución penal en su contra.

Previo a su salida, Miguel Ángel Gálvez, presidente del juzgado de mayor riesgo “B”, se encontraba defendiéndose de un proceso de antejuicio en su contra.

LE RECOMENDAMOS

Catástrofes y medidas de excepción son el clima perfecto para la corrupción, advierten analistas

Coordinador Global Anticorrupción de Estados Unidos visitará Guatemala y se reunirá con funcionarios y sociedad civil

Ese viernes, el abogado Herberth Pérez, defensor del juez Gálvez, presentó las pruebas de descargo ante el juzgado que evaluaba si era pertinente retirarle su inmunidad por un caso de supuestas “detenciones ilegales”, denuncia interpuesta en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo.

Previo a la oficialización de su salida de Guatemala, Gálvez había denunciado ante medios internacionales y organizaciones sociales que existían “amenazas y persecución” en su contra para evitar que siguiera impartiendo Justicia.

La persecución penal contra el juez Gálvez inició a mediados de 2022, cuando este decidió enviar a juicio a 10 militares de alto rango retirados, y acusados del asesinato de 183 personas, durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996).

Gálvez, de 64 años, se convierte en el segundo juez de mayor riesgo de Guatemala que abandona el país durante el 2022.

LE RECOMENDAMOS

La Corte de Constitucionalidad revoca amparo que beneficiaba al exdiputado Ferdy Elías vinculado a un caso de corrupción

El Tribunal Octavo se excusa de conocer el juicio de la fiscal anticorrupción, Virginia Laparra, y estas son las razones de los jueces

En marzo de este año, la jueza Erika Aifán, quien tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos, decidió exiliarse en Estados Unidos.

En 2015, el juez Gálvez fue el encargado de enviar a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molia y a unos 20 exfuncionarios públicos más por un caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.

En octubre pasado, el juez Gálvez había presentado un memorial ante el Supremo de Guatemala, recordando que poseía medidas cautelares a su favor emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, varios exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) han sido capturados y otros optaron por salir del país, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa unidad de investigación.

LE RECOMENDAMOS

Giran nueva orden de captura contra la exfiscal Virginia Laparra por supuesta revelación de información confidencial

Sala Cuarta de Apelaciones rechaza apelación de la Feci y confirma falta de mérito a favor de Siomara Sosa y Leily Santizo

En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que estaba “profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora general (fiscal general) de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”.

En esa oportunidad, EE. UU. hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para “que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”.

Crítica reitrada

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.

La fiscal general Consuelo Porras, a quien Washington acusa de interferir en la investigación de actos de corrupción, tiene prohibido entrar en territorio estadounidense.

“Las continuas acciones para enjuiciar a los actuales y pasados actores de la justicia están debilitando a Guatemala”, advirtió Price.
“La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y periodistas, es vital para que los ciudadanos confíen en sus instituciones judiciales”, insistió.

La Policía de Guatemala detuvo hace unos meses a la directiva del diario opositor El Periódico, cuyo responsable José Rubén Zamora está acusado de lavado de dinero tras denunciar corrupción en el gobierno.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones de los derechos humanos, de la que también forman parte Cuba, Venezuela y Nicaragua. Giammattei rechaza las acusaciones.

Posturas

Referente a lo dicho por el Departamento de Estado, el MP dijo que “el mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”.

Por lo anterior refirió que “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del Departamento de Estado”.

Por su parte el Ejecutivo señaló que en un comunicado que “el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza enérgicamente las declaraciones manifestadas hoy por el portavoz de Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.

Además, refirió que “Guatemala, como un país soberano y respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia judicial rechaza cualquier injerencia en los procesos internos y reafirma su compromiso de velar para que prevalezca la separación de poderes, tal y como promulga la Constitución de la República”.

“Guatemala, como Estado libre, independiente y soberano recalca que de la Constitución Política de la República confiere exclusividad absoluta a los jueces respecto de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, lo cual hace honor al principio de separación de poderes e implica negativamente la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas”, dice el documento.

Concluye: “el Gobierno de Guatemala reafirma el compromiso de brindar a la población acceso a la justicia y recalca que todos los guatemaltecos son iguales ante la ley y nadie es superior a la misma”.

Envían carta

El pasado viernes, el congresista estadounidense Albio Sires lamentó la situación a la que se enfrenta el juez Gálvez y escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter; sin embargo, sus comentarios generaron reacciones de la embajada de Guatemala en EE. UU.

“Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez y obstruir justicia por las víctimas de la violencia patrocinado por el Estado”, escribió Sires.

Agrega que el “juez Gálvez ha sido comendado por múltiples organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, incluyendo el de los Estados Unidos, por su trabajo como defensor de la justicia y de la responsabilidad del gobierno”, dice otro mensaje del congresista.

Hoy, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez asistirá a una audencia preliminar para determiner si será despojado de su inmunidad judicial. Este esfuerzo es sólo uno de muchos en la campaña del gobierno para debilitar esfuerzos para luchar contra la corrupción en Guatemala.

— Albio Sires (@RepSires) November 4, 2022

Por lo anterior, la embajada de Guatemala en EE. UU. envió una carta al congresista en la que rechazan sus publicaciones.

“Quiero referirme a su tuit del viernes 4 de noviembre sobre la situación del juez Miguel Ángel Gálvez. Rechazamos firmemente la declaración expresada en tal tuit de que el Gobierno guatemalteco está tratando de silenciar al juez y obstruir la justicia. Esta afirmación no tiene ningún fundamento. Supongo que dicha declaración es probablemente el resultado de información inexacta compartida con usted o con su oficial”, dice el documento enviado.

Agrega que “en Guatemala hay una separación de poderes y, en base a esto, el Poder Ejecutivo respeta la independencia judicial y el estado de derecho. Los procedimientos judiciales corresponden exclusivamente al Poder Judicial y el enjuiciamiento penal a la Fiscalía, que también es una entidad independiente, y que por ley está obligada a investigar todas las quejas que se le presenten”.

Con información de EFE