La presidenta del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, se pronunció en un comunicado contra la Lista Engel de corrupción, publicada recientemente por EE. UU.

En esa designación figuran dos magistrados de la CSJ y dos jueces del OJ, lo que fue confirmado por Valdés en el pronunciamiento.

Valdés dijo que la publicación de la lista “constituye una flagrante violación a la Constitución Política de la República” y viola “específicamente el principio de derecho de defensa, que establece que la defensa de la personas y sus derechos son inviolables”.

El comunicado enfatiza en que “toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente”.

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Agrega que la designación “vulnera el debido proceso”, carece de legitimación y constituye “una intolerable intromisión en la administración de justicia”, ya que, a su criterio, señala de forma infundada y “sin ningún medio probatorio” a los funcionarios de OJ.

Advierte de que por “su alta investidura”, los jueces y magistrados “deben ser respetados por guatemaltecos y extranjeros” y los mismo gozan de “prerrogativas que les otorga la Constitución Política de la República”.

Reclama que si hubiese un presunto hecho delictivo este se debe canalizar a través de las instancias correspondientes “y no a través de publicaciones de prensa y redes sociales”.

La magistrada resalta que la Lista Engel constituye “una legal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ.

“Por tal razón, en mi calidad de presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, rechazo categóricamente la intromisión extranjera en las funciones constitucionales que únicamente le competen a este alto Organismo de Estado”, puntualiza el texto.

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Cumpliendo con la Ley de Compromiso Mejorado de Estados Unidos, el 2 de julio último se presentó la lista de corruptos del Triángulo Norte Centroamericano, en donde Guatemala destaca con funcionarios, exfuncionarios y activistas a quienes el Departamento del Estado señala de favorecer la impunidad.

La lista sanciona con la cancelación de visa o calificar de no elegibles para visitar EE. UU. a quienes la integran, pero aunque las amonestaciones se puedan limitar en la regulación migratoria, el peso moral que recae sobre cada uno de los que ahí figuran y en las instituciones que representan es mayor, según analistas consultados.

El Gobierno guatemalteco también emitió el viernes 22 de julio un comunicado en el que “lamenta y rechaza” que la Lista Engel de corrupción, publicada por EE. UU. recientemente, “incluya a personas guatemaltecas”.

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“Se debe cuestionar la utilización de este instrumento político que promueve la condena social de las personas que allí son señaladas, la cual generalmente se deriva de elucubraciones y acusaciones mediáticas infundadas”, dijo en un comunicado.

Los señalados

Entre los guatemaltecos fueron incluidos Dennis Billy Herrera Arita, un abogado guatemalteco; Carlos Estuardo Gálvez Barrios, exrector de la Universidad de San Carlos (Usac); José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público; Axel Arturo Samayoa Camacho, propietario de varias empresas de transporte y transporte marítimo; Ramiro Mauricio López Camey, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Ramón Campollo Codina, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; y Geisler Smaille Pérez Domínguez, actual juez del Tercer Juzgado Penal.

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Además, Sofia Janeth Hernandez Herrera, la actual representante en el Congreso por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), Steffan Christian Emanuel Lehnhoff Hernández, actual propietario de Corporación Energías de Guatemala; Mayra Alejandra Carrillo de León, actual Directora del Instituto de Víctimas; Erick Gustavo Santiago de León, exjuez y presidente del Tribunal Regional de Apelaciones en lo Civil; Nery Oswaldo Medina Méndez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Vitalina Orellana y Orellana, actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Mauricio López Oliva, actual copropietario de la constructora Asfaltos y Petróleos SA (Aspetro); Víctor Manuel Cruz Rivera, actual Juez de lo Penal; y José Luis Benito Ruiz, exministro de Comunicaciones e Infraestructura de 2018 a 2020.

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— Organismo Judicial (@OJGuatemala) July 25, 2022