“Yo también voy a hacer la lista del zopilote y vamos a principiar a poner a aquellos enemigos de Guatemala en la lista del zopilote. Porque si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”, dijo Giammattei con sorna el pasado 11 de mayo en una actividad con alcaldes municipales.
Se refería a la denominada “Lista Engel”, promulgada el 27 de diciembre de 2020. La misma requiere que el presidente identifique a personas extranjeras de El Salvador, Guatemala y Honduras responsables de socavar la democracia y de cometer actos de corrupción significativa. Estos actos deben estar documentados en dos fuentes creíbles, asegura la embajada.
A quienes son incluidos en esta lista, como es el caso de Consuelo Porras, reelecta fiscal general del Ministerio Público (MP), se les revoca la visa y ya no son elegibles para ningún beneficio de inmigración durante los próximos tres años.
Pero, más allá de sancionar individualmente a personas con restricciones migratorias, existe el riesgo de que estos problemas evolucionen a medidas económicas de parte de EE. UU. que alteren el intercambio comercial que hay con en ese país, advierte Pablo Rangel, internacionalista y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos.
Lo anterior se torna relevante ya que EE. UU. es el principal socio comercial de Guatemala. Hasta marzo de ese año, el principal destino de las exportaciones fue ese país, con US$1 mil 283.6 millones, lo cual supera todo lo exportado a Centroamérica. De igual forma, de EE. UU. proviene la mayor cantidad de importaciones, con US$2 mil 688.3 millones.
“Tenemos una balanza deficitaria con EE. UU. Les compramos más de lo que vendemos. Dependemos de cierta forma económicamente de ellos. Eso puede traer consecuencias”, advierte Rangel.
Por su parte, Williams Álvarez, internacionalista, destaca la capacidad de cabildeo que tiene EE. UU. ante organismos regionales. De tal cuenta, si el Estado no enmienda su actuar, podría haber repercusiones en cuanto a su participación en estas instancias, comenta.
“Estados Unidos ya limita la participación de Nicaragua, Venezuela y Cuba en organismos regionales. Guatemala quizás no le ha dado tantos motivos como para tener ese castigo, pero al ignorar sus advertencias podría ganarse esos castigos”, comenta Álvarez.
Álvarez pone como ejemplo la Cumbre de Las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio y donde probablemente se limitará la participación de Guatemala.
Ante la llegada de este evento, Giammattei aseguró ayer que no iba a asistir e invocó nuevamente la soberanía del país.
La consecuencia de esto, según el entrevistado, es que cada vez Guatemala se aísla más de la comunidad internacional y ello reduce las posibilidades de inversión extranjera, cooperación institucional y aumenta la posibilidad de sanciones comerciales.
Alejandro Rodríguez, exsecretario de política criminal del MP, comenta que el hecho que la fiscal general esté involucrada en la Lista Engel podría debilitar la cooperación de parte de EE. UU. con esa institución y ello pone en amenaza la lucha contra la delincuencia organizada.
“Se pierde la ética del MP, que es la institución encargada de proteger la legalidad, los derechos de los guatemaltecos y se ha convertido en un instrumento de presión política”, comenta Rodríguez.
¿Quiénes integran la lista?
En la Lista Engel fueron nombrados Gustavo Adolfo Alejos Cámbara ex secretario privado de la presidencia; el diputado Felipe Alejos Lorenzana, la exdiputada Delia Bac Alvarado, el alcalde de Joyabaj Florencio Carrascoza Gámez, el expresidente Álvaro Colom Caballeros, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Duarte Barrera, el diputado Boris Roberto España Cáceres y Mario Estrada Orellana, excandidato presidencial de la Unión del Cambio Nacional (UCN), condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Otros actores que también están incluidos en la lista son Gustavo Herrera Castillo, Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo (FCT); Raúl Amílcar Falla Ovalle y Moisés Galindo Ruiz, ambos abogados de la FCT y Juan Carlos Godínez, abogado.
Asimismo, se incluyó al exjuez Mynor Mauricio Moto Morataya, quien intentó, sin éxito, ser juramentado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Expresan desconfianza
Horas después de que Porras fuera nombrada nuevamente en el cargo por el presidente Alejandro Giammattei, la comunidad internacional manifestó su preocupación por la falta de compromiso que esto evidencia de parte del Estado para luchar contra la corrupción.
El Departamento de Estado de EE. UU. señaló a Porras de obstruir y socavar las investigaciones anticorrupción y la Unión Europea dijo que la decisión del presidente -Alejandro- Giammattei de reelegirla genera “inquietudes sobre el compromiso de las autoridades guatemaltecas para combatir la corrupción y salvaguardar la independencia del poder judicial”, se lee en un comunicado.
