“Mi integridad puede estar comprometida”, dice Leyli Santizo, exmandataria de Cicig, detenida en Mariscal Zavala junto a reos que ella procesó

Defensores de derechos humanos señalan agresiones y hostilidad en la prisión Mariscal Zavala, a donde fueron enviadas las abogadas Leyli Santizo, exmandataria de Cicig, y Eva Sosa, exfiscal de Feci.

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Leyli Santizo, exmandataria de la Cicig, es señalada de obstaculizar la acción de la justicia. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)
Leyli Santizo, exmandataria de la Cicig, es señalada de obstaculizar la acción de la justicia. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

La abogada Leyli Santizo, exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), detenida desde el jueves último bajo cargos de obstaculizar la acción de la justicia reveló este martes 15 de febrero los temores que le genera estar privada de libertad en una prisión en la que cumplen condena muchas de las personas señaladas de corrupción y narcotráfico que en su momento ella procesó.

“Lo que pasa es que yo lo que veo es una sed de venganza y lo que debería de ser categorizado como una acción de defensa ahora ellos lo vinculan como un delito, entonces todos los defensores deberíamos de estar privados de la libertad por hacer acciones a favor de la defensa”, señaló Santizo, luego de que la audiencia de primera declaración fuera suspendida este martes.

“El día de ayer fue golpeada la persona que me lleva a la comida por unas personas que apoyan a estos dentro de Mariscal Zavala y se me ha hecho la amenaza directa de que mi vida corre peligro, yo ya he externado que yo no puedo estar privada de la libertad y existe la mala intención de dejarme privada de la libertad, ya que estos casos de narcotráfico tiene a personas detenida (…) en todos los centros carcelarios donde yo puedo recibir alguna amenaza o mi integridad física puede ser comprometida”, señaló Santizo.

Santizo hizo un llamado a la comunidad internacional para que le pongan atención a su caso, pues asegura que por su trabajo es altamente vulnerable a sufrir algún atentado, principalmente si comparte prisión con personas que la Cicig llevó tras las rejas, principalmente de los casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

La defensa de Santizo y de la exfiscal de la Feci Eva Sosa también monstro preocupación por la integridad de las dos profesionales detenidas.

“Responsabilizamos al Ministerio de Gobernación y al Sistema Penitenciario por la vida e integridad de nuestras dos defendidas en virtud de que fueron enviadas al Mariscal Zavala y sabemos que en ese lugar se encuentra con mucha vulnerabilidad y en riesgo”, dijo una de las abogadas defensoras, quien agregó que el lunes pasado hubo un incidente que ya está en manos de las autoridades correspondientes.

Además, personal de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala (Udefegua) denunció agresiones por parte de parientes de reos de la cárcel Mariscal Zavala durante una verificación del estado de Santizo, por lo que hacen un llamado a las autoridades competentes para que garanticen la seguridad de la abogada.

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Jorge Santos, director de Udefegua, señaló que hacen un llamado a las autoridades del Sistema Penitenciario y al juez “que lleva la causa en la medida en la que muchos de los implicados en casos de corrupción e impunidad se encuentran guardando prisión allí en ese centro de detención, tanto quienes ya han sido sentenciados; por ejemplo, como en el Caso Génesis, donde miembros de la familia Mendoza han sido sentenciados como otras personas que están en prisión preventiva esperando su proceso penal correspondiente, entonces por supuesto que es un riesgo que una persona que haya litigado y que haya sido mandataria de la Cicig en muchos de estos casos de alto impacto estén también guardando prisión en el mismo lugar que la abogada Leyli Santizo”.

Santos también dijo que fueron agredidos por una persona no identificada en el interior de la cárcel, quien lanzó amenazas debido a que se llegaba a visitar a la abogada que “metió a la cárcel a su papá”. Señaló que ante las agresiones ningún agentes o autoridad del Sistema Penitenciario intervino para evitarlo.

“Recordemos que la abogada en particular llevó varios casos de alto impacto en donde habían implicadas estructuras de poder económico, militar, crimen organizado, inclusive, que hy están guardando prisión por las actividades tan importantes que desarrollo la Cicig y la Feci”, agregó Santos, quien solicitó a la PDH que haga visitas permanentes para garantizar la seguridad de Santizo.

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De acuerdo con una publicación en Twitter de Ruda, personal de las embajadas de Reino Unido, Canadá, la Unión Europa y las Naciones Unidas acudieron a la Sala de Audiencia “A” donde sería escuchada Santizo.

Sosa también fue acompañada por personal de la Embajada de Canadá y defensores de derechos humanos.

Sin embargo, horas después, el Gobierno de Guatemala emitió un comunicado en el que exige que a los diplomáticos acreditados en el país que no interfieran en asuntos internos, pero no dejaron claro a qué se referían.

“El Gobierno de Guatemala, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manifiesta: Que Guatemala norma sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados”, señala la primera parte del comunicado.

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Agrega “que siendo Guatemala Estado parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, exige a los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno, que se abstengan de intervenir en los asuntos internos de Guatemala, en estricto apego a lo establecido en el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”.

Activistas de derechos humanos manifestaron en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir la libertad de Santizo, por lo que colocaron pancartas en las que exigen el respeto al estado de derecho.