Por su parte, la psicóloga clínica Elizabeth Mendoza enumeró los problemas psicosociales a los que se enfrentan los privados de libertad.

Luego de escuchar lo que se vivió en la cárcel de Escuintla, ¿qué viene a su mente?

Mendoza. El Sistema Penitenciario es ineficaz, no se da abasto, no hay suficiente personal para controlar la cantidad de reclusos que hay, mientras que estos se encuentran muy bien organizados y, lamentablemente, manejan sectores y mandan a los guardias.

Psicológicamente, lo ocurrido deja una situación de ansiedad, no solo para la población reclusa, sino para quienes están fuera, pues ven que no hay control sobre las prisiones y que en cualquier momento estas personas pueden salir de ellas sin ninguna recuperación.

¿Está fallando el Sistema Penitenciario?

Muñoz. Me parece que no es el Sistema Penitenciario, sino que la cárcel como institución es la que no sirve para ninguno de los fines que fue creada.

La cárcel lo único que hace es retirar de circulación a personas que fueron previamente definidas por el Congreso o por la Policía como delincuentes. Desde ahí empieza el problema. Ya se etiquetó.

Creo que hay una corresponsabilidad. Para llegar a la cárcel hubo un fiscal que pidió cárcel y un juez que envió; ellos deben hacerse responsables.

El hacinamiento es otro problema. Se tiene unas 21 mil personas privadas de libertad cuando se puede garantizar la vida de siete mil. Sin olvidar que el 50 por ciento de las personas que están en la cárcel son formalmente inocentes, porque el sistema de justicia no ha podido probar su culpabilidad.

¿Es el hacinamiento el mayor problema?

Muñoz. El hacinamiento es uno de los principales problemas. En el Instituto siempre hemos planteado que la mejor cárcel es la que no existe y que nunca será una salida tener más cárceles. Algunos han planteado que lo mejor es abrir más cárceles, en lugar de reducir la población penitenciaria.

La palabra que se me viene a la mente es el deber de cuidado. El Estado tiene la responsabilidad de los privados de libertad, porque las cárceles son de control total. En las cárceles se les dice a qué hora apagar las luces, cuándo deben comer, a qué hora tienen que dormir.

Al menos, en teoría, porque pareciera que los reos no están sujetos a muchas normas.

Muñoz. Creo que son algunos de los reos. Por ejemplo, ahorita vemos a los que están en las cárceles militares; probablemente tengan más posibilidad de hacer lo que quieran.

Pero hay otros lugares donde no es así. Por ejemplo, en el Preventivo de la zona 18, en cada sector hay una organización donde hay tres o cuatro personas que son los hombres fuertes que cobran todos esos pagos que tienen los reos para poder dormir, para no tener que lavar los baños, para recibir visita, para tener sillas el día que llegan sus visitas, y eso es la mayoría de reos, contrario a lo que se cree, que ellos pasan jugando futbol todo el día.

Estas personas tienen el aval de los guardias, que son muy pocos y no pueden tener el control, y de las autoridades, que evitan problemas.

¿Cómo interpreta la saña que se utilizó en el último incidente en Escuintla?

Mendoza. Esas personas ya son unos sicópatas. Ellos, desde que son pequeños, no tuvieron quién los orientara. Desde que son pequeños empiezan con un trastorno disocial, porque no hay mamá, no hay papá, hay drogas, hay alcohol, hay problemas emocionales y llegan a un trastorno de disociación de la personalidad.

No tienen sentimientos, no tienen cariño, no tienen respeto por nadie. Ellos se sienten bien matando gente, no experimentan culpa y carecen de respeto a la vida, y por ello actúan así.

¿Estamos ante prisiones que van camino al caos?

Muñoz. Definitivamente la cárcel, como está planteada en este momento, no tiene salida ahorita. No es un problema que sea nada más de reorganización, que con un técnico puedan resolverlo, porque es un problema político y hasta cultural que tenemos en el país.

Lo primero que se tiene que hacer no está en el Sistema Penitenciario, sino que está en el Congreso, ya que ahora ha tomado medidas que le hemos denominado de populismo penal. Es decir, tratar de vender la idea política de que se garantiza más la seguridad y con medidas represivas. Entonces le imponen a los jueces un montón de delitos donde les prohíben medidas alternas a la privación de libertad. Se mete tres, seis meses a la cárcel en lo que se averigua si se cometió un delito.

Por principio de división de poderes, al juez no debería nadie decirle cómo es que tiene que actuar sobre la base de reglas mínimas.

Se propicia una cultura de cárcel. No vamos a salir del problema mientras la sigamos privilegiando como una respuesta del poder del Estado ante la violencia que hay afuera.

El Estado debe garantizar que los privados de libertad no cometan delitos desde allí.