“Estamos presentando formal acusación por los delitos de asociación ilícita, financiamiento electoral no registrado y perjurio”, informó Andrei González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP).

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Los procesados son Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Víctor de Jesús Duarte Mendoza, quienes fueron detenidos el 6 de febrero pasado.

El avance de la investigación determinó que el monto estimado de los aportes que recibió la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en 2015 aumentó de Q19.6 millones a Q27.7 millones.

“En este caso el Ministerio Público, al presentar la acusación, está confirmando que en efecto existió un monto relacionado a financiamiento electoral no registrado, financiamiento que procede de una actividad ilícita y que fue utilizado durante la campaña de 2015 por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza”, se refirió González.

La investigación señala a Sandra Julieta Torres Cassanova, quien fue candidata presidencial por la referida agrupación política ese año y que competirá por la segunda vuelta el próximo domingo contra Alejandro Giammattei, del partido Vamos.

Andrei recalcó que al comprobar diversos documentos y transacciones bancarias se estableció que el aporte que recibió la agrupación UNE fue mayor a lo señalada en Q8.1 millones.

“Esto es a raíz de la investigación que surge derivado de hechos a financiamiento no declarado por parte de la agrupación política UNE”, agregó el fiscal González.

Medios de convicción

La Feci entregó cuatro cajas con cientos de documentos que sustentan la investigación. Al respecto González explicó que son 343 medios de convicción.

Se destacan 55 declaraciones testimoniales en donde “Alejos y Mario Leal -candidato a la vicepresidencia en 2015 por UNE y está ubicado en Estados Unidos debido a que tiene orden de aprehensión- llamaron a las personas para que aportaran dinero a la campaña”, indicó González.

También se incluyen 41 medios de convicción materiales -se destacan las escuchas telefónicas del caso- y 247 medios documentales.

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El caso

La investigación se derivó de otro caso, conocido como Traficantes de influencias, en el que se investigan gestiones al margen de la ley para que empresas recibieran el crédito fiscal.

Dos empresas, Ingeniería Integral y Grupo Empresarial San Felipe, canalizaron Q19.6 millones al partido, fondos que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral en 2015, señala la investigación. La segunda empresa mencionada está vinculada con la familia Leal, se indicó. Sin embargo, de forma reciente se estableció que el monto aumentó en Q8.1 millones.

Según el fiscal Juan Francisco Sandoval, quien dirige la Feci, el techo de gasto establecido por el órgano electoral fue de Q60 millones y el partido UNE solo reportó Q48 millones como gasto de campaña en 2015, y se pudo determinar que Q19.6 millones no fueron reportados.

Solicitará la cancelación del partido

El fiscal González anunció que, después de la segunda vuelta electoral, pedirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cancele al partido UNE.

“La ley electoral y de partidos políticos es clara al establecer que cuando una de las agrupaciones políticas no respete la normativa relacionada al financiamiento, el Tribunal Supremo Electoral procederá la cancelación de dicha agrupación”, explicó el fiscal.

A decir de González, si el TSE no procede de oficio, el MP será quien pedirá la cancelación del partido que lleva a Sandra Torres como candidata presidencial.

Representantes del @MPguatemala plantean acusación contra Gustavo Adolfo Alejos Cambara, Juan Pablo García Castro, Guillermo Alejandro Sierra Sierra y Victor de Jesús Duarte Mendoza, detenidos en febrero pasado por el caso Financiamiento electoral no registrado en la @partidoune pic.twitter.com/3biboEBLun

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

Con inmunidad

La investigación abarca a otras siete personas, contra quienes el tratamiento es diferente por gozar de derecho de antejuicio.

Torres, candidata presidencial; los diputados Karina Paz, Jairo Flores, Julio César Ixcamey y Jorge Vargas Morales, así como dos alcaldes Pedro Raymundo Cobo, de Nebaj, y Ángel Guarcas, de Chiché, Quiché.

A estas siete personas se les atribuye por igual el delito de financiamiento electoral no registrado, pero a algunas se le agregan otros. Torres, Flores e Ixcamey tienen además sospechas en su contra por el delito de asociación ilícita.

La Corte rechazó antejuicio

La Corte Suprema de Justicia, dividida, rechazó el antejuicio contra Torres y el caso fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que los magistrados conozcan de nuevo el caso, aunque aún mantienen en suspenso las notificaciones.

Diputado Blanco

En 2017, el MP y la Cicig plantearon un caso contra la UNE relacionado con financiamiento electoral ilícito -delito al que se le agregaron en 2018 las figuras de financiamiento electoral anónimo y no registrado- durante la campaña de 2015 y por el cual el diputado Orlando Blanco fue despojado de su inmunidad, aunque el juez Mynor Moto le decretó falta de mérito.

El partido usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -por Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -por Q1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio como hizo ver ese partido político en concepto de donaciones.

De hecho, Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos, y la UNE reportó las contribuciones, según el expediente.

En cambio, la SAT determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas, sino que recayó en el rubro de aportes anónimos.

Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros.

El fiscal Andrei González anuncia que después del evento electoral planteará ante el @TSEGuatemala que la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) sea cancelada ante los indicios de financiamiento electoral no registrado en 2015.#DecisiónLibre2019 pic.twitter.com/7JSz2GXhCs

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) August 9, 2019

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