MP pide quitar inmunidad a diputado Felipe Alejos y a juez Adrián Rodríguez

El Ministerio Público (MP) solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) despojar de inmunidad al diputado Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y al juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Adrián Rodríguez, señalados en el caso Traficantes de Influencias.

El diputado Felipe Alejos y el juez Adrián Rodríguez. (Fotos Prensa Libre: Hemeroteca PL).
El diputado Felipe Alejos y el juez Adrián Rodríguez. (Fotos Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Fiscalía señala a Rodríguez de los delitos de denegación de justicia y prevaricato y al parlamentario Alejos, por tráfico de influencias y cohecho activo.

El MP involucra a los funcionarios en el caso Traficantes de Influencias, una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.

Según la investigación, Alejos era uno de los intermediarios de la estructura y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

“El señor Alejos ofrecía a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la SAT para agilizar sus solicitudes de crédito fiscal”, detalló la fiscal General, Thelma Aldana.

La Cicig y el MP sostienen que el diputado fue el intermediario para agilizar el trámite a favor del Ingenio Palo Gordo, pero este proceso se frustró con la desarticulación de la red La Línea.

“Él (Alejos) me comentó que me podía apoyar con eso y que se hacía a través de un amparo, que le diera copia de los expedientes y que él los iba a tramitar. Yo lo puse en un sobre, los dejé en recepción y lo llegaron a traer”, dice el testimonio de Rodrigo Presa Riera, exdirectivo del Ingenio Palo Gordo.

La fiscal Aldana dijo que las otras dos empresas a la que Alejos ofreció los servicios de la estructura fueron Zeta Gas y Látex.

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Iván Velásquez, director de la Cicig, explicó que la red utilizaba la presentación de amparos ante un juez como una modalidad paralela para agilizar el trámite. El objetivo era que un juzgado ordenara a la SAT designar auditores y de esa manera procurar la devolución del crédito fiscal en menor tiempo.

De acuerdo con la investigación, el juez Rodríguez emitió una resolución anómala para excluir de la persecución penal a la empresa Aceros de Guatemala S.A. Una sala dejó sin efecto la decisión del juzgador.

“El oficial Ernesto Caal Caal fuel vínculo entre el juez Adrían Rodríguez y la organización criminal en el caso Aceros de Guatemala”, dijo la fiscal Aldana.

Por el caso Traficantes de Influencias fueron capturadas ocho personas este jueves, entre ellas el exjefe de la SAT, Rudy Villeda. Además, hay once prófugos de la justicia.

Vea nuestra transmisión de la conferencia de prensa :