EE. UU., UE y ONU condenan persecución penal contra fiscales anticorrupción y señalan patrón de “intimidación y venganza”

El Departamento de Estado de EE. UU., la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas señalan que las denuncias y capturas en contra de fiscales anticorrupción y jueces independientes en Guatemala obedecen a un patrón de intimidación y venganza proveniente del MP y la CSJ.

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Leysi Indira Santizo Rodas, exmandataria de la Cicig, fue capturada el 10 de febrero en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)
Leysi Indira Santizo Rodas, exmandataria de la Cicig, fue capturada el 10 de febrero en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Las denuncias, capturas y pérdidas de inmunidad de abogados, fiscales y jueces que han cooperado en la lucha contra la corrupción en Guatemala genera preocupación a la comunidad internacional, que señala que esas acciones emprendidas por la fiscal general Consuelo Porras y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obedecen a un patrón de intimidación y venganza que socava el estado de derecho.

El pasado 9 de febrero, la CSJ a solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) le retiró la inmunidad al juez de Mayor Riesgo D Pablo Xitumul de Paz, quien condenó a 15 años de prisión a la expresidenta Roxana Baldetti por un caso de corrupción y a 80 años de cárcel al expresidente José Efraín Ríos Montt por delitos de lesa humanidad, entre otros.

Además, las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron el jueves 10 de febrero a la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un caso que se encuentra “bajo reserva”.

Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas, quien en declaraciones a periodistas a su arribó a la Torre de Tribunales, explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba en su residencia.

“No he cometido ningún delito”, aseguró la exmandataria de la Cicig, un organismo de las Naciones Unidas que colaboraba con Guatemala en el combate a la corrupción y la impunidad hasta que fue expulsada en 2019 por decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales, al señalarla de “inferencia en asuntos internos”.

Además de la exmandataria de la Cicig también ha sido capturada la abogada guatemalteca Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien añadió que considera que su captura es en represalia por su labor al frente de la Cicig, un ente que entre 2014 y 2019, de la mano del Ministerio Público, emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala en la que imputaron a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial.

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Por lo anterior, este viernes 11 de febrero, Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que esas acciones son preocupantes porque socavan el estado de derecho y dejó claro que estas obedecen a un patrón de intimidación y venganza contra quienes luchan contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Nichols refirió que “las acciones del 10 de febrero de la fiscal general de Guatemala contra los fiscales anticorrupción actuales y anteriores continúan un patrón de intimidación y venganza contra los individuos responsables de luchar contra la impunidad. Estas acciones preocupantes socavan el estado de derecho”.

El mensaje de Nichols fue replicado por Todd Robinson, exembajador de EE. UU. en Guatemala y subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, y escribió en su cuenta de Twitter que su país sancionó a Consuelo Porras por situaciones similares a esta.

“La FG (fiscal general) fue sancionado precisamente por acciones cómo estás”, escribió en su cuenta de Twitter en referencia a lo dicho por Nichols.

Además, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este viernes su “preocupación” por la detención de “al menos dos personas” que colaboraron con la Cicig.

El secretario general recordó hoy que todo proceso judicial debe “cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso, y que es deber de todas las instituciones nacionales respetar y observar la independencia del poder judicial”.

Añadió que la Cicig, que operó en Guatemala durante 12 años, hasta 2019, lo hizo según un mandato establecido entre el Gobierno y la ONU.

Las detenciones del jueves generaron ya ayer críticas en varios sectores de la población guatemalteca, en especial contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos acusada de “obstruir” casos de alto impacto.

En tanto, la Unión Europea (UE) “expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro del estado de derecho en Guatemala, en el que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscal General han iniciado acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial”.

En un comunicado señala que “también notamos que estas acciones fueron precedidas por una larga campaña en redes sociales que incluye intimidación y amenazas, especialmente en contra de personas que conformaron el equipo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y de la Comisión International contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”.

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“Hacemos un llamado a las autoridades a que garanticen la seguridad de las personas en detención y a que salvaguarden su derecho al debido proceso. La Unión Europea va a monitorear de cerca la situación y continuará trabajando con sus socios internacionales para hacer valer el respeto al estado de derecho, la democracia y los derechos humanos en Guatemala”, concluye el documento.

Postura del MP

De acuerdo con el MP, no se criminaliza ninguno de los procesos y ellos están obligados a investigar todos los hechos que sean denunciados.

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“Al Ministerio Público conforme a su mandato constitucional le corresponde la investigación y persecución penal, la cual desarrolla siempre de forma objetiva, imparcial y técnica. El deber ser de esta institución es velar porque se cumplan las leyes del país, sin distinción alguna, tiene la obligación de investigar toda denuncia presentada sin que esto signifique criminalización, es el cumplimiento al mandato constitucional como en cualquier país democrático del mundo”, refirió el MP.