Justicia

Ejecutivas aceptan haber lavado dinero para el exministro Érick Archila y reciben condenas conmutables

Cuatro mujeres que trabajaron para empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, aceptaron ante una jueza que lavaron dinero del exfuncionario prófugo.

Las exejecutivas de empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, se sometieron a la figura de aceptación de cargos. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

Las exejecutivas de empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, se sometieron a la figura de aceptación de cargos. (Foto Prensa Libre: María José Bonilla)

Cuatro exejecutivas de empresas ligadas al exministro de Energía y Minas, Érick Archila, optaron este jueves 26 de enero a la figura de aceptación de cargos durante una audiencia por el caso Mecanismo de Corrupción MEM, y admitieron ante una jueza que lavaron dinero del exfuncionario, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Las cuatro mujeres condenadas fueron ejecutivas en empresas relacionadas con el exministro de Energía y Minas, Érick Archila, y este jueves se sometieron a la figura de aceptación de cargos en el Juzgado de Mayor Riesgo “E”.

El conglomerado de empresas que representaban las acusadas sirvió, según logró probar la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), para lavar Q75 millones y US$477 mil -unos Q3.6 millones- que obtuvo el exministro Archila.

Las acusadas este jueves 26 de enero aceptaron los cargos y la jueza de Mayor Riesgo “E”, Eva Recinos, las condenó con penas conmutables, beneficio que determina la figura de aceptación de cargos.

Joyce Patricia García Méndez fue ejecutiva en las compañías Conyers Business Publicitas, Torema, Canal Antigua y Anuncios Televisivos.

Ella fue condenada por asociación ilícita a tres años de prisión y por lavado de dinero a dos años de cárcel, en ambos delitos se dictó conmuta a razón de Q5 diarios, asimismo se le perdonó el pago de una multa.

A Olga Lidia López Hernández en la investigación se le relacionó con Conyers Business, Publicitas y Torema. Fue condenada por lavado de dinero por complicidad a ocho meses de cárcel, y por asociación ilícita a tres años de prisión, en ambos delitos conmutables a Q5 diarios.

Silvia Leticia López Hernández fue empleada del exministro en las empresas Canal Antigua, Anuncios Televisivos, y Representaciones Televisivas. La jueza la condenó a dos años de prisión por lavado de dinero por complicidad y asociación ilícita con tres años de cárcel, se le otorgó conmuta de Q5 diarios en ambos delitos.

A Karina Elicira Pérez Gamboa en la investigación de la Feci se le vinculó con Conyers Business y Publicitas. La condena que recibió por aceptar la culpa fue de tres años de cárcel por asociación ilícita y por lavado de dinero en complicidad se dictó dos años de cárcel, ambos delitos conmutables a razón de Q5 diarios, también se le perdonó el pago de una multa.

El mecanismo

La investigación de la Feci señala que identificó a “Erick Estuardo Archila Dehesa, exministro de Energía y Minas, como el integrante de esta organización que operó entre el 2012 y agosto de 2016, en donde se recibió sobornos por Q75.7 millones más US$477 mil”.

El caso se ha denominado Mecanismo de Corrupción MEM y se determinó en las pesquisas que, el destino de los sobornos se usó para blanquear los recursos a través de la adquisición de diversos bienes inmuebles adquiridos por una red de personas y entidades bajo su dominio.

Entre estos se encuentra una Villa en Roatán, Honduras; varias oficinas ubicadas en la ciudad capital y una residencia en Los Eucaliptos, departamento de Guatemala.

También se determinó que se compró relojes, brazaletes y joyas que fueron adquiridos a través de Conyers Bussiness S. A.

Admiten cargos

En marzo de 2022 cuatro empresarios aceptaron haber entregado sobornos al exministro Archila y fueron condenados por cohecho activo.

Las penas para los empresarios Pablo Escobar Bayter, Manuel José Giacometto Gómez, Luis Armando Córdoba Rodríguez y Juan Carlos Ortiz Mutis fue de cinco años de prisión conmutables, pena de multa de Q200 mil y como pena accesoria la prohibición de celebrar contratos con el Estado de Guatemala durante un periodo de cinco años.