Obtienen libertad anticipada 578 personas durante la pandemia

El juzgado de Ejecución de Guatemala es el que más ha concedido los beneficios penitenciarios, luego sigue el de Chiquimula y por último el de Quetzaltenango.

En las cárceles de Guatemala ya se registran casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En las cárceles de Guatemala ya se registran casos de coronavirus. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Entre marzo y el 5 de octubre, 578 personas recobraron su libertad de forma anticipada, tiempo en el cual Guatemala ha estado en guardia frente al nuevo coronavirus, por lo que está ha sido una forma de desfogar de forma mínima las cárceles que rebasan en su capacidad en más del 350 por ciento.

Alma Martínez, coordinadora nacional de ejecución del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que estos beneficios para los reos fueron tramitados después que todos cumplieron la mitad de condena y los beneficiados obtuvieron desde redención de penas, libertad condicional y libertad por buena conducta.

“Por los beneficios penitenciarios, a menos que la persona vuelva a cometer otro delito, estando condicionada por el resto de la pena, se le revoca el beneficio otorgado. Así que pasan a cumplir la pena que les quedaba pendiente más la pena del nuevo delito cuando son condenado”, resaltó Martinez.

Hasta la fecha el IDDP ha tramitado 791 libertades anticipadas, antes de la pandemia en Guatemala fueron 213, de las cuales 712 hombres y 79 mujeres recibieron el beneficio penitenciario. Mientras que, en 2019 la institución tramitó 828 beneficios y en 2018 fueron 933.

Además, Martinez señaló a inicios de este año el Sistema Penitenciario se organizó para entregarles más informes que en otros años y las libertades obtenidas son el fruto del trabajo que ha realizado la institución durante el 2020 y el año anterior.

“Si Presidios se tarda tres, cuatro o seis meses en ese tiempo nosotros logramos diligenciar los casos. Cuando inicia la pandemia teníamos varios informes pendientes de entrega que requerimos desde el año pasado y a principios de este año. Algunos de los expedientes fueron entregados a inicios de la pandemia y el Sistema Penitenciario nos ha ido entregando los expedientes conforme a su posibilidad y al personal que tiene asignado en su unidad”, explicó Martinez.

Presidios reportó hasta el 7 de octubre que, en total 25 mil 691 reos estaban recluidos en los 21 centros carcelarios del país, el 51 por ciento cumple condena, mientras que el 49 por ciento está en prisión preventiva. Además, las prisiones solo tienen la capacidad de recluir a 8 mil personas, según informó Carlos Morales, vocero del SP, por lo que están rebasadas a más del 300 por ciento.

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El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han recomendado que las autoridades tomen medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones por la covid-19.

Un boletín publicado por el Centro de Investigaciones de Guatemala (CIEN) en julio destaca que Guatemala dejó en manos del Organismo Judicial (OJ) las medidas para reducir el hacinamiento en las prisiones.

Además, resalta que el SP optó por medidas de aislamiento para la población carcelaria y así reducir el riesgo de que se contagiaran del nuevo coronavirus, por lo que suspendieron las visitas, el ingreso de personas de otras instituciones, ubicaron a personas de nuevo ingreso en áreas de cuarentena y extendieron los turnos del personal operativo a 15 días.

Pese a la implementación de estas medidas, durante la pandemia, Presidios confirmó 330 contagios entre los privados de libertad –281 hombres y 49 mujeres–, de los cuales cinco casos están activos y 26 personas fallecieron. Las autoridades suspendieron desde hace siete meses las visitas en las cárceles para limitar los contagios entre los reclusos y el personal penitenciario, pero ahora analizan cómo ingresaran las visitas de nuevo a los centros carcelarios

¿Quiénes aplicaron?

Según los datos compartidos por el IDPP, las personas que aplicaron a los beneficios penitenciarios fueron 100 reos condenados por extorsión, 73 por robo agravado, 67 por portación ilegal de arma de fuego, 56 por robo de equipo de terminal móvil, 50 por violación o agresión sexual, 46 por violencia contra la mujer, 36 por homicidio o asesinato y 29 por promoción o estímulo a la drogadicción.

Además, 24 por robo, 17 por obstrucción extorsiva de tránsito, 15 por asociación ilícita, 10 por tenencia ilegal de municiones, nueve por hurto, seis por cohecho activo, cinco por tenencia ilegal de armas de fuego, cinco por caso especial de estafa, cuatro por uso de documentos falsificados, cuatro por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, tres por depósito ilegal de armas de fuego, y otros delitos.

Martinez explicó que los reclusos fueron beneficiados porque fue aplicado el “principio de igualdad” sin tomar en cuenta por qué delitos están condenados, ya que, todos pueden aplicar sin ninguna excepción.

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad y justicia, explicó que la Ley les garantiza su solicitud de revisión de pena a las personas que cumplieron la mitad de la condena y han tenido un comportamiento intachable.

Mientras que Oswaldo Samayoa, catedrático universitario y abogado, opinó que se olvida aplicar la Ley de Régimen Penitenciario porque establece la readaptación social para que cuando la persona salga de prisión tenga herramientas y así se adapte en la sociedad para poder trabajar y hacer otras actividades.

Además, puntualizó que para lograr la readaptación social se debe disminuir la cantidad de personas que están en prisión preventiva y así el sistema tendrá mayor capacidad para echar andar proyectos de reinserción social con las reos condenados que están en prisión.

“Al disminuir la prisión preventiva tenemos más espacios y podemos exigir de mejor manera que el Sistema Penitenciario cumpla con la función constitucional encomendada. Ese es un balance de espacio que tiene que ver con hacinamiento y exige por lo tanto un sistema de justicia también con más investigación criminal para mantener detenidas a las personas sobre las cuales si hay indicios y a las que no primero investigar y luego detener”, resaltó Samayoa.

El CIEN en su informe estima que aproximadamente 2 mil reclusos ya cumplieron la mitad de su condena y pueden aplicar a beneficios penitenciarios. Además, resalta que hasta julio el SP agilizó la conformación de 1 mil 056 expedientes en tres meses, lo que significa el aumento mensual del 75%; sin embargo, las documentaciones se acumularon en los juzgados sin ser atendidos porque el OJ ha trabajado de forma reducida durante la pandemia y suspendido miles de audiencias en el ramo penal.

El IDPP informó que en el Juzgado de Ejecución de Guatemala de marzo a octubre se han tramitado 504 expedientes, en el de Chiquimula 71 y en Quetzaltenango solo tres.