Durante una audiencia en la Cámara de Apelaciones, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pidió trasladar al Juzgado de Mayor Riesgo el caso Negociantes de la Salud, con el argumento de que se corre peligro procesal.

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Sandoval refirió que el riesgo se deriva del secuestro de una lista de contactos de magistrados y fiscales, esto luego de que hace unas semanas se reveló un audio en el que el empresario Gustavo Alejos, sindicado por ese caso, sostiene una conversación con Édgar López, magistrado de Apelaciones de San Marcos, y en la que supuestamente se negocia una apelación a cambio de un traslado de judicatura.

En su exposición ante los magistrados María Eugenia Morales, José Antonio Pineda y Manuel Duarte, quienes integran la Cámara Penal, Sandoval expuso que Alejos ha buscado los contactos al más alto nivel, por lo que se advierte un riesgo.

“Entre las cuestiones, en un audio de cuatro minutos, el magistrado está buscando su traslado hacia la Sala de Femicidio. Precisamente, fue trasladado, y se encuentra en una sala de Apelaciones de San Marcos. No estoy diciendo que haya sido derivado de esta conversación, pero denota la existencia de una conversación de un magistrado de sala desde que el sindicado tenía asuntos en esa sala, y puede ser perniciosa para el proceso”, indicó el fiscal.

Agregó, como otro argumento, que durante un allanamiento el 27 de octubre del 2015, para capturar a Alejos, se localizó la lista de contactos con magistrados de sala y de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público, mandatarios de la Cicig y medios de prensa.

Caso es ajeno

Los defensores de Alejos solicitaron a la Cámara que rechace el planteamiento de la Feci, con el argumento de que la petición fue en el 2017, y “no se recordó alguno de los argumentos de esa fecha”.

“Los hechos que mencionó el fiscal son totalmente ajenos a este proceso”, refirió el abogado Jorge Mario de Jesús Cajas.

Un representante de Juan Pablo Muralles Morán, otro de los señalados en ese caso, consideró que el caso no puede ser elevado a proceso de mayor riesgo, y ve con suma preocupación que la Fiscalía haga referencia a medios de investigación que no forman parte de la carpeta.

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“No estamos hablando de la comisión de delitos violentos, para recordar la normativa de los juzgados de Mayor Riesgo”, dijo el abogado Ranferí Díaz.

La Cámara informó que revisará el expediente y las argumentaciones, para emitir una resolución que será notificada a las partes por escrito.

El caso

La investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) existió una estructura criminal que se dedicó a hacer de la salud un negocio.

Para ello se unieron de manera organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron su patrimonio en detrimento de las finanzas del Seguro Social.

Según la investigación, la organización criminal utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos, con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de ese producto era solo de dos.

Los 18 sindicados en el caso esperan debate desde el 18 de julio del 2017.

Regresa a prisión

Gustavo Alejos enfrenta cuatro procesos: Cooptación del Estado, Negociantes de la Salud, Transurbano y fue recientemente vinculado a un caso de financiamiento electoral ilícito y no reportado durante la administración de la UNE.

El ex secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, Alejos Cámbara, recobró su libertad desde el pasado 4 de diciembre, tras haber sido beneficiado con arresto domiciliario por el caso Transuarbano; sin embargo, el 6 de febrero último fue detenido por un delito relacionado con financiamiento electoral.

Además de haber sido secretario privado de la Presidencia, Alejos Cámbara, de 51 años, trabajó hasta el 2014 en la empresa farmacéutica Agencias J.I., propiedad de Jack Irving Cohen.

Sus empresas farmacéuticas son Droguería Colón, Evolución Farmacéutica y Sabiapharma.

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