El 25 de junio de este año, los querellantes en el caso de genocidio interpusieron recusación contra la juzgadora que tenía en agenda la indagatoria al militar retirado Luis Enrique Mendoza García, quien fue detenido después de haber votado el 16 de junio pasado, señalado de  genocidio y deberes contra la humanidad en contra la población maya Ixil.

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Francisco Vivar, abogado querellante del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), dijo este jueves 17 de octubre que las víctimas presentaron una recusación en contra de la jueza con acompañamiento de los medios de pruebas correspondientes.

Añadió que la Sala al emitir la resolución declara con lugar la recusación, no por la petición de los querellantes, sino  con el argumento en la aplicación de que toda persona tiene derecho a un juez imparcial.

Al consultarle que cuáles son los argumentos que hacen a Domínguez no seguir en el proceso, respondió que es por la imparcialidad de ella y la informalidad procesal.

Afirmó que en resoluciones ha beneficiado a miembros del Ejército.

Explicó que la primera declaración de Mendoza quedó interrumpida cuando fue la recusación, ahora que el expediente lo tendrá la jueza Silvia de León, ella tendrá que señalar día y hora para que el señalado sea escuchado y el Ministerio Público le impute los hechos y se resuelva si hay indicios para ligarlo a proceso penal.

Ahora este caso de genocidio lo conocerá Juzgado de Mayor Riesgo C.

Caldh y la Asociación para la Justicia y Reconciliación, plantearon en junio último una recusación contra la juzgadora de alto impacto, Claudette Domínguez.

Las entidades, querellantes en el caso de genocidio, centraron su acción en que está “comprometida su imparcialidad” y “existe interés” en sus resoluciones debido a que Domínguez “ha favorecido a militares”.

El general retirado Luis Enrique Mendoza García fue parte del alto mando del Ejército, durante la época de Efraín Ríos Montt fue el jefe de operaciones del Ejército.

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