Guatemala sigue con desafíos por ataques y persecución contra de operadores de justicia y por violencia contra mujeres y niñas, dice comisionada de la ONU

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presenta informe sobre el país, en el que también habla de covid-19, la discriminación y ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas.  

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Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)
Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó este martes 8 de marzo una declaración en el  49 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en la que habló de los informes de país de Guatemala, Colombia, Honduras, Chipre y Eritrea. 

En su mensaje, Bachelet habló en segundo punto sobre Guatemala, y dijo que el país sigue enfrentando serios desafíos en materia de derechos humanos.  

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos describe la situación de los derechos humanos y las actividades de su Oficina en Guatemala del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.  (Descargue el informe completo acá)

En él se destacan los avances logrados y los retos que persisten en la promoción y protección de los derechos humanos, prestando especial atención a los temas relacionados con la igualdad y la no discriminación, el desarrollo humano sostenible e inclusivo, la justicia, el espacio democrático y el impacto de la pandemia de covid-19 en los derechos humanos. 

En su discurso, Bachelet dijo que: “La pandemia del covid-19 ha exacerbado las desigualdades y ha aumentado los niveles de pobreza en el país, en particular entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con empleos informales, una situación que requiere la atención urgente de las autoridades”, se lee en la declaración que hizo Bachelet. 

Persecución judicial 

Agregó que a lo largo de 2021 continuaron los ataques y la persecución judicial en contra de operadores de justicia por su legítima labor, incluso a través del uso frecuente de antejuicios.  

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“Además, en los últimos meses, mi Oficina observó un incremento de ataques contra fiscales, abogadas y abogados por sus investigaciones en casos de corrupción e impunidad y casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno”, dijo la alta comisionada en su declaración.  

Bachelet apuntó que estos ataques “representan un patrón preocupante que socava el Estado de derecho y la independencia judicial”. 

“Pese a que en 2021 se produjo la elección de las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, sigo preocupada por la falta de avances en la elección de las juezas y los jueces de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones, un proceso que ha sido retrasado por casi tres años”, expresó Bachelet. 

Puntualizó que aplaude los avances realizados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y alentó a las autoridades a seguir avanzando en los casos pendientes. 

Ataques contra defensores de derechos humanos 

Bachelet también se refirió a que el espacio cívico continuó reduciéndose y aumentaron los ataques y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.  

Afirmó que el año pasado, 2021, la oficina a su cargo documentó 103 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y seis asesinatos, así como 33 ataques contra periodistas.  

“Es fundamental que las autoridades tomen medidas para reforzar la legislación y las políticas de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, sentenció.  

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Violencia contra mujeres y niñas 

“También estoy alarmada por el aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas en Guatemala en 2021. El Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público registró 60 mil 089 casos de violencia contra mujeres y 478 femicidios. Mi Oficina tuvo conocimiento de al menos 29 personas LGBTI asesinadas. Estos altos niveles de violencia requieren que las autoridades tomen medidas inmediatas de prevención y protección”, comentó. 

Finalmente, Bachelet alentó al Gobierno de Guatemala a seguir cooperando con todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU y regionales y afirmó que su oficina continuará dando apoyo y asistencia técnica al Gobierno, a las instituciones del Estado y a diferentes actores para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país. 

Conclusiones  

En el informe sobre Guatemala, del 28 de febrero de 2022, se concluye que Guatemala continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales.  

“En 2021, estos son particularmente relacionados con la desigualdad y discriminación, el sistema de justicia y la lucha contra la impunidad, el espacio democrático y la participación ciudadana. Este contexto impide avances significativos para asegurar el ejercicio y goce de los derechos humanos”, según el documento.   

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su compromiso para continuar apoyando a Guatemala en el fortalecimiento de la protección de todos los derechos humanos para todas las personas. Basándose en las actividades de OACNUDH en Guatemala.  

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Recomendaciones al Gobierno 

El documento menciona que el Gobierno: 

  • Debe incrementar acciones para enfrentar la situación de desigualdad sobre todo en favor de las personas en mayor situación de pobreza y condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, ampliando la inversión social e incrementando la cobertura de los programas sociales no contributivos.  
  • Incrementar esfuerzos para la promoción del diálogo social y las consultas para fortalecer la inclusión de todos los grupos en los procesos de toma de decisiones, incluyendo a pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.  
  • Garantizar la independencia de las instituciones de justicia y fortalecer las carreras profesionales de las funcionarias/os de justicia, incluyendo el fortalecimiento de la protección de funcionaria/os de justicia, y la creación de programas nacionales o mecanismos institucionales de protección que permitan detectar y abordar adecuadamente los retos en relación con la independencia judicial.  
  • Continuar tomando medidas para garantizar el acceso a los derechos a la verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición, acelerando los procesos de resarcimiento, investigación y juzgamiento de casos, búsqueda de personas desaparecidas y facilitando el uso adecuado de los archivos relativos a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado.  
  • Fortalecer la legislación, políticas y estructuras institucionales para la protección, incluso contra la criminalización, de defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo periodistas.  
  • Fortalecer la relación de confianza entre las instituciones públicas y los pueblos indígenas a través de la implementación de medidas para la protección y realización de sus derechos a las tierras, territorios, y recursos naturales, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, la propiedad intelectual colectiva, y la salud sexual intercultural.  
  • Promover e institucionalizar políticas y programas a nivel nacional para garantizar los derechos de los pueblos Garífuna y Afrodescendientes.  
  • Garantizar la participación de todos los actores sobre todo de las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, en el esfuerzo de realizar el Plan Nacional de Acción en Empresas y derechos humanos.  
  • Actualizar planes de contingencia y protocolos para la gestión de las manifestaciones, incluido el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, con arreglos a los estándares internacionales de derechos humanos.  
  • Garantizar los derechos humanos de las personas en movimiento, incluso en relación con el retorno, más allá de su estatus migratorio, fortaleciendo las capacidades del Consejo de Atención y Protección del Migrante.