Informe advierte un desgaste en el Sector Justicia, a mil días sin renovar Cortes

El Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, realizó un diagnostico sobre el sistema judicial en Guatemala.

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El pasado miércoles la CSJ cumplió mil días en la extensión de sus funciones. (Foto: Hemeroteca PL)
El pasado miércoles la CSJ cumplió mil días en la extensión de sus funciones. (Foto: Hemeroteca PL)

El pasado miércoles se cumplieron mil días de la extensión de funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derivado al retraso de la elección en el Congreso de sus sucesores, durante este tiempo ha crecido su poder, al punto de que los mismos operadores de justicia han manifestado su temor por las limitadas garantías para trabajar de manera independiente.

A esto se suma un reciente informe de Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, realizó de forma conjunta con la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia (Fecajud), como parte del proyecto de fortalecimiento de la judicatura independiente a fin de tener un monitoreo constante.

En el diagnostico sobre el sistema judicial en Guatemala señala la nula actuación de las autoridades para garantizar la seguridad de jueces, el archivo de denuncias presentadas por juzgadores y la persecución contra operadores de justicia, son algunos de los principales aspectos que atentan contra la independencia judicial, la cual es una garantía funcional a los derechos de los ciudadanos y que tendría que ser un contrapeso ante cualquier tipo de intereses, señala el más reciente informe de Fecajud.

Dicho documento menciona que el resultado del hostigamiento es el exilio de 24 operadores de justicia, entre estos jueces, magistrados y fiscales, quienes en su momento combatieron la corrupción e impunidad en Guatemala.

Otro de los aspectos que deteriora el sistema judicial es el prolongado periodo de los 26 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y de los 225 magistrados de Salas de Apelaciones, pues han pasado tres años sin renovar los nombramientos.

Además, resaltan que el Congreso “ha hecho un esfuerzo nulo” en el proceso de selección, categorizando las debilidades como “una crisis del modelo de nombramientos”, de acuerdo con el relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán.

Debilitamiento y empoderamiento

El informe advierte que en Guatemala se ha concentrado todo el poder en magistrados de la CSJ por medio de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la cual le permite conocer sobre ascensos, permutas, traslados o despidos, tanto de jueces como de magistrados; dichos cambios en la legislación permiten que “en el Organismo Judicial no exista un contrapeso en la selección de jueces o magistrados más idóneos”.

Lo anterior permite que la CSJ concentre todo el funcionamiento de dicha institución, porque ahora controla tanto la función jurisdiccional como la administrativa, “tiene injerencia directa en esas decisiones y podría afectar la independencia judicial”, agrega.

Entre otras controversias, el informe señala que la salida de la Cicig y el debilitamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (Feci) ha generado un “estancamiento en la lucha contra la impunidad y corrupción”, lo cual se evidencia con traslados injustificados, despidos y la renuncia de fiscales.

Consideran que el objetivo de la fiscal general Consuelo Porras y los grupos criminales que la Feci “lejos de ser la bandera en investigaciones vinculadas a temas de corrupción, ahora sea el aliado perfecto para generar impunidad” en dichas redes.

De la seguridad

A pesar de que algunos jueces tienen asignados esquemas de seguridad por los procesos judiciales que conocen, no están ajenos a algún tipo de intimidación, resalta el informe, el cual también menciona el reciente caso del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, quien “ha denunciado la existencia de persecución constante de vehículos sin placas”, esto ocurre ocho meses después de que el mismo juzgador, junto a Érika Aifán, Yassmín Barrios y Pablo Xitumul pidieron información sobre sus quejas.

El informe concluye que “la institución encargada de la investigación no ha puesto debida atención”, y muchas de las denuncias han sido desestimadas y a la fecha no han sido informados sobre los motivos por las que fueron archivadas. Además, “la nula protección” por parte de la CSJ al dar trámite a denuncias promovidas contra operadores de justicia.

Con respecto a la inmunidad que gozan los jueces y magistrados, y que es garantía constitucional, esta se convierte en “herramienta de inamovilidad, el riesgo es constante, permanente y potencializado” al asignar los antejuicios a “jueces aliados al crimen organizado, en un sistema judicial cooptado para garantía de impunidad” señala el informe.

Advierte que “el panorama es desalentador” ante la falta de interés del Estado de fortalecer al Sector Justicia en la lucha contra la corrupción generada por la criminalización contra los operadores de justicia y “la pasividad o temor de la población” de manifestarse contra ésta, y la consecuencia directa es que “la corrupción e impunidad se sigue enraizando en el país”.

Además, señalan controversias en torno al funcionamiento de las comisiones de postulación, la falta de certeza jurídica, incumplimiento para ser juez o magistrado e irregularidades en designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.

Asociaciones de jueces deben unirse

A criterio de la jueza Nohemy Téllez que parte de las alternativas que se podrían plantear para cambiar el panorama actual es que las asociaciones de jueces “deben de tener una incidencia bien importante” y no trabajar de forma individual, a fin de que unan, fortalezcan y actúen con estrategia y esto podría contribuir a que en el futuro las circunstancias cambien y agrega que el Colegio de Abogados y Notarios también tiene incidencia, pero “actualmente está alineado”.

La juzgadora llamó a la reflexión a los funcionarios judiciales puesto que las decisiones que toman desde sus despachos “debe tener una visión a nivel de país y no de que solo me interesa mi sector de mi despacho y de mi grupo familiar para que si yo decida una u otra forma se me va a beneficiar o no o se me va a ayudar a un ascenso” además sus decisiones inciden en el desarrollo, y atraer mayor inversión nacional o extranjera.

Mientras que para el juez Carlos Pérez, en la “no tenemos un estado de derecho fortalecido” y se está fallando en tener una verdadera República “porque hay una intromisión entre poderes el Poder Judicial lamentablemente está haciendo muy afectado en relación a su independencia” es un elemento fundamental para poder tener esa fortaleza en el sistema judicial.

“Lamentablemente se han dado retrocesos” dijo Pérez e hizo énfasis a que “ahora una interrelación bien interesante entre este Poder Judicial y el Poder Político se siente muy cómodo es decir se generó una empatía y no se busca la manera de romper estos lazos que tienen capturado al Poder Judicial” acotó.