Esto después de que el PP presentó un amparo en el cual no estaba de acuerdo con cerrar el proceso penal contra Torres, quien era sindicada por la entonces diputada Roxana Baldetti, por los programas sociales que manejó a través del Consejo de Cohesión Social, en el gobierno de Álvaro Colom.
El Juzgado Segundo Penal resolvió cerrar la persecución penal contra Torres, a petición del Ministerio Público, que solicitó archivar el proceso por falta de pruebas.
El entonces juez a cargo de ese juzgado, Carlos Aguilar, denunció amenazas en su contra.
