En el Tribunal Décimo de Sentencia Penal comenzó el juicio contra cinco extrabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), en un caso en el que también está vinculado el exministro de Energía y Minas, Érick Estuardo Archila Dehesa, informaron este miércoles 13 de marzo fuentes judiciales.

Ante el Tribunal acudieron Claudia María Rocasermeño Montenegro, quien fue parte de la Junta de Licitaciones del Inde; Alfonso Efraín Pérez Bassir, exjefe del Departamento de Optimización de Despacho de Carga del INDE; Jorge David Figueroa García, exgerente de Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica; Edwin Ramon Rodas Solares, exviceministro de Energía y Minas; y Nancy Siboney Rivera Gularte, a quienes el Ministerio Público (MP) los acusa de fraude.

De acuerdo con la investigación, los sindicados habrían cometido acciones para que una licitación a corto plazo de 2 años se convirtiera en una de 17 a favor de la empresa La Libertad, S.A.

Las pesquisas también habrían revelado que el entonces ministro de Energía y Minas Érick Estuardo Archila intervino para que esa compañía fuera beneficiada.

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La Fiscalía Especial Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) es la encargada de llevar el caso contra los sindicados, a quienes se les acusa de adjudicación millonaria irregular.

Ante el tribunal luego de la apertura de juicio y escuchar la argumentación por parte del MP, uno de los sindicados decidió declarar.

“Aquí no voy a hablar de suposiciones”, inició Alfonso Efraín Pérez, “Hay disposiciones que define la máxima autoridad del INDE que es el Consejo Directivo… En febrero de 2014, dicha autoridad, la del Consejo Directivo la que aprueba a través del acta 07-2014, el inicio del proceso de contratación de un PPA con energía térmica de hasta 20 megavatios. En junio de 2014 mi superior, el ingeniero Juan Carlos Dávila, me da la instrucción de que yo elabore un informe de requisición de necesidades… pero me da la indicación de que ya no serán 20 sino 15 megavatios y para un periodo de dos años”, recordó el sindicado.

Como parte de su declaración, el sindicado argumentó que el informe consta de tres páginas y en ella se hace mención a la resolución de febrero de 2014 y alegó que ese el motivo por el cual el MP lo vincula en el caso.

Al beneficiar a la empresa La Libertad, S.A. se habría defraudado al Estado de Guatemala por más de Q800 millones por un contrato de suministro de energía eléctrica.

En su oportunidad, Archila, prófugo de la justicia, indicó que las acciones y el caso de investigación obedecía a una persecución política.

De los cinco sindicados en el inicio del debate, dos se abstuvieron de declarar ante el Tribunal y podrán solicitar hacerlo en algún momento dentro del desarrollo del juicio.