Según las pesquisas cuando Pinzó fue jefe de recursos humanos de la SAT, habría colaborado con el grupo organizado para facilitar favores económicos a empresas.
Es acusado por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
La negociación
Una investigación evidenció que la empresa Zeta Gas acudió a la estructura integrada por particulares y trabajadores estatales, para obtener una autorización de la SAT.
La empresa pretendía obtener un depósito aduanero en el Puerto Quetzal. La gestión fue facilitada por César Augusto Medina Farfán, quien eliminó los obstáculos para que dicha entidad obtuviera el depósito de tránsito de gas.
Para dicho depósito estaba fijada una póliza de US$5 millones, (unos Q39 millones). A través de las conversaciones entre empleados de la empresa con el presunto cabecilla de la red de tráfico de influencias y el ex jefe de la SAT Carlos Muñoz, nombrado por Otto Pérez Molina, se logró reducir a Q5 millones, equivalente a US$650 mil.
El Ministerio Público constató la información mediante escuchas telefónicas. Además precisaron que Muñoz obtendría un beneficio económico producto de estas gestiones y que Medina Farfán, lo habría ido a recoger a la empresa.
De las comunicaciones telefónicas también se desprende que al dinero lo denominaron “diplomas” y a los beneficiarios “graduandos”. La distribución del efectivo fue en el apartamento de Muñoz, según los investigadores.
