El Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del Ministerio Público (MP), la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general de 2014 a 2018, por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la zona 5 por Q35 millones. Los delitos son abuso de autoridad y fraude.

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La orden contra Aldana se justifica porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa este 13 de septiembre.

Señaló que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras.

Algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.

El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones.

Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.

La responsabilidad de Aldana, según Pacheco, radica en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal, según Pacheco.

La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín.

Para el fiscal, la investigación determina que esta compra violentó la ley.

Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.

Por este caso ya hay dos capturas y cuatro órdenes más vigentes.

1. Miriam Salazar Duarte, exjefa administrativa: abuso de autoridad y fraude.
2. Patricia Beatriz Guzmán Rivera, exdirectora administrativa: abuso de autoridad y fraude. Detenida.
3. Diana Odette Benavides Lazaro, exjefe del departamento jurídico: incumplimiento de deberes y fraude.
4. Lourdes Leyton, de Fundación Gradiosa: apropiación indebida de tributos. Detenida.
5. Mynor Lobos Agustín, representante legal de Bertram, S.A: testaferrato.
6. William Baltz Gallardo, Invermo Corp: Defraudación tributaria y fraude.

Antecedentes

El edificio, ubicado en la colonia Arrivillaga, zona 5.

Diputados que adversaron la gestión de Aldana integraron una comisión específica para fiscalizar la compra, concluyeron que hubo sobrevaloración y pidieron que el proyecto se declare lesivo. Estaba integrada por los diputados Estuardo Galdámez, Fernando Linares Beltranena, Delia Bac Alvarado, Edna Soto Juárez y Juan Ramón Lau Quan. Se le conoció como “comisión Alejos”, porque fue integrada cuando el diputado Felipe Alejos era presidente del Congreso, en ausencia de Álvaro Arzú Escobar.

El señalamiento del MP ocurre un día después de que Aldana reapareciera públicamente en Washington, durante la entrega de un premio a Norma Torres, representante estadounidense de origen guatemalteco, por su defensa a los derechos humanos.

En detalle, Aldana apareció en una foto junto a Torres y Claudia Paz y Paz, exfiscal general de 2010 a 2014. La foto, publicada en el Twitter de Torres, era dedicada al presidente Jimmy Morales con un corazón.

Con mucho @jimmymoralesgt pic.twitter.com/EeApYd8wbA

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 13, 2019

Aldana enfrenta otros señalamientos, como el de la plaza fantasma al abogado Gustavo Bonilla, decano de Derecho de la Universidad de San Carlos, por el cual tiene una orden de captura, y una plaza irregular para José Carlos Marroquín, quien fue consultor de la Fiscalía y posteriormente su asesor de campaña.

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