Los miembros de la comisión no aceptaron las pruebas de descargo ante la falta de numeración, sello y firma de la legalización de su DPI en su expediente.
El juez Gálvez tiene casi 20 años trabajando en el sector justicia. Ha integrado juzgados en Quiché, Sololá, Salamá, Chiquimula, Alta Verapaz y la ciudad capital.
También ha resuelto varios casos de impacto como en de La Línea, que involucró al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
El juez entregó dos hojas con la legalización de su Documento Personal de Identificación, pero según lo requerido debía ser en una hoja.
Para lo cual, el juzgador debía entregar pruebas de descargo. Félix Serrano, presidente de la Comisión de Postulación preguntó que ¿quiénes de los miembros estaban de acuerdo en aceptar las pruebas de descargo? Solo hubo 23 votos a favor, pero son necesario 25 para que las decisiones de adopten.
Aifán tampoco
Minutos después, en la misma sesión, los comisionados no aceptaron las pruebas de la jueza Ericka Aifán Dávila presentó ante la falta de la palabra “sindical” en su declaración jurada.
Ella omitió poner en su declaración “que no es dirigente sindical”, pero en su memorial de evacuación mencionó los artículos constitucionales en donde por su calidad de juez no puede ser dirigente sindical. Algo similar ocurrió en el caso de Iván Romero que, pese a que no puso en su declaración jurada que “no era ministro religioso”, los comisionados aceptaron su memorial de evacuación que señaló que por ser magistrado no podía ser ministro religioso y lo aceptaron para seguir en el proceso.
La dejaron fuera del proceso por mayoría (36 de 37 votos), debido a el comisionado Romero Monterrosa Orellana se inhibió de conocer las pruebas de descargo de la jueza Aifán, debido a que fue recusado por ella debido a una “enemistad”. Monterrosa, actual magistrado de la Sala de Apelaciones de Jalapa, fue abogado del narcotraficante Jairo Orellana y fue denunciado por la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) de haber protegido al alcalde de Jalapa, Mario Estrada, al desestimar un antejuicio en su contra. Sin embargo, Monterrosa sí votó en la decisión de dejar fuer a Gálvez.
Aifán conoce varios de los casos de mayor riesgo, investigados por Cicig, entre estos: Construcción y Corrupción, que vincula a empresarios por supuestos sobornos, como también el Caso Odebrecht, el Caso de Financiamiento Electoral Ilícito del Partido Unionista, en el que está señalado el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez; asimismo el Caso de Financiamiento Electoral Ilícito del Partido FCN-Nación, el cual sindica a un conjunto de empresarios de financiar de forma anómala a ese partido.
El recién cardenal nombrado Álvaro Ramazzini también había solicitado una audiencia, que fue rechazada por Serrano con el argumento que deben “tener independencia”.
La Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia no aceptó las pruebas de descargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
Votacion:
✅10 a favor
❌23 en contra
➖3 abstenciones#CSJIntachable pic.twitter.com/cZhJHpcozM— Guatemala Visible (@guatevisible) September 7, 2019
También quedaron excluidos automáticamente del proceso de elección a la Corte Suprema de Justicia: Verónica Galicia, Sandra Aldana Véliz, Mirna Caballeros Salguero, Dina Cerín Miranda, Noé Rivas Chamo y José Samayoa Palacios.
El excomisionado de la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez escribió en su cuenta de Twitter que debe examinarse la idoneidad de los comisionados que escogerán a los candidatos a las cortes.
Debe examinarse la idoneidad de los comisionados que escogerán los candidatos a las cortes de GT.
Es aceptable que un abogado de narcotraficantes seleccione los candidatos a las cortes?
Todos tienen derecho a la defensa, pero no cualquier abogado puede seleccionar magistrados.— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) September 7, 2019
*Con información de Manuel Hernández
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