A 130 días de asumir el nuevo gobierno, las llamadas de extorsión salen desde las cárceles, según la fiscalía Contra la Extorsión del MP, aunque la Policía Nacional Civil (PNC) asegura que el problema disminuyó.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, refiere que desde que se cuenta con personal específico para revisar el ingreso de las visitas y las requisas son constantes, el ingreso de teléfonos disminuyó y por consiguiente el decomiso de los aparatos.

“Antes se decomisaban 50,70 o más de 100 teléfonos en cada requisa, pero ahora son menos de 50”, acotó.

No obstante, afirma que esa cantidad de teléfonos ingresan porque los pandilleros modifican la forma de esconder los objetos prohibidos, y utilizan a mujeres embarazadas como “mensajeras”.

“Las mujeres embarazadas justifican que les causa daño pasar por el escaner, pero lo que hacen los pandilleros es embarazar o contratar a mujeres embarazadas para que les ingresen teléfonos”, acotó.

Lo que más se decomisa según el jefe policial son chips, y se ha determinado que desde un número los extorsionistas hacen hasta 50 llamadas. 

“Y con uno o dos que caigan y depositen, ya hicieron que el día sea productivo para los delincuentes”, reiteró.

Logros

Federico Reyes, investigador independiente en temas de seguridad, destaca como logro la periodicidad de las requisas, aunque según él, debería estar acompañada de acciones para combatir la corrupción entre los guardias.

“La depuración del personal penitenciario sí está en deuda,la depuración debería efectuarse cada seis u ocho meses, principalmente en las filas de mandos medios, que es donde está la corrupción, porque mueven drogas, cometen trata de mujeresy de hombres”, refiere.

Reyes dice que hay "esfuerzos” de las autoridades penitenciarias para tratar de tener el control, aunque considera que es dificil combatir los problemas de raíz, principalmente porque hay poderes ocultos dentro de las cárceles que están a cargo de las pandillas y crimen organizado.

El analista destaca que si bien se han registrado muertes de reos por riñas, no se han originado grandes motines como en años anteriores.

“También queda en deuda la reinserción y rehabilitación, deberían crear proyectos que tengan que ver con oportunidades de trabajo, al cumplir una condena cualquier privado de libertad tiene derecho a trabajar”, expresó. 

Infraestructura

Durante una entrevista institucional en el SP, el director de esa dependencia, Sergio Vela,  afirmó que el mayor desafío es la creación de más infraestructura, pues es la principal causa de hacinamiento y de que no se pueda clasificar a los internos, y las existente se construyeron hace más de 50 años.

“Si nosotros contáramos con infraestructura podríamos hacer una clasificación. No todos los privados de libertad son de alto riesgo, y eso hace que se tenga esa mezcla de privados de libertad en las cárceles”, refirió.

Según el SP, el 24% de la población privada de libertad tiene 25 años de edad. El 24% de la población privada de libertad tiene condenas de 25 años de prisión.

De 23 mil 83 privados de libertad que permanecen en las 23 cárceles, un 47% se encuesta en prisión preventiva y de esa cantidad, el 63%  lleva más de seis meses en prisión preventiva sin medida sustitutiva, ni sentencia.

Según estadísticas del SP, las cárceles están pobladas entre un 63% y 76% de personas que no son de alta peligrosidad, muchos cometieron accidentes de tránsito o no han sido vencidos en juicio.

Dignificación

Según las autoridades del SP, dentro de los planes se contemplan acciones para dignificar al guardia penitenciario, debido a que laboran en condiciones precarias y es la razón por la que se inmiscuyen con estructuras criminales que operan a lo interno de los centros.

Según los planes, se mejorarán las cuadras o lugares donde descansan los guardias, se instalarán nuevas duchas e inodoros. También se les proveerá vehículos, armamento y se les capacitará por seis meses y no durante nueve semanas, como anteriormente se hacía.

Además, se implementará la carrera penitenciaria y se capacitará personal en las nuevas instalaciones ubicadas en Zaragoza, Chimaltenango, donde se tiene capacidad para 500 aspirantes.

A inicios de este gobierno, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo que se retomarán las negociaciones para construir una cárcel de máxima seguridad con capacidad para tres mil reos, en la finca Cuyuta, Masagua, Escuintla.

En diciembre de 2023, el entonces ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos afirmó que la construcción de la cárcel se quedó en la “primera fase de diseño, estudios y licencias”, esto se debe a que según él, hubo retrasos debido a que varias familias invadieron los terrenos donde se construirá la cárcel. Aunque aseguró que ya fueron desalojadas.