Fiscalía pide penas desde 6 hasta 14 años de cárcel a señalados en caso Odebrecht

El Tribunal de Mayor Riesgo A continuó el debate a tres acusados por haber blanqueado dinero para Alejandro Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y tiene orden de aprehensión.

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En este caso enfrentan juicio desde hace dos semanas Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado -abogado de Sinibaldi- (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón).
En este caso enfrentan juicio desde hace dos semanas Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado -abogado de Sinibaldi- (Foto Prensa Libre: Kenneth Monzón).

“Los acusados realizaron actividades de adquisición, inversión, conversión, transferencia y ocultamiento de dinero de procedencia ilícita”, refirió Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) durante las conclusiones del caso.

En este caso enfrentan juicio desde hace dos semanas Jorge Eduardo Antillón Klüssmann, Juan Ignacio Florido y Juan Molina Coronado (abogado de Sinibaldi).

El fiscal solicitó imponer las penas de seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y ocho años de cárcel por asociación ilícita para Molina Coronado y Antillon Klussmann. Además, las multas de US$1.2 millones y US$346 mil, respectivamente.

Para Florido el representante del MP pidió que fuera condenado a seis años de prisión por lavado de dinero u otros activos y la multa de US$9 millones.

“En este debate se demostró que existió una estructura criminal en la cual los acusados participaron con roles definidos. La estructura perseguía ganancias ilícitas, utilizaron bancos para intentar lavar el dinero de las coimas que les transfirió la constructora brasileña Odebrecht”, añadió González.

Durante la lectura de las conclusiones, los tres acusados permanecieron atrás de sus abogados.

También se recordó que representantes de la constructora Odebrecht habían negociado con Sinibaldi el pago de sobornos para la adjudicación de la construcción de la carretera al Pacífico, hasta la frontera mexicana.

Al menos US$1.3 millones fueron transferidos a cuentas del excandidato a la presidencia por la cancelada agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder), Manuel Baldizón. Eso, dijeron, por instrucciones de Sinibaldi.

“La conducta que se les reprocha a los acusados es haber sido representantes de entidades offshore donde se recibieron las transferencias. El fiscal recordó que Odebrecht transfirió US$18.4 millones y US$1.2 millones.

Del dinero, Sinibaldi usó US$2.5 millones para la compra de viviendas lujosas, explicó el fiscal González. Los inmuebles ya están inmovilizados por orden del Juzgado de Extinción de Dominio.

El fiscal también recordó la colaboración eficaz de Juan Arturo Jegerlehner, concuño de Sinibaldi, quien detalló las instrucciones de Sinibaldi para la creación de las entidades y los depósitos.

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Cicig se adhiere

Luis David Gaytán, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se adhirió a la conclusión del MP.

En su intervención explicó que se comprometió al Estado al otorgar, de forma ilícita, la obra a la constructora brasileña y se cobró millones como coimas.

La defensa expone

La defensa de los acusados Florido y Molina Coronado expusieron sus conclusiones ante el Tribunal.

Los abogados de Molina expusieron que jamás realizaron alguna transacción ilícita y siguieron instrucciones de Sinibaldi. Se refirió a que la creación de cuentas estuvieron bajo las normas avaladas.

El caso de Florido fue similar y hasta rechazaron las supuestas pruebas de blanqueo de capitales debido a la falta de pruebas y el movimiento del dinero. Además, rechazaron la colaboración de Juan Arturo Jegerlehner debido a que fue uno de los acusados en la causa.

Este viernes se espera que finalice sus conclusiones la defensa de Antillón. Después se le otorgará la palabra a cada acusado para su última petición previo a la deliberación y el fallo que podría ser leído por la tarde.

Negociaciones de Sinibaldi con Odebrecht

La investigación del MP y la Cicig deteminó que en diciembre del 2011 se realizó la primera reunión entre Alejandro Sinibaldi y un directivo de Odebrecht en Guatemala. En enero de 2012 Sinibaldi asumió como Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

A finales de ese año se adjudicó y firmó con Odrebrecht el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la Ruta CA-2 Occidente, tramo Cocales-El Zarco- Coatepeque-Tecún Umán. En junio de 2013 se inició la ejecución de la obra.

En el caso Construcción y Corrupción los investigadores establecieron que Sinibaldi Aparició pactó un porcentaje de sobornos con representantes de Odebrecht, los cuales debían ser entregados por cuotas cada vez que la empresa recibía los desembolsos provenientes del préstamo internacional. Para desembolsar los pagos a la constructora Odebrecht, el Ministerio de Comunicaciones debía presentar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) evidencia de supervisión externa y los documentos debían ser firmados por personal del Micivi registrado en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Los pagos para Sinibaldi se harían por medio del Meinl Bank de Antigua y Barbuda, y Sinibaldi indicó a los directivos de Odebrecht que los pagos se harían por medio de Juan Arturo Jegerlehner, su concuño y ahora colaborador eficaz.

La investigación identificó que entidades fuera de plaza (offshore) se utilizaron para realizar contratos por supuestos servicios que nunca fueron prestados, intentando así ocultar el origen ilícito de la recepción del dinero.

Se abrieron cuentas en el extranjero con el fin de transferir los montos ilícitos, enmascarados en los contratos simulados. Se determinó que los beneficiarios de las cuentas eran personas vinculadas a Sinibaldi Aparicio, Manuel Antonio Baldizón Méndez y Carlos Arturo Batres Gil. Del análisis de los documentos financieros surge que Batres Gil recibió US$4.9 millones, producto del pago de sobornos.

Baldizón se benefició

En febrero de 2013, Sinibaldi realizó una reunión en su casa y presentó a un directivo de Odebrecht con Manuel Baldizón. Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón la cantidad de US$3 millones, provenientes de los sobornos pactados.

En enero de 2014 Manuel Baldizón delegó al abogado Diego Chacón Yurrita para que se encargara de abrir las cuentas y se coordinara con los brasileños para las transferencias.

A partir de junio de 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el excandidato presidencial Baldizón.

Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo presidente y que las empresas que le estaban ayudando, entre ellas Odebrecht, debían apoyar también a la campaña.

Baldizón en coordinación con Sinibaldi y en concierto con los directivos de Odebrecht, recibió en total US$1 millón 360 mil de los US$3 millones pactados en concepto de comisiones ilícitas.

El caso

El juicio comenzó el 8 de julio pasado. Entre las pruebas está la declaración del perito Deimer Meléndez Cardona, quien recordó a los jueces que Sinibaldi negoció coimas con la empresa brasileña y con el relato del banquero se confirma la forma y los montos.

La investigación del caso surgió por el avance del proceso denominado Construcción y corrupción, en donde se reveló una estructura criminal liderada por Sinibaldi, quien gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.

Estos cobros, según se ha documentado en la investigación, consistían en porcentajes que oscilaban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.

En una investigación difundida el 21 de diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se vinculó a la constructora brasileña con la entrega de sobornos a funcionarios públicos de 12 países, incluido Guatemala.

Las investigaciones de la justicia brasileña condujeron a la ubicación de cuentas bancarias en el extranjero, las cuales utilizaba el Grupo Odebrecht con el fin de realizar los pagos ilícitos relacionados con los contratos firmados.

La Contraloría General de Cuentas realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A, estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público.

El caso construcción y corrupción reflejó los primeros indicios de entidades vinculadas con Sinibaldi Aparicio que actuaron en contubernio con la entidad Norberto Odebrecht.

Tal como demuestran las investigaciones en la región latinoamericana, esta firma realizó prácticas ilícitas por medio del pago de sobornos en los contratos en los que participó.

 

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