De estás, ninguna ha llegado a juzgados de órganos jurisdiccionales; sin embargo, “todas las denuncias fueron debidamente atendidas y diligenciadas” y continúan en la investigación para lograr su judicialización, afirmó.
No obstante, algunas de las víctimas han manifestado temor de presentar las denuncias porque temen que los agresores tengan acceso a sus datos sensibles, y porque no quieren poner en riesgo a sus familiares.
Otras víctimas no confían en el sistema judicial porque los procesos son demasiados lentos y no cuentan con los recursos suficientes para presentar las quejas penales y seguir con los procesos.
Unos 500 vehículos sancionados
El intendente de Tránsito de la capital, Amílcar Montejo indicó que unos 500 vehículos han sido sancionados por funcionar como taxis sin estar autorizados. La multa administrativa es de Q2 mil y en caso de reincidir puede llegar a Q4 mil.
Añadió que han recibido “varias solicitudes” del MP y de la Policía Nacional Civil (PNC) acerca de vehículos posiblemente involucrados en ilícitos y “a veces solicitan videos de varias rutas para encajar en su investigación”.
Montejo explicó que existen “varias denuncias, especialmente en videos en redes sociales” por robo de pertenencias, ultrajes o violencia sexual, que involucran a vehículos particulares y a algunos identificados como taxis.
“No son muchos casos. Pero hay más alertas por la misma dinámica de redes sociales cada uno con versiones diferentes”, detalló el portavoz, quien añadió que no hay un estimado de cuántos taxis no autorizados circulan en la ciudad.
Las áreas donde más se registran hechos delictivos son, la calzada Roosevelt, el boulevard Liberación, la avenida Bolívar, ruta al Atlántico y algunos sectores de la zona 1.
Un deficiente servicio
Por su lado, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), tras un monitoreo al servicio de transporte público logró detectar que la mayoría de las unidades “no presentaban las condiciones mínimas para reactivar el transporte de una forma adecuada y responsable”, de esa cuenta se activó de forma paralela el servicio de taxis colectivos, dijo Edgar Guerra, defensor del Usuario de Transporte Público.
Guerra subrayó que taxis colectivos no están autorizados, pero por “la necesidad de la población para movilizarse se fue incrementando el número de unidades que circulan —y— hasta hoy no se sabe cuántos vehículos de estos operan”.
Remarcó que cobran de Q10 a Q20 por persona. También han surgido variantes como los taximotos y microbuses que no cuentan con autorización para circular ni para prestar ese tipo de servicios.
El defensor compartió que en los últimos meses se ha registrado un incremento de estas unidades en al menos 12 municipios, entre estos, Chinautla, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Villa Canales, Santa Catarina Pinula y en las zonas 21, 18, 12, 6, 1 y 2 de la ciudad.
La PDH no ha recibido denuncias de mujeres víctimas de violación sexual por parte de pilotos de taxis colectivos, afirmó Guerra, lo cual podría responder a que “perciben que se van a poner en riesgo porque usan frecuentemente ese tipo de transporte, o puede ser que, crean que la institucionalidad del Estado no está funcionando”.
La PDH ha recibido información sobre los pilotos de los taxis colectivos y advierten que “hay indicios de que algunos de esos operadores de esos taxis no autorizados pudieran ser parte de pandillas”, aseveró Guerra.
Indagan sobre operaciones
Un investigador policial que habló con la condición de mantener el anonimato compartió con Prensa Libre que en la actualidad investigan a posibles integrantes y colaboradores de grupos ilícitos que se dedican a la violación sexual que utilizan a las unidades de taxis colectivos para cometer los hechos.
Hasta el momento han logrado identificar que las posibles rutas en donde circulan son: la calzadas Roosevelt, San Juan y Atanasio, el Trébol, avenida Bolívar, así como en trayectos de San Miguel Petapa y San Juan Sacatepéquez, sin embargo, no reportan arrestos por estos hechos.
El pasado 4 de octubre Prensa Libre publicó el caso de Alejandra, una joven que narró como una mañana abordó un taxi colectivo desde la zona 21 hacia el trébol.
Al pasar por la universidad de San Carlos, en la zona 12, el conductor roció un spray dentro del vehículo y dijo que era alcohol para desinfectar. La víctima no recuerda si pasaron “minutos o segundos”, pero quedó inconsciente. Cuando despertó estaba en un área que no conocía, su ropa estaba sucia y tenía dolor de cabeza. Después de ser auxiliada supo que había sido abandonada en San Juan Sacatepéquez y abusada.
¿Necesita datos actualizados sobre Guatemala para tomar decisiones? Suscríbase a Microdosis, un servicio de contenido de estadísticas de alto valor de Prensa Libre, producido en alianza con ProDatos
