Condenan a jueza Jisela Reinoso a 11 años de cárcel por dos delitos

El Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a 11 años de prisión a la jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo, declarada culpable de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

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Jisela Reinoso aguarda la resolución del Tribunal. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
Jisela Reinoso aguarda la resolución del Tribunal. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)

La sanción contra Reinoso Trujillo es de seis años de prisión inconmutable por lavado de dinero y una multa de Q389 mil 434.97. Se determinó que si Reinoso Trujillo no cumple con ese pago, se prolongará el período de prisión por el cual fue condenada, relativo a Q100 por día.

También tendrá que pagar el costo del proceso penal que se tramitó.

Por enriquecimiento ilícito se impuso una pena de cinco años de prisión conmutable, y podrá cancelar Q5 por cada día de la sanción.

Reinoso Trujillo tendrá que pagar multa de Q50 mil por enriquecimiento ilícito.

El veredicto de los jueces Saúl Álvarez, César Amézquita y Julio Xitumul, emitido por unanimidad, detalla que no hubo ninguna prueba para creer que la jueza incumplió con la obligación de actualizar su declaración patrimonial jurada, por lo cual optó por absolverla de ese hecho.

“Estoy en las manos de mis Dios, los jueces no tomaron en cuenta las ilegalidades que ocurrieron en la fase intermedia. La prueba está viciada, se respeta la decisión; con los abogados analizaremos si impugnamos, además tengo que dialogar con mis hijos”, explicó la jueza al concluir la lectura de la sentencia.
 
“Respeto el fallo, se cómo está mi conciencia, no incumplí con  mi función de jueza”, añadió.

Antecedentes

Reinoso Trujillo fue señalada por el Ministerio Público (MP) de haberse enriquecido de manera ilegal mientras laboró como jueza.

Las sospechas contra Reinoso son por cómo adquirió una vivienda valorada en más de Q3 millones y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del Juzgado Cuarto de Sentencia Penal.

En las audiencias, Reinoso explicó que la adquisición del inmueble fueron producto de los ahorros que tenía como Jueza de Paz, porque en ese tiempo ella no gastaba al reconocer que “la mantenían”, por lo que su salario “se iba al banco”.

“Yo nunca mentí, compré mi casa con mis ahorros, ahorros de mi salario de jueza de Paz”, aseguró ante el MP.
Reinoso ha asegurado que dio una primera cuota por la casa de Q25 mil, pero después entregó dos más de Q200 mil cada una.

Conforme sus ahorros se reducían, añadió, aceptó un préstamo “que le ofrecieron” para seguir con el pago de cuotas de la vivienda, préstamo que obtuvo de una de sus mejores amigas.

La jueza insistió en debate que la acusación es errónea pues ella adquirió sus bienes con apoyo de una amiga propietaria de un autohotel, llamada Felícita Romero Ramírez, quien declaró como testigo clave y negó haber dado dinero a Reinoso Trujillo.

Las investigaciones apuntaron que pudo cometer el delito pues hubo transacciones sospechosas y los recibos presentados y otros documentos financieros no son suficientes para desvirtuar los señalamientos.

Además señalan movimientos financieros sospechosos que no fueron registrados en las cuentas bancarias y de los cuales desconocen el origen.

“La Cicig miente”

La solicitud de antejuicio contra Reinoso Trujillo fue planteada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), al igual que la acusación ante el Juzgado, cuando comenzó el proceso.

“Mi error fue no haber accedido a las peticiones de la Cicig en un caso de la fiscal general –Thelma Aldana–”, expresó, después de haber sido imputada en junio pasado.

Proceso contra Reinoso

La jueza Jisela Yadel Reinoso Trujillo fue enviada a juicio en abril por el Juzgado Segundo Penal. La juzgadora era sindicada de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y dos delitos más.

El 24 de septiembre de 2015, el juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, decidió ligarla a proceso y enviarla a prisión preventiva.

En los registros de la Contraloría General de Cuentas (CGC) solo se encuentra una declaración jurada patrimonial, con fecha de 2004, a pesar de haber adquirido bienes inmuebles e incrementar notablemente su patrimonio en los últimos años.