“Existió el artificio para beneficiarse procurando los actos ilícitos”, explicó la representante del Ministerio Público (MP) durante las conclusiones del debate y antes de pedir las condenas al Tribunal.

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El primero en ser mencionado fue el empresario Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, a quien la Fiscalía solicitó 51 años de prisión y el pago de Q134 millones 823 mil 445.74 como multa.

El tiempo de prisión se justifica de la siguiente manera: 20 años por lavado de dinero, 6 años más por defraudación, 10 años adicionales por cohecho activo, se agregan 12 años por financiamiento electoral ilícito y por último 3 años más por falsificación de documentos privados.

Para el exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza el MP pidió que sea condenado a 26 años de cárcel “por haber sido dignatario de la nación y usar la investidura para ocultar fondos”.

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Gelvi Sical y Patricia Bustamante, escucharon los detalles centradas en las pruebas.

“De acuerdo a los medios de prueba reproducidos en este debate quedó demostrado el lavado de dinero en 2013 a través depósitos y transacciones monetarias”, concluyó el fiscal Rudy Herrera.

#LavadoYPolítica | El @MPguatemala pide imponer 26 años de cárcel al exdiputado Jaime Martínez Lohaiza y 51 años de prisión más una multa de Q134.8 millones para el empresario Francisco Edgar Morales Guerra, chico dólar. pic.twitter.com/aVd3viMCgJ

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) February 6, 2019

Las solicitudes

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias Chico Dólar: 51 años de cárcel y el pago de tres multas: Q114 millones, 809 mil 141.87; Q19 millones, 939 mil 303.87; y Q75 mil.
2. Silvia Antonieta Guevara: 8 años de cárcel por asociación ilícita, 6 años de prisión por lavado de dinero, 8 años de cárcel por revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: 6 años de cárcel por lavado de dinero y 2 años por falsificación de documentos privados. También el pago de Q38 millones, 129 mil 62.76.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: 6 años de prisión por lavado de dinero y 2 años por falsificación de documentos privados. Multa de Q3 millones 898 mil 428.38.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: 6 años de cárcel por lavado de dinero. Multa de Q1 millón 507 mil 350.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: 8 años de prisión por asociación ilícita y 15 años por lavado de dinero. Multa de Q30 millones 989 mil 48.32.
7. Marco Tulio Morales Guerra: 6 años de cárcel por lavado de dinero. Multa de Q1 millón, 89 mil 589.83.
8. Javier Villatoro López: 8 años de prisión por asociación ilícita y 10 años de cárcel por cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: 5 años de cárcel por cohecho pasivo. Multa de Q50 mil.
10. José Isabel Maldonado: 6 años de cárcel por obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: 5 años de cárcel por peculado por sustracción. Multa de Q10 mil.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). 8 años de cárcel por asociación ilícita, 12 años de prisión por financiamiento electoral ilícito y 6 años de cárcel por tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). 2 años de cárcel por falsificación de documentos privados y 6 años de cárcel por testaferrato. Multa Q50 mil.
14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). 6 años de prisión por peculado por sustracción.

La defensa de los 14 acusados se opuso a las peticiones que hizo el MP y se centró en solicitar la absolución de los sindicados argumentando su inocencia.

Juicio sin la Cicig

El debate inició el 16 de enero pasado sin la representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien envió una excusa para ausentarse por la decisión del presidente Jimmy Morales de anular el acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El fiscal Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), argumentó que los hechos fueron centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Morales Guerra.

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La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.