“Se abrió de oficio una investigación en la Fiscalía contra la corrupción. Ya tenemos iniciado investigación”, mencionó la fiscal General, María Consuelo Porras, durante una pausa de la primera reunión de fiscales del país para conocer los detalles del Modelo de Gestión Fiscal. La jefa del MP evitó ampliar más detalles y se retiró de la actividad.
El caso surge cuando Morales era candidato presidencial y secretario general de la agrupación política Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en 2015, y habría recibido dinero que no fueron reportado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Uno de los principales financistas a la agrupación política fue Sánchez, dueño de la empresa Carnes y Ensaladas, S. A., (Restaurante Fulanos y Menganos). El matutino elPeriódico publicó una investigación relacionada con el tema.
La investigación periodística indica que Sánchez giró cuatro cheques por Q250 mil en total, destinados a la campaña de Morales. Uno de los cheques, por Q50 mil, data del 27 de junio de 2014; el segundo, por Q100 mil, llegó a una cuenta bancaria de Morales Cabrera, según el matutino. Los otros dos cheques fueron por Q50 mil cada uno.
La Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Stuardo Campo, informó que las pesquisas están encaminadas y evitó proporcionar alguna información debido al avance del caso.
“Se tiene un antecedente que se inició de oficio en 2016 relacionada con algunos contratos que se habían suscrito por parte de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y la entidad Fulanos & Menganos”, mencionó el fiscal Campo, quien recalcó que la instrucción de Porras es avanzar en la investigación de oficio.
Postura del Ejecutivo
Alfredo Brito, secretario de Comunicación y portavoz de la Presidencia, dijo: “El Organismo Ejecutivo siempre ha sido respetuoso del sistema de justicia. En este caso en donde se anuncia una investigación de oficio que alude a la primera dama de la Nación, mantenemos la misma postura de respeto a la institucionalidad y el debido proceso”.
Añadió: “Nosotros estaremos atentos al curso de la investigación y reiteramos nuestra confianza en la objetividad e imparcialidad del ente investigador en la aplicación de la justicia en nuestro país”.
¿Quién es?
Hilda Patricia Marroquín Argueta de Morales nació el 25 de julio de 1971. Estudió en el Colegio Comercial Guatemalteco. Se casó con Morales Cabrera en 1989 con quien tiene tres hijos.
Desde 2016, cuando comenzó la gestión gubernamental de su esposo, ha tenido poca presencia mediática.
Familia investigada
Ya son varios los miembros de la familia Morales que están o estuvieron bajo la lupa de la Fiscalía y de la justicia.
El primer caso que ocurrió desde el inicio de la gestión de Morales fue el procesamiento de su hijo José Manuel, investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) por el caso Botín en el Registro de la Propiedad.
El caso ya se desarrolla en debate desde el 30 de agosto del 2017. Aquí también está siendo juzgado Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano de Jimmy, y quien es segundo en la lista de candidatos a diputados por el partido Frente de Convergencia Nacional por el distrito central.
José Manuel y Samuel son acusados por la su participación en tres eventos públicos, dos de los cuales nunca se llevaron a cabo, en los que ayudaron al padre de la exnovia del hijo del mandatario, Mario Estuardo Orellana López, a lograr las adjudicaciones, haciendo un “favor ilícito” para que él recibiera ganancias.
Una adjudicación fue el desayuno para 564 personas por un valor de Q90 mil. José Manuel presentó tres cotizaciones –dos de ellas falsas a nombre de las empresas JM3 y Eventos y Spectáculos, ambas inexistentes– y una a nombre de Fulanos y Menganos S.A. o Carnes y Ensaladas, ganadora del evento público.
El pago por este servicio fue entregando a Orellana López, aunque el desayuno nunca se realizó, según la investigación.
Otro evento fue la solicitud del suministro para 40 personas durante tres días por la presentación del plan operativo anual del Registro General de la Propiedad, cuando la jefa era Anabella de León.
Las empresas Plus Espectáculos y Promociones, y Hotel Barceló presentaron sus propuestas, resultando ganadora la primera, cuyo representante legal es Samuel Morales.
El valor de esta adjudicación, Q89 mil 975, también fue cobrado por Orellana López a pesar de que nunca se realizó, y la participación del hijo del mandatario fue haber presentado la propuesta de la empresa de su tío.
El último evento fue que el Registro contrató a Plus Espectáculos y Promociones por Q89 mil 958 para realizar 564 canastas navideñas para los empleados. Aunque este evento sí se realizó, no fue la empresa contratada, sino que las hizo Abdy Sussely Estrada, esposa de Orellana.
Por financiamiento
Jimmy Morales ha librado dos procesos para el retiro de inmunidad, gracias a que el Congreso rechazó las solicitudes que planteó el MP.
El primero, el 11 de agosto de 2017, se planteó la solicitud de retiro de inmunidad por la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito por Q6.7 millones para el partido FCN, del cual era secretario General en 2015, año en que fue elegido gobernante.
En esa ocasión, Iván Velásquez, jefe de la Cicig, dijo que Morales, en su calidad de dirigente del partido, habría incurrido en actuaciones ilegales por haber recibido recursos y no reportarlos al Tribunal Supremo Electoral.
Pero el 11 de septiembre de año, el Songreso no dio sus votos para que Morales perdiera la inmunidad.
En ese lapso de tiempo, Morales planteó quejas a António Guterres, secretario general de la ONU, sobre las actuaciones de Veláquez en la vida nacional y ordenó sin éxito la expulsión del país, porque un amparo de la Corte de Constitucionalidad lo frenó.
En 2018, específicamente el 10 de agosto, el MP y la Cicig volvió a presentar una solicitud de levantamiento de inmunidad contra el gobernante por el mismo delito de financiamiento electoral ilícito, pero esta vez por un monto de Q7.9 millones no reportado al tribunal electoral.
Pero en el Congreso se repitió la historia. El oficialismo y aliados negaron sus votos el 16 de octubre y de esa forma protegió al mandatario, quien para esa fecha ya había reclamado en la asamblea general de la ONU que la Cicig se volvió una amenaza para la paz de Guatemala.
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