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La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, consideró que la intención de Argueta fue “política” y recordó que en los juzgados se discuten aspectos judiciales.
Además, la juzgadora señaló que si Argueta quería coadyuvar en el proceso debió acudir a la a Fiscalía Especial contra la Impunidad.
También indicó que el diputado “no acreditó el agravio” y señaló “conflicto de intereses”.
Domínguez indicó que los jueces tienen el deber de escuchar a las partes y resolver apegados a Derecho.
Dijo que Argueta por medio de su abogado indicó que la actuación ante la referida judicatura es en cuanto al resguardo de los derechos fundamentales de la agrupación política.
Explicó que en su momento el Ministerio Público manifestó que si se le levantaran o modificaran las medidas sustitutivas a Sandra Torres, esta podría acercase a la agrupación política y ostentar nuevamente el cargo de secretaria general.
De esa cuenta existe conflicto de intereses al momento de querer ser querellante adhesivo.
Indicó que se debe acreditar cada planteamiento, no basta argumentar frente juez competente, se tiene que fundamentar y establecer si cumple con los presupuestos legales establecidos.
La disputa por la jefatura de la UNE se trasladó el 26 de octubre pasado al área judicial, cuando Óscar Argueta pidió ser querellante del caso de financiamiento electoral no registrado contra Sandra Torres.
La disputa interna abrió un nuevo capítulo cuando se hizo público que una auditoría responsabiliza a la excandidata presidencial Sandra Torres del gasto de al menos Q3 millones de la deuda política.
Torres está sujeta a proceso penal por los cargos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado, por, presuntamente no reportar en las elecciones de 2015 poco más de Q27 millones, según la investigación.
