Una fuente judicial informó algunos detalles acerca de la resolución que benefició al empresario, procesado por cohecho activo, asociación ilícita y financiamiento electoral ilícito.

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Gálvez avaló un informe médico y uno psiquiátrico para otorgar al empresario el arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, sin vigilancia y sin el pago de fianza.

La audiencia duró más de cinco horas.

Solo se supo que comparecieron un médico y un psiquiatra, quienes expusieron los quebrantos de salud del procesado.

Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), y el representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se opusieron a la medida.

Señalamiento

El 12 de octubre del 2016 Guerra Villeda compareció a la judicatura después de tener una orden de captura vigente. Ahora que espera una audiencia de etapa intermedia junto con otras 50 personas.

La Feci y la Cicig señalan a Guerra Villeda, dueño de la Constructora del Atlántico, que recibió Q300 millones en contratos con el Estado de 2014 a 2015, que haber aportado Q18.8 millones, a través de empresas de cartón, a Roxana Baldetti y Otto Pérez.

El caso surgió con lo incautado el 16 de abril del 2015 cuando fue desbaratada la supuesta estructura criminal de defraudación aduanera denominada La Línea.

Según la investigación, la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, contenía un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros.

Los beneficiarios fueron el expresidente Otto Pérez y la que fue su vicepresidenta Baldetti, quienes a través de estas empresas de cartón, recibieron beneficios de todo tipo: desde el pago de servicios públicos, arrendamientos, gastos de tarjetas de crédito, compra de pasajes, ropa, joyas, enseres, electrodomésticos, muebles para residencias y oficinas, hasta la compra de aviones, helicópteros, vehículos, motocicletas, lanchas, terrenos, casas, fincas, bodegas, oficinas y villas, así como los gastos de remodelación, decoración y mantenimientos.

La supuesta estructura determinó el Incentivo Monetario Comercial (ICM), es decir, los sobornos que recibieron, según las pesquisas, llegó a Q500 millones.

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