Exempleada bancaria testifica contra Chico Dólar

La primera prueba del caso fue el testimonio de Sandra Elizabeth Sayas, quien fue oficial de cumplimiento de un banco del país. Explicó las transacciones sospechosas detectadas a Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, que demostrarían el supuesto lavado de US$33 millones.

En el juicio del caso Lavado y Política declaró la exempleada bancaria Sandra Elizabeth Sayas. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)
En el juicio del caso Lavado y Política declaró la exempleada bancaria Sandra Elizabeth Sayas. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Patricia Bustamante y Gelvi Sical, escuchó durante unos 30 minutos el testimonio en una sala de audiencias del nivel 15 de la Torre de Tribunales. El relato de la exempleada bancaria se centró a las 171 transacciones sospechosas que fueron detectadas por la compra de divisas que hizo Morales Guerra.

La testigo fue fiscal y oficial de cumplimiento de un banco del sistema que habría utilizado Morales Guerra para el blanqueo de capitales, según la acusación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Sayas se refirió a que su trabajo debía reportarlo a los directivos del banco y por ley ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE). La experta financiera comparó que en 2009 se bloqueaba una transacción de manera manual y no fue sino hasta el 2014 que el procedimiento se comenzó a hacer en línea.

Uno de los informes en que se refirió fue el oficio del 15 de junio de 2015, acerca de los monitoreos del cambio de perfil de los clientes en relación a las modificaciones en sus cuentas bancarias.

También mencionó dos reportes de transacciones sospechosas en 2009 y 2014 por la entidad Agropecuaria El Campesino.

“Las transacciones se reportaron como sospechosas. La política del banco en ese tiempo, incluso, era que uno podía reportar a un cliente por transacción sospechosa y no se le cancelaba, así era la política siendo cliente del banco. Fue en 2016 cuando ya se subía a un comité de cumplimiento cuando se reportaba directamente al consejo de administración”, declaró Sayas.

Transacciones

La testigo mencionó que antes del 2016 las transacciones sospechosas solo se reportaban y el cliente seguía operando de forma normal. “Se cumplía nada más reportando la transacción sospechosas”, mencionó.

Salas dijo a los jueces que la obligación del banco era reportar ante la IVE las transacciones sospechosas. “Por eso se reportaron. Eso fue la obligación de la entidad financiera. Si miran una actividad financiera que se convierte en sospechosa debe ser reportada como se reportó, incluso, a sus empresas y a los clientes que tenía relación. Incluso, nos pasamos a El Salvador y en ese país también hubo reportes”, declaró.

Durante su testimonio, Salas recordó que todas las transacciones sospechosas de Morales Guerra figuraban en sus cuentas personales. “Eran cuentas en quetzales y cuentas en dólares, eso es lo que recuerdo”.

La defensa cuestionó a la testigo porque dijo que no recordaba si Morales Guerra usaba las cuentas bancarias personales o de sus empresas como representante de una bolsa de divisas que recibía remesas de diversos países.

Tribunal fija postura por la Cicig

Al comienzo de la audiencia el Tribunal pidió a los defensores que dejaran de interponer acciones por la ausencia de Astrid Escobedo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien se excusó para estar ausente debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Su excusa fue aceptada y podrá incorporarse en el debate”, resolvió el Tribunal.

El exdiputado Jaime Martínez Lohaiza, uno de los sindicados en el caso Lavado y Política, durante su traslado a la sala de debate. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El caso

El juicio contra Morales Guerra, el exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohayza y otras 12 personas empezó el 16 de enero pasado.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Los sindicados

  1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
  2. Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
  3. Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
  5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
  6. Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
  7. Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
  8. Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
  9. Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
  10. José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
  11. Edwin Galicia: peculado por sustracción.
  12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
  13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
  14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). Peculado por sustracción.
Francisco Morales, alias chico dólar, enfrenta juicio en el caso Lavado y Política. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

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