El pasado 16 de mayo el presidente Alejandro Giammattei confirmó a María Consuelo Porras Argueta para un nuevo mandato como fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), pese a la oposición de varios sectores debido a que ella está incluida en la lista Engel, de actores corruptos que publica el gobierno de Los Estados Unidos.
Horas después de que Giammattei anunciara su decisión y juramentara a Porras para dirigir el MP en el período 2022-2026, distintos sectores manifestaron su descontento con la designación.
La junta directiva del Consejo de alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán, emitió un comunicado en el que rechaza totalmente la designación de Porras para otro período frente al MP.
Recuerdan que, en su momento, hubo un rechazo total a la candidatura de Porras la cual fue planteada la Comisión de Postulación y al presidente Alejandro Giammattei, quien recibió un listado final de 6 nombres de posibles candidatos al cetro.
“Si bien es cierto que el artículo 251 de la Constitución -Política de la República- establece que el presidente de la Republica es quien nombrará al fiscal General, también es cierto que la persona designada debe llenar el requisito de honorabilidad que establece el artículo 207 de la misma Constitución, ya que el fiscal general debe tener las mismas calidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia” se lee en el documento.
Añade que Giammattei no solo debió basar su decisión en puntajes que otorgan grados académicos, sino que debió hacer hincapié a lo que establecen los artículos 140 y 141 de la Constitución que refiere que “nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo y que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega, al presidente de la Republica”.
“Se le olvida que debe oír al pueblo, quien depositó su confianza en su persona para guiar los destinos de nuestro país, el mismo pueblo a quien debe servir y no servirse de él, le demandó no reelegir a la fiscal general ya que el pueblo de Guatemala perdió la confianza en ella por las malas decisiones tomadas durante su gestión” de lee en el documento.
“Señor presidente, sus decisiones deben estar basadas en todo el contexto, no solo las facultades que le favorecen, como la designación de hoy, hace caso omiso al clamor popular, quien le demando escuchar y no escudarse por facultades que la constitución le otorga a su conveniencia, si es respetuoso con la constitución debe respetar lo establecido que en el pueblo de Guatemala radica la soberanía, y sus demandas no deben obviarse” añade el documento.
Piden que revierta nombramiento
Los 48 cantones también instaron al presidente Giamamttei a que revoque la decisión de nombrar a Porras en el cargo y deje sin efecto el Acuerdo Gubernativo 25-2022.
Agregan que Porras debe ser destituida de su cargo y se debe elegir a otra persona idónea.
El Consejo Nacional Empresarial (CNE), también publicó un comunicado en el que dice que la reelección de Porras en el MP, no es buena noticia para el clima de inversión de este país, ni para la necesaria estabilidad y el estado de Derecho.
“Después de un proceso tenso, lleno de presiones y donde una resolución de la Corte de Constitucionalidad prácticamente forzó a varios comisionados a incluirla en la lista de seis, el presidente podía haber buscado una opción más razonable, pero se negó. Insistir en un perfil que ha sido sancionado por nuestro mayor, con mucha diferencia, socio comercial y financiero, solo nos puede llevar al aislamiento”, se lee.
El comunicado señala que “la economía guatemalteca no puede permitirse ser un país paria y esta clase de decisiones nos llevan hacia ese nefasto camino, con consecuencias a largo plazo que pueden ser devastadoras para nuestro pequeño y dependiente mercado”, concluye el documento.
APG
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el que rechaza y condena la reelección de Consuelo Porras como nueva fiscal general.
“Esta decisión provocará mayores restricciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos humanos y criminalización de periodistas”, dijo la agrupación.
“Durante sus primeros cuatro años de gestión, Porras Argueta desprestigió su alta investidura y se convirtió en una servidora del presidente, políticos, empresarios y otros actores interesados en generar impunidad, lo que ocasionó una cacería de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y activistas.”
La APG señala que la fiscal general, lejos de respetar el sistema de justicia, la normativa interna y los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, manipuló las leyes para criminalizar a los críticos del presidente, iniciar o reabrir procesos espurios en contra de periodistas, realizar allanamientos injustificados en viviendas de comunicadores e intentar, en reiteradas ocasiones, violar el secreto de las fuentes periodísticas.
“Porras Argueta también es responsable de restringir el acceso a información pública y de interés general sobre procesos judiciales, al solicitar que estos fueran declarados bajo reserva para que la prensa no pudiera acceder a pormenores de los casos, mientras en secreto la institución a su cargo compartía información sobre estos procesos con cuentas falsas de netcenters en redes sociales, responsables de atacar a periodistas y defender con vehemencia a Giammattei otros funcionarios estatales”, dice el comunicado.
Durante sus primeros cuatro años de gestión, Porras Argueta desprestigió su alta investidura y se convirtió en una servidora del presidente, políticos, empresarios y otros actores interesados en generar impunidad, lo que ocasionó una cacería de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y activistas.
La Fiscal General, lejos de respetar el sistema de justicia, la normativa interna y los acuerdos internacionales suscritos por Guatemala, manipuló las leyes para criminalizar a los críticos del presidente, iniciar o reabrir procesos espurios en contra de periodistas, realizar allanamientos injustificados en viviendas de comunicadores e intentar, en reiteradas ocasiones, violar el secreto de las fuentes periodísticas.
Porras Argueta también es responsable de restringir el acceso a información pública y de interés general sobre procesos judiciales, al solicitar que estos fueran declarados bajo reserva para que la prensa no pudiera acceder a pormenores de los casos, mientras en secreto la institución a su cargo compartía información sobre estos procesos con cuentas” dice el comunicado.
Destaca que cuentas falsas de netcenters en redes sociales, responsables de atacar a periodistas y defender con vehemencia a Giammattei otros funcionarios estatales.
Alianza por Reformas
La Alianza por Reformas, publicó en sus cuentas oficiales el siguiente mensajes. “Alejandro Giammattei tomó el camino equivocado. Su necesidad de impunidad por los delitos que ha cometido es más grande que Guatemala, que la democracia y que el Estado de Derecho independiente, imparcial y justo que necesita cualquier país para salir adelante”, se lee en twitter.
En otro mensaje afirmó que Giammattei y Porras tienen un vínculo que los une, y refirió que es la impunidad.
“Rechazamos el nombramiento de Consuelo Porras para un nuevo período al frente del Ministerio Público, pues ha demostrado su abierto favoritismo y sesgo en favor de personas y sectores señaladas por actos de corrupción”, dice otro mensaje.
Señala que entre las personas beneficiadas por su falta de acción penal por delitos de corrupción, se encuentra el que la nombró en el cargo, Alejandro Giammattei, señalado por varios actos de corrupción, que con el fin de que no fueran investigados, provocaron que Porras destituyera a Juan Francisco Sandoval de la FECI.
As a result of a compromised Attorney General selection process in #Guatemala, Consuelo Porras was re-elected by President @DrGiammattei. This will have serious consequences for Guatemala's democracy and the fight against corruption.
— Ana María (@AniMendezD) May 16, 2022
A nivel internacional
A nivel internacional varios funcionarios de Estados Unidos expresaron su rechazo a elección de Porras.
“EE. UU y la Unión Europea deben condenar esta decisión al unísono. Esta medida a favor de la impunidad obliga a la comunidad internacional a reforzar su escrutinio sobre Guatemala. Urge imponer sanciones contra quienes pretenden destruir el Estado de derecho, incluidos empresarios”, colocó en un tuit Juan Papier, investigador sénior, División de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Mirte Postema, también integrante de HRW, comentó en sus redes sociales que Porras fue sancionada por EE. UU. por obstruir las investigaciones de corrupción y despedir a los fiscales anticorrupción, que va acompañado de una nota de The New Yorker, que habla del exilio de varios exfiscales y jueces por la persecución penal que tenían en Guatemala.
EEUU y Unión Europea deben condenar esta decisión al unísono.
Esta medida a favor de la impunidad obliga a la comunidad internacional a reforzar su escrutinio sobre Guatemala.
Urge imponer sanciones contra quienes pretenden destruir el Estado de derecho, incluidos empresarios. https://t.co/z9jhoQdYJb
— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) May 16, 2022
Golpe letal
Carolina Jiménez, presidente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), escribió en Twitter que el presidente Giammattei había dado un “golpe letal” aun débil estado de derecho, al nombrar a Porras para otro período.
La directora de Wola en Centro América, Ana María Méndez publicó en su Twitter que “como resultado de un proceso de selección de Fiscal General comprometido en #Guatemala , Consuelo Porras fue reelegida por el presidente Giammattei, y eso tendrá graves consecuencias para la democracia”, dice el mensaje.
También escribió que urge el apoyo de la comunidad internacional pues “nuestros valores democráticos se han visto amenazados”.
