La condena emitida contra Mario Estrada, excandidato presidencial y empresario, recuerda el interés que el narcotráfico ha mantenido en la política guatemalteca, ya que la justicia estadounidense también acusa a otros políticos de trasiego de drogas, como la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, quien aceptó ser extraditada por supuestamente tener nexos con el cártel de Los Zetas en junio de 2017.
En esa acusación en contra de Baldetti se detalla que la exfuncionaria aceptó al menos US$250 mil de la organización junto a regalos costosos. Además, mantuvo seguridad del cartel durante su campaña política, en el 2011.
“Desde el modelo de Pablo Escobar se ve como el narcotráfico prácticamente cogobierna. Aquí lo hizo con el Partido Patriota y el mismo Otto Pérez Molina intentó despenalizar el tema de las drogas y lo llevo al debate internacional”, señaló Christians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), luego que se confirmó la captura de Estrada, en el 2019.
En el caso de Estrada, quien fue condenado a 15 años de cárcel el 11 de febrero, no había llegado a la presidencia, cuando intentó negociar financiamiento para su campaña con supuestos miembros del cártel de Sinaloa, el mismo que lideraba Joaquín “el Chapo” Guzmán en México.
Según la acusación de la fiscalía, Estrada pidió también hasta US$12 millones para financiar su campaña política en 2019. Además, a cambio, el expresidenciable ofreció entregar puertos y aeropuertos a los narcotraficantes cuando ganara la presidencia.
“El tema no es de si los narcos se acercan a los políticos, sino cómo los políticos se acercan a los narcos”, planteó el general en situación de retiro y experto en seguridad ciudadana, Ronaldo Leiva al analizar la captura en el propio Estados Unidos de Estrada, en medio de una campaña electoral para la presidencia.
Además, Leiva reconoció que en el país se conoce que muchos políticos buscan los recursos de los narcotraficantes.
Señalados de narcotráfico
Estrada no es el primer político condenado en Estados Unidos por narcotráfico, el primer precedente que existe es el caso de Arnoldo Vargas, exalcalde de Zacapa, quien regresó en junio de 2017 al país, luego de permanecer 25 años encarcelado por narcotráfico en EE. UU.
Según las acusaciones de la justicia estadounidense, la política y el narcotráfico han estado de la mano en varios gobiernos, como en el del desaparecido Partido Patriota (PP). Baldetti no fue la única exfuncionaria señalada por conspirar para el trasiego de drogas hacia EE. UU.
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, también fue acusado de colaborar con Los Zetas entre 2010 y parte de 2015. La acusación establece que el exjefe de la cartera del Interior asignó agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para vigilar cargamentos de cocaína que pertenecían al cartel.
Sin embargo, antes que Baldetti y Bonilla sean extraditados, tienen que aclarar primero su situación legal en el país, ya que están procesados en diversos casos de corrupción durante su administración y en el caso de la exvicepresidenta, ya cumple una condena de 15 años de prisión por el caso Agua Mágica.
“Somos una vía de paso (…) siempre les va a convenir una alianza política, es una forma de operar de los carteles de la droga: siempre buscar tener injerencia o la anuencia de los gobiernos de turno”, explicó Leiva.
Los señalamientos por narcotráfico también llegaron a las comunas, ya que, en diciembre de 2019, Erik Salvador Súñiga Rodríguez, conocido como “el Pocho”, se entregó a la Administración para el Control de Drogas, (DEA, por sus siglas en inglés) acusado de trasiego de drogas y lavado de dinero.
Para Castillo, Guatemala sigue siendo “cotizada” para el control del narco y esto lo interpreta como una “mala señal” y como algo “preocupante”. Además, refirió que los narcotraficantes buscan posicionarse en el país mediante la política y su estrategia para alcanzar su meta, es pagar campañas.
Estrada al inicio se declaró inocente de la acusación, pero cambió de parecer y se declaró culpable de los señalamientos que formuló el fiscal para Manhattan, Geoffrey S. Berman. El fiscal aseguró que el excandidato presidencial prometió ayudar al cartel de Sinaloa a trasegar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos cuando alcanzara la presidencia.
Según el comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en Guatemala, el también exdiputado presumió que tenía conexiones con organizaciones dedicadas al trasiego de drogas. Además, dijo que el cartel de Jalisco Nueva Generación de México le ofreció apoyo financiero para su campaña y afirmó también que en Guatemala un traficante de droga apoyaba su candidatura.
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