Con este serían tres los intentos de Moto por tomar posesión en el cargo, pero los recursos legales en contra del proceso de elección y dos antejuicios contra el profesional han frenado el procedimiento.
Moto dijo anteriormente que no ha recibido apoyo de la CC para agilizar la toma de posesión a pesar de que lo que corresponde es un trámite que no necesita ser agendado.
El funcionario también ha dicho que los recursos presentados en contra del proceso de elección en el que fue designado para ocupar la vacante del magistrado fallecido Bonerge Mejía son infundados, y que quienes los presentan no tienen la facultada legal para hacerlo.
Lo actuado el martes recién pasado por el Congreso podría rozar la ilegalidad, opinan constitucionalistas, pero, debido a que ninguna acción ha sido resuelta, aún existe una delgada línea que separa al pleno de la ilegalidad en sus actos.
Aún no hay fecha para la llegada de Moto a la CC, y la oposición a su elección inicia con los señalamientos de la propia Fiscalía y de la sociedad civil, que cuestionan los criterios legales del Juzgado Tercero de Instancia Penal, del cual era juez el ahora magistrado electo.
Entre las resoluciones de Moto como juez que han sido cuestionadas están, por ejemplo, que no autorizó una orden de captura contra José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, cuando tenía a su cargo el caso Libramiento de Chimaltenango; fue reacio a revocar medidas sustitutivas a la magistrada separada del cargo Blanca Stalling y también aceptó acciones legales que retrasaron el antejuicio contra Felipe Alejos, entre otras.
El pulso, por ahora, lo ganó el Congreso y reconoció a Moto como magistrado constitucional, pero antes de que tome posesión se debe esperar a que se resuelvan las acciones legales que se han acumulado.
“Los diputados están abriendo la puerta para que haya mayor criminalidad en el país, están jugando con fuego porque lo hacen con la justicia del país”, criticó Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC) y uno de los que impugnaron la elección de Moto.
