Guatemala

Estructura de exfuncionarios que lideró Byron Lima enfrenta juicio

Este martes comenzó el juicio en contra de siete sindicados en el Caso Botellas, proceso que busca probar una red de corrupción en el Sistema Penitenciario. Destaca entre los señalados el exdirector del sistema carcelario Édgar Camargo.

Capitán Byron Lima Oliva fue asesinado en Pavón el 16 de julio de 2016. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Capitán Byron Lima Oliva fue asesinado en Pavón el 16 de julio de 2016. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pasado 18 de julio de 2016 fue asesinado Byron Lima Oliva, supuestamente, durante un enfrentamiento por el control de la cárcel Pavón, no obstante, los procesos penales en los que presuntamente estaba involucrado el reo continuaron y este martes el Tribunal  de Mayor Riesgo A, presidido por Jazmín Barrios, escuchó la declaración de los sindicados en el caso de corrupción.


Édgar Josué Camargo Liere, exdirector del Sistema Penitenciario, y Edy Fisher Arbizú, exsubdirector del Sistema Penitenciario, junto con otros cinco particulares, son acusados de conformar una estructura dedicada a otorgar beneficios a privados de libertad a cambio de dinero, automóviles o propiedades.

Según la investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Lima Oliva realizaba cobros ilegales en las cárceles para permitir que los reclusos ingresaran objetos ilícitos, como bebidas alcohólicas o electrodomésticos.

Además, Camargo Liere, en complicidad con Lima Oliva, coordinaba el traslado de reos a diferentes centros cancelarios si se pagaba una determinada suma de dinero. El exfuncionario habría favorecido a cuatro personas.

Edgar Josué Camargo Liere, fue Director del Sistema Penitenciario. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

La investigación concluyó que se conformaron poderes paralelos que utilizan como intermediarios o gestores a las propias autoridades del Sistema Penitenciario. 

Los operativos para desarticular la red fueron realizados en septiembre de 2014. En total 11 personas enfrentan la justicia entre funcionarios públicos, reclusos y particulares. Se les persigue por los delitos de cohecho pasivo, cohecho activo, asociación ilícito y lavado de dinero.

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