Las órdenes de detención se autorizaron por el Juzgado Séptimo Penal, a petición de la fiscalía que los señala por sus acciones en torno al caso Fénix, una antigua investigación de un desfalco en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que se reabrió en abril de 2019 por tema de lavado de dinero.
Los tres exfiscales, que abandonaron Guatemala y se exiliaron en los Estados Unidos, previo a su salida denunciaron que estaban siendo señalados y procesados judicialmente sin garantías de una legítima defensa.
La última en dejar el país, es la exjueza Erika Aifán, galardonada en 2021 por Estados Unidos por su lucha contra la corrupción y la impunidad; además, de haber sido condecorada por las embajadas de Alemania y Francia con la entrega del premio Derechos Humanos y del Estado de Derecho ese mismo año.
No obstante, pese al respaldo internacional, Aifán, quien estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo “D” durante seis años, suma diversos procesos judiciales y, ahora, una orden de captura que reclama la fiscalía guatemalteca.
El papel que tuvo la exjueza Erika Aifán
Entre los casos que pasaron por el Juzgado de Mayor Riesgo D, existían carpetas que contenían serias acusaciones contra jueces y magistrados para la supuesta manipulación de la elección de las cortes, que finalmente suma años sin renovarse.
Aifán también procesó a diversos empresarios señalados en el caso Construcción y Corrupción, acusados de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. La lista se extiende a casos como Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht, Red de Poder, Lavado y Política, entre otros.
El último que resaltó y tenía en sus manos, fue la declaración de un testigo que acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña con fondos obtenidos por sobornos.
Un mes después, Aifán anunciaría su renuncia y exilio, el 21 de marzo de 2022. Aifán aseguró que estaba siendo objeto de “presiones y amenazas” contra su desempeño al impartir justicia en casos de crimen organizado y estructuras de corrupción que conocía.
Postura del Ministerio Público
El MP rechazó la postura de la exjueza y otros exfuncionarios y sostiene que los tres, Aldana, Aifán y Sandoval, han sido objeto de múltiples denuncias por delitos graves.
Además, la fiscalía a cargo de Consuelo Porras sostiene que hay indicios probatorios e incluso ha señalado que “no descartan la existencia de un macro caso” que vincule distintos hechos.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos mostró entonces su preocupación y alertó sobre amenazas, hostigamientos y riesgo de detenciones arbitrarias tanto en el caso de Aifán, así como otros jueces y fiscales que también se vieron forzados a exiliarse.
En el caso de la exjueza Aifán se detalló que desde 2018 hasta su salida a principios de 2022, había sido criminalizada en más de 100 procesos penales, tenía 75 denuncias ante la Junta de Disciplina Judicial y acumulaba 30 antejuicios promovidos por el MP con el fin de retirarle la inmunidad.
Denuncian persecución
Su caso es similar al del exfiscal Juan Francisco Sandoval, también premiado entre los Campeones Internacionales Anticorrupción por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Sandoval, también acusado por el MP por su actuaciones como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, estima que los señalamientos “confirma el patrón de criminalización para estigmatizar”.
El exfiscal tiene cuatro órdenes de captura y una solicitud de extradición aprobadas por un juez de Guatemala. Además de ser señalado de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes, se le señaló de tráfico de influencias cuando ejercía como fiscal.
El blanqueo de Q350 millones saqueados a afiliados del IGSS queda en impunidad, mientras el MP persigue a quienes descubrimos esos actos corruptos. pic.twitter.com/enWW1CoodK
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) May 3, 2023
Desde la salida de Sandoval se activaron las alertas entre la comunidad internacional sobre lo que aseguran representa un “retroceso” en el estado de derecho en Guatemala.
