Sin embargo; en estos días, un momento clave apresura el trabajo de esta oficina. La visita al país de representantes de Amnistía Internacional (AI), entidad que ha denunciado el caso de la “presa de conciencia” Virginia Laparra, quien este 23 de febrero está por cumplir un año de su detención, y quien se encuentra en delicado estado de salud.
Laparra, exfiscal Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, fue declarada culpable por abuso de autoridad al denunciar —de forma administrativa— al entonces juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, ahora Relator contra la Tortura.
En este caso, en el que ni AI ni otros organismos de derechos humanos han sido escuchados, hay denuncias de que se han vulnerado las condiciones de su detención.
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Al caso Laparra se suma el reciente escándalo en un centro de detención mixto de Mazatenango, Suchitepéquez, en donde el Ministerio Público (MP) detuvo a tres trabajadores del Sistema Penitenciario (SP) vinculados con actos de explotación sexual hacia algunas reclusas.
En Guatemala, cientos de privados de libertad sufren tratos inhumanos, crueles o degradantes. Una condición en la que la OPT debe cumplir con el mandato de vigilancia y de emitir recomendaciones; pero que, después de nueve años de creación, analistas ponen en entredicho.
También cuestionan la politización en la elección de sus relatores, los escasos resultados, hasta el aumento de su presupuesto operativo.
Como muestra, para este año la OPT tiene un presupuesto inicial de Q33 millones. Casi el doble de los Q 17.1 millones con que finalizó el 2022, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
El incremento pasó desapercibido para el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Herbert Figueroa, que recién asumió la presidencia de esta sala de trabajo en enero pasado. “Pediré un informe sobre las metas y resultados de tal aprobación” se limitó a decir.
La OPT indicó que el incremento del presupuesto 2023 está relacionado para el desarrollo de capacidades institucionales. No obstante, Carlos Solórzano, relator del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, no ofreció declaraciones.
Un mecanismo de prevención
La OPT fue creada en 2014 como un ente ejecutor de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Decreto Legislativo 40-2010), en consideración a los convenios del derecho internacional y de la Constitución.
Su creación surgió de la conflictividad política y social del país, que se reflejó en la práctica de la tortura durante el conflicto armado interno.
Ello motivó a crear un mecanismo interno de prevención, nacional, independiente y profesional capaz de erradicar la existencia de estas prácticas a través de visitas periódicas a los centros de privación de libertad, de acuerdo con la tesis de licenciatura del abogado Oswaldo Samayoa para la Universidad de San Carlos (Usac) en 2009.
Su campo de acción no se reduce a los centros carcelarios. Comprende también estaciones de policía, zonas fronterizas, albergues para migrantes, solicitantes de asilo, hospitales, psiquiátricos, cárceles militares, centros de privación de libertad de adolescentes, entre otros, como lo detalla el artículo 4, inciso d), de la ley.
Uno de sus mandatos más apremiantes es la emisión de recomendaciones dirigidas a solucionar el hacinamiento en los centros carcelarios, ya que el Estado no cumple con garantizar condiciones dignas de reclusión.
Hasta el pasado 15 de febrero, el reporte de los privados de libertad del Sistema Penitenciario da cuenta de un total de 24 mil 144 personas, casi la mitad cumple condena y la otra mitad está en prisión preventiva en los 23 centros nacionales. Los hombres representan el 88.3% de ocupación.
A las limitaciones de hacinamiento y escasa rehabilitación, se suman las deficiencias de servicios que van desde escasez de agua y mala alimentación y limitados servicios médicos. Lo más extremo, la muerte violenta, en promedio 11 de personas, según el blog del analista Carlos Mendoza, de la organización Diálogos.
Presupuesto millonario
En el 2022, la OPT comenzó con un presupuesto de Q13 millones, pero una ampliación hizo que su techo llegara a Q17.1 millones. En el 2023, el presupuesto asignado se incrementó a Q33 millones.
Lucrecia Hernández Mack, diputada del partido Movimiento Semilla e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, consideró que se debe fiscalizar la labor de la OPT y de sus relatores, no solo por sus altos salarios, sino porque no rinden cuentas.
Indicó que, de los 19 integrantes de la comisión legislativa, la mayoría están subordinados a los intereses del oficialismo, lo que es complicado. “No participamos en la discusión del presupuesto de esta oficina”, aseveró.
La planilla de la OPT para el 2022 detalla los salarios de los cinco relatores (presidente y cuatro titulares).
El, de presidente, Carlos Solórzano, supera al de algunos ministros. Tiene un salario de Q60 mil, que incluye dos bonos: uno de Q10 mil y otro de Q15 mil, menos descuentos.
Los relatores titulares Lesther Castellanos Rodas, Ever Alejandro Pérez Arriaza, Alfredo Sánchez Chinchilla y Gloria López Rodas reciben salarios mensuales de Q50 mil 625, menos descuentos, que incluye un bono de responsabilidad preventiva por Q15 mil. En total, casi Q380 mil mensuales para los cinco relatores, de acuerdo con los datos de información pública abierta de la institución.
En la nómina del personal de dicha oficina, correspondiente a noviembre 2022, se presentan un total de 54 plazas (32 puestos renglón 011, 022 y 22 por contrato) la cantidad por estos pagos asciende a Q795 mil 604 mensuales. Esto equivale a un presupuesto anual estimado de más de Q10.7 millones, el 63% del presupuesto de la OPT el año pasado. (*)
El alquiler de cinco sedes también representa un gasto oneroso. Una en la ciudad de Guatemala y cuatro en la provincia, Quetzaltenango, Jutiapa, Mazatenango y Puerto Barrios. El arrendamiento de estas sedes representa un gasto anual de Q407 mil 328.
La renta más elevada es por la sede de la capital con un monto de Q10 mil 555 mensuales, según el portal Guatecompras.
Funcionamiento bajo la lupa
El artículo 12 de la ley, manda a la OPT a examinar periódicamente el trato y condiciones que reciben los privados de libertad en todos los lugares de detención, y a hacer recomendaciones con el objeto de mejorar el trato y condiciones en que permanecen.
El boletín informativo de la OPT más reciente que se encuentra en la página de la institución, es de julio-agosto de 2022, de la región Metropolitana. En este, Solórzano resume su actividad en 21 visitas, 92 recomendaciones y 18 denuncias.
Solórzano cumple su tercer periodo en la OPT, la cual responde a un cambio alterno de los 5 titulares cada tres años, con la idea de hacer un balance entre los anteriores y los recién llegados, explica Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, una institución que vela por los derechos de las mujeres privadas de libertad y de los niños, niñas y adolescentes con referentes familiares privados de libertad bajo su resguardo.
Lejanos a su mandato
Para Samayoa, cuya tesis de grado versó sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el desempeño de esta OPT “debería de ser un mecanismo que aporte muchísimo al país, pero actualmente se le considera el peor mecanismo de prevención de tortura en el mundo, según expertos”, dice.
“Está lejos de cumplir con su mandato y funciones. Sus recomendaciones son lejanas a los estándares internacionales”, afirma Samayoa, a pesar de que se considera el mejor diseño institucional para América Latina, de acuerdo con el Subcomité de Prevención de Tortura de Naciones Unidas.
Parte de las aspiraciones es que buscaba ser una organización multidisciplinaria, cuya elección dependiera de una asignación parlamentaria y democrática, con la particularidad de que la privación de libertad no se centralizara en las cárceles. Pero la entidad se politizó, con nombramientos clientelares y la designación solo de abogados, con intereses contrarios a la prevención de la tortura y escaso conocimiento, expone Samayoa.
Recuerda que quien marcó un antecedente del mal rumbo de esta oficina fue el entonces PDH, Jorge de León Duque, quien en 2016 pidió al Congreso revocar el mandato de los relatores por incumplimiento de funciones.
“Fue como un niño que vi crecer, promoví la ratificación de la ley, veo cómo funciona en otros países, pero en Guatemala no”, comenta Samayoa.
Labor invisible
Corinne Dedik, investigadora de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), coincide en que el trabajo de la OPT ha sido prácticamente “invisible”, debido al escaso conocimiento y resultados concretos de los relatores. De tal manera que se desaprovecha la oportunidad de cumplir con un tratado internacional de beneficio para el país y en particular para el sistema carcelario.
De acuerdo con Dedik, la OPT no ha alcanzado los resultados que una oficina de esta naturaleza puede lograr. “El problema es que nadie toma en cuenta esas recomendaciones, hay poca visibilidad de las mismas”, afirma.
También considera que una de las principales problemáticas es la forma como se eligen los relatores en el Congreso. Además del retraso en los nombramientos, las personas que buscan ser elegidas deben contar con el apoyo de varias bancadas para ganar la votación; espacios que se utilizan para colocar personas cercanas a los diputados.
De tal manera que quienes asumen dichos cargos no cumplen con los requisitos técnicos ni la experiencia para hacer un buen papel, señala Dedik.
Cambios estructurales
Barrios, del Colectivo Artesana, indica que con administraciones anteriores ha sido confuso con el seguimiento de casos, así como las recomendaciones que ha presentado. Sin embargo, los actuales relatores tienen un rol más activo y enfocado en el SP que los anteriores.
Expone que, debido a las precarias condiciones del sistema, las recomendaciones relacionadas con los privados de libertad no se ven reflejadas en el corto plazo, pues requieren de cambios estructurales y muchas de estas no dependen solamente de la Dirección del Sistema Penitenciario (SP).
“No se trata de llegar a hacer ofrecimientos con los privados, como lo han hecho los anteriores, sino la calidad de recomendaciones, que sean viables para su cumplimiento”, señala Barrios.
Agrega que la función de la OPT no se debe limitar a ver problemáticas como el hacinamiento en los centros carcelarios responde, sino también a la falta de ordenamiento en el sistema de justicia.
Por otro lado, la Subdirección de Rehabilitación Social tiene un desafío importante, enfatiza Barrios, puesto que, para algunas mujeres, este es un lugar seguro con mejores condiciones de vida que la calle. Aunque muchas tampoco están interesadas en rehabilitarse.
Un rol más activo
De acuerdo con Dedik, la OPT debiera jugar un rol más determinante y visible, concientizar acerca de la tortura y violencia en los centros carcelarios para generar el conocimiento suficiente de la problemática tanto en funcionarios como en la población.
De allí que el principal problema, a su parecer, es que la elección de los relatores se haga con base a criterios objetivos y técnicos.
Samayoa en cambio, apuesta porque la función de esta oficina sea la de un ente que gestione la prevención de la tortura.
“No tenemos rendición de cuentas por parte de esta oficina. Creo que debería desaparecer el mandato de cinco personas y unificarlo en un solo relator, el cual debiera ser sometido a una designación ajena al Congreso de la República”, concluyó.
