Piden la destitución de Enrique Degenhart por desobediencia

María Consuelo Porras, en su calidad de coordinadora de CNSAFJ, señala una “notoria desobediencia” del funcionario para cumplir una orden de la CC.

María Consuelo Porras, fiscal general, y Enrique Degenhart, ministro de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
María Consuelo Porras, fiscal general, y Enrique Degenhart, ministro de Gobernación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

María Consuelo Porras, fiscal general y coordinadora de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), demandó la destitución de Enrique Degenhart, ministro de Gobernación, por incumplir una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) para asegurar fondos para el funcionamiento de esa comisión, la cual disolvió el presidente Jimmy Morales en junio, pero que siguió vigente por un amparo del tribunal constitucional.

La solicitud de Porras, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, fue planteada como una debida ejecutoria de amparo ante el Juzgado de Paz de Faltas de Turno, el cual deberá ser promovido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Junto a Degenhart exige el despido de Luis Arévalo, tercer viceministro de Gobernación.

La desobediencia del ministro radica en no haber celebrado y firmado en tres días posterior a la notificación un convenio para el traslado de recursos financieros a la comisión en mención.

“Es evidente la notoria desobediencia del amparo provisional cuando en la propia resolución del 28 de octubre se indica puntualmente: ‘esta decisión se pronuncia con los apercibimientos legales correspondientes’, derivado de lo cual corresponde al Tribunal de tomar las medidas necesarias para tal ejecución”, señala el memorial de la Fiscalía.

En el fallo del 28 de octubre, que se hizo público el 31, el tribunal constitucional declaró con lugar dos recursos de apelación: uno para Porras ante un amparo a favor de Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, contra Degenhart, y el otro, para la procuradora Adjunta I de la Procuraduría de los Derechos Humanos contra el director de Servicios Administrativos y Financieros del Ministerio de Gobernación.

Ambos fallos tenían como efecto la suscripción del convenio para garantizar los fondos del ministerio a la Comisión de de Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, los cuales deberían fluir 24 horas después de las firmas.

Fuentes consultadas por Prensa Libre dijeron que la Corte rechazó a Degenhart dos recursos de ampliación y aclaración y devolvió a la Suprema el expediente para que resolviera en definitiva el amparo otorgado.
De acuerdo con las fuentes, el ministro sí autorizó el traslado de fondos a la comisión, pero unilateralmente decidió que fuera menos de lo establecido, -no se conoce el monto-, tras lo cual accionó el MP.

La comisión existe desde 1998, producto de los Acuerdos de Paz, pero el 20 de junio último Morales la liquidó para evitar “dualidad de funciones” con la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

Coordinada por el fiscal general, la comisión se integra por dos magistrados de la Suprema, el ministro de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil, el Colegio de Abogados, las facultades de Derecho de las universidades San Carlos y Landívar, y miembros de la sociedad civil.

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