La juzgadora dictó el 4 de abril último medidas de protección en favor Torres con las cuales prohibió que sea “perturbada” o “intimidada” por los fiscales Sandoval y González, quienes solicitaron el retiro de la inmunidad de la candidata presidencial de la UNE para que sea investigada por financiamiento electoral no registrado, aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó sin entrar a conocer.

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La jueza Salazar Escobar le ordenó al director de la Policía Nacional Civil (PNC) que “por razón de turno y urgencia” en un plazo de 12 horas ejecute las medidas y que informe sobre su avance en 48 horas. Asimismo, el documento ordenó que Torres debe ser auxiliada por la PNC “cuando ella lo requiera”.

Tanto Sandoval como González accionaron en la judicatura con un recurso de oposición y le solicitaron una audiencia a Salazar Escobar el pasado 5 de abril.

El personal del juzgado recibió la petición y fijó para el próximo 4 de mayo a las 8:30 horas la audiencia en donde los fiscales expondrán sus argumentos relacionados a la labor en la Feci y además incluirán sus pruebas. El objetivo es revertir la decisión de la jueza Salazar Escobar, aunque fijó un mes después para escucharlos.

Fiscal General los apoya

Poco antes de las 20 horas de este domingo en las redes sociales del Ministerio Público (MP) fue compartido un comunicado de la fiscal General, María Consuelo Porras, en relación a la decisión judicial que afecta al jefe de la Feci y al fiscal asignado al caso financiamiento electoral no registrado en la UNE durante la campaña 2015.

“Mi total apoyo a las y los Fiscales del Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo establecido en la ley, y bajo los principios de objetividad e imparcialidad,ya que su labor y esfuerzo son parte fundamental y base de un Estado de Derecho.

Por tanto, ante las medidas de seguridad impuestas a los Fiscales Juan Francisco Sandoval Alfara y Andrei Vladimir González Arteaga de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, les expreso mi total apoyo y respaldo tal y como lo he brindado a otros Fiscales que han sido objeto de medidas por situaciones similares,ya que son acciones que limitan el desempeño de sus funciones.

Durante mi gestión, cada una de las Fiscalías de la República han recibido soporte administrativo, financiero, de cooperación y gestión fiscal, así como apoyo directo desde mi Despacho, por lo que les insto a que continúen realizando su trabajo con legalidad,objetividad e imparcialidad.

Al Pueblo de Guatemala expreso que la realización del bien común y el interés social siempre deben prevalecer, por lo que la comunicación, el diálogo y la utilización de los mecanismos legales previamente establecidos son fundamentales en un régimen democrático para mantener la paz y el respeto absoluto del ser humano y la ley.

En tal sentido,desde nuestro actuar institucional , ratifico mi compromiso en realizar todas las acciones necesarias para garantizar la prevalencia del Estado de Derecho”.

La Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta hace saber: pic.twitter.com/J6FxQsp82V

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 8, 2019

Asociación preocupada

La Asociación de Fiscales del Ministerio Público de Guatemala compartió un comunicado con la preocupación debido a la situación a Sandoval y González.

La entidad Acción Ciudadana (AC) adelantó que planteará una acción por falta gravísima contra la juzgadora ante la Junta de Disciplina Judicial.

CONVOCATORIA DE PRENSA: pic.twitter.com/PwovgsHziD

— Accion Ciudadana TI (@AcGuatemala) April 8, 2019

Jueza en silencio

Se ha intentado hablar con la juzgadora, así como conocer los argumentos que motivaron a la jueza para dictar las medidas contra Sandoval y González aunque sin algún resultado.

En el Organismo Judicial (OJ) solo informaron que respetan la independencia de los jueces y es ella la que tendría que explicar lo sucedido.

Sin ser perturbada

Las medidas de protección prohíben tanto a Sandoval como González Arteaga, fiscal a cargo de la investigación por financiamiento electoral no registrado de la candidata de la UNE, “que perturben o intimiden a la presunta agraviada y a su núcleo familiar, de forma personal o a través de cualquier medio de comunicación o red social”.

También se prohíbe el acceso de los “presuntos agresores” al domicilio temporal o permanente de la “persona agraviada”.

Finalmente la jueza Salazar Escobar advierte a los fiscales de que el incumplimiento de las medidas se tipificará como violencia contra la mujer, que tiene una pena de hasta 12 años de cárcel, así como desobediencia, por lo cual pueden ser multados con Q50 mil.

Audio de Torres

El pasado 15 de marzo, durante una audiencia relacionada con el caso de financiamiento electoral no registrado, el fiscal González Arteaga solicitó permiso para reproducir 50 audios en los que, aparentemente figuraban cuatro sindicados, pero la jueza de Mayor Riesgo D, Claudette Domínguez, no lo permitió ante la posibilidad de que ahí figurara Torres, puesto que para ese entonces ya gozaba de inmunidad y recién la CSJ había desestimado una solicitud de retiro de inmunidad en su contra.

Sin embargo, días después, en un audio al que Prensa Libre tuvo acceso, se reveló cómo el empresario Gustavo Alejos, uno de los procesados por el caso, era el recaudador de fondos para su campaña, e incluso, hablan de un aporte de Q40 millones para la campaña de 2015 que no habría sido registrado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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