“La Cicig, con el Ministerio Público, puso la mirada en el Sistema Penitenciario en un intento por interpretar y dar respuesta al sentir de la sociedad, que ha visto con perplejidad cómo los centros de reclusión son controlados, no propiamente por las autoridades, sino que en ocasiones por el poder de convictos y reclusos, lo que ha dado lugar a que se realicen acciones de diverso orden, en el que se cobra además por todos los beneficios”, aseveró Velásquez.
Detalló que entre las prebendas otorgadas reos se encuentran mínimas condiciones de seguridad, comodidades básicas, privilegios incompatibles con un régimen carcelario, así como ingresos y uso de bienes suntuarios, visitas diarias, acceso a teléfonos de última generación y hasta la propia negociación de su traslado a otros reclusorios con controles menos estrictos.
Poder paralelo
Velásquez afirmó que la investigación estuvo centrada en el descubrimiento de los poderes paralelos y su relación con particulares —intermediarios y gestores— y de las propias autoridades de Presidios.
“Se documentó la existencia de una red criminal en la que participa como eje central un privado de libertad, condenado por ejecución extrajudicial —muerte de monseñor Juan José Gerardi, el 26 de abril de 1998—, recluido en Pavoncito, el señor Byron Lima Oliva, quien representa para muchos de los reos la verdadera autoridad y por tanto a él recurren a solicitar y pagar traslados a centros penitenciarios, favores y privilegios”, refirió Velásquez.
Aseguró que Lima Oliva tiene influencia en el Sistema Penitenciario y fuera de este, a tal grado que llega a los ámbitos político y económico.
“Es público que mantiene contactos y recibe visitas de diversas personalidades, de actores públicos que él mismo ha revelado a través de su cuenta de Facebook, haciendo ostentación del poder”, dijo el titular de la Cicig.
También afirmó que dentro del Sistema Penitenciario tiene el control de Pavoncito y somete a los reclusos a sus órdenes.
Desde el 2002
Prensa Libre tiene registrado que, desde el 18 de agosto del 2002, Lima Oliva empezó a tomar acciones para hacerse del poder en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18.
El 26 de diciembre del mismo año, los reclusos denunciaron que el militar se estaba apoderando del control de todos los sectores.
Esto se hizo efectivo el 14 de febrero del 2003, cuando el Sistema Penitenciario decidió el traslado de 200 cholos a otras cárceles.
Ya en Pavoncito, Lima Oliva logró consolidar poder y riqueza a tal grado que ha adquirido propiedades, entre estas una casa en la playa, un lote en un condominio exclusivo, vehículos —como una camioneta Suzuki y una Land Cruiser blindadas, Porsche y Jaguar—, un spa, y nueve caballos.
Velásquez indicó que solicitarán que el dominio de estos bienes sea extinguido a favor del Estado.
Antecedentes
Esta no es la primera ocasión en que las autoridades emprenden acciones para intentar tomar el control de las prisiones.
El 25 de septiembre del 2006, las autoridades llevaron a cabo un vasto operativo para tomar el control de la Granja de Rehabilitación Pavón, que era controlada por un grupo de reclusos. Esa vez murieron siete reos que eran considerados cabecillas de la red.
En esa ocasión, Prensa Libre logró documentar que Luis Alfonso Zepeda González —condenado por asesinato— era el líder del comité de orden y disciplina y controlaba ese penal, lo que le representaba ingresos de Q600 mil mensuales, y todo sucedía ante el silencio cómplice de las autoridades de entonces.
Por este caso ya fue condenado en Suiza Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil, por ejecución extrajudicial, y Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, está pendiente de enfrentar a la justicia española.
En el país ya fue condenado Víctor Soto, exjefe de la División de Investigación Criminal (Dinc).
Otro hecho criminal ocurrió en febrero del 2007 en la cárcel de máxima seguridad El Boquerón, Santa Rosa, cuando fueron masacrados cuatro policías involucrados en el caso Parlacén. Extraoficialmente se supo que un grupo de personas ingresó a esa prisión para matar a los agentes, aunque las autoridades atribuyeron el hecho a pandilleros recluidos allí.
Un caso reciente es el de Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigorrico, quien formó una red de extorsionistas desde la cárcel de máxima seguridad el Infiernito, Escuintla, la cual le generó sumas millonarias bajo el amparo de las autoridades de esa prisión.
Con información de Byron Vásquez, Hugo Alvarado y Jerson Ramos
GOBERNACIÓN
“No tengo amiguismo”
“Con Camargo no me une ninguna relación ni ningún tipo de amiguismo que parcialice mi opinión”, expresó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, respecto de la captura del director del Sistema Penitenciario, Édgar Camargo.
Indicó que en ningún trabajo ni en ninguna profesión se puede garantizar que una persona tenga el cien por cien de pureza.
“El tema de confianza es relativo. Busqué una persona con capacidad profesional y la tiene. Qué pasó en el camino, no puedo decirlo”, refirió.
“En este caso —de Camargo— hay una investigación, una formulación de cargos y un debido proceso que servirá para probar el nivel de responsabilidad que pueda tener en lo que se le está sindicando”, dijo.
“Cualquiera puede tener experiencia y fallar voluntaria o involuntariamente; no me compete juzgarlo. Es un tema de investigación”, expuso López Bonilla.
El funcionario explicó que el centro de todo esto se llama Byron Lima Oliva, quien tiene 15 años de estar en la cárcel. “Él es un privado de libertad que se ha creído el dueño de cuanto ocurre en el Sistema en todos estos años”, expuso.
Byron Lima Oliva
“Mi familia está pagando”
“Yo tengo todos los correos electrónicos enviados a mi persona por el ministro de Gobernación, todos los mensajes de texto, todas las fotografías y todos los videos, para ponerlos a su disposición —señor juez—, y que yo pueda explicar, porque aquí hay una confabulación.
Están planeando eliminarme”, expresó ayer el capitán Byron Lima Oliva, al salir del juzgado.
“Hay facturas también de la esposa del ministro, y también del director de Inteligencia Civil, Manuel Alvarado Franco, y otras personas”, dijo.
“El Ministerio de Gobernación intentó ponernos a los reos de Pavoncito cuotas de Q100 mil semanales, pero nosotros no accedimos”, expresó.
Lima Oliva indicó: “Casualmente, cada vez que voy a obtener mi libertad, por el beneficio de la redención de pena, aducen un problema más”. Agregó: “El problema del ministro conmigo es que yo le arruiné un negocio de US$534 millones con la Embajada de Taiwán. Yo mismo hablé con el embajador Adolfo Sun y le dije que la empresa que se usaba era fantasma”.
Lima Oliva dijo que si el presidente Otto Pérez quiere llevar una gestión transparente debe entregar a las autoridades a López Bonilla, para ser investigado por señalamientos en su contra.
