En las últimas cinco semanas ha ocurrido varios casos de violencia contra la mujer en diferentes etapas. Desde el día de la agresión hasta los fallos favorables para los principales responsables de los actos violentos.

Esto, según advierten algunas organizaciones civiles, podría marcar un precedente negativo para el combate de este flagelo. Le exigen al Estado implementar acciones drásticas y ágiles para que los casos no queden en la impunidad.

Casos como el frustrado intento de Leonel Alexander García Martínez para enfrentar a la justicia la tarde del viernes 5 de agosto pasado cuando se ausentó de la audiencia de primera declaración y como consecuencia se le giró una orden de captura.

García Martínez está acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica. Fue filmado mientras agredía físicamente a una mujer en un sector de la zona 8 de Mixco.

Otro caso fue el del 4 de agosto pasado cuando la Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, rechazó el antejuicio en contra del alcalde de Jocotenango, Marcus González, denunciado por Pamela Azurdia por violencia física y psicológica.

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Se suma también el caso del futbolista Marco Pappa, quien el 1 de agosto pasado recibió la notificación que le redujeron la sentencia de cinco años de prisión a 60 días de arresto, los cuales ya había cumplido y por ende se ordenó su libertad.

La resolución de Pappa estuvo a cargo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pappa fue condenado por violencia contra la mujer en su manifestación física en contra de su expareja Andrea Aparicio.

El 16 de julio de 2022 la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Egidio Moisés Payeras Turcios, de 45 años, quien ha sido detenido en tres oportunidades por violencia contra la mujer.

Las cifras

Según los registros estadísticos de la PNC y el MP, en promedio se presentan unas 139 denuncias y desaparecen unas cinco mujeres cada día.

De acuerdo con el portal estadístico del Observatorio de la Mujer del MP detalla que de enero hasta el 30 de julio de 2022 se han registrado 29 mil 402 casos de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones, siendo Guatemala la localidad con mayor incidencia.

De las denuncias ingresadas por violencia contra la mujer la que mayor repercusión refleja es la psicológica con 12 mil 789; seguido de la física con 8 mil 137 y la económica con 567 quejas promovidas por las víctimas. Además, se suman 331 demandas por femicidios registrados.

Entre enero y julio de 2022 han sido privados de libertad 205 hombres, según datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación.

Mientras que durante el 2021 se registraron 57 mil 878 demandas por violencia contra las mujeres. De estas en su ámbito psicológico fueron 28 mil 564; física, 17 mil 594 y económica, 1 mil 90; el año pasado se registraron 546 femicidios.

De acuerdo con los registros del Organismo Judicial de enero al 26 de abril llegaron a juzgados especializados 4 mil 146 casos de violencia contra la mujer; lo que representa un 14% de las denuncias ingresadas y por femicidio 67 procesos, lo que representa un 20% de las denuncias ingresadas.

Por violencia económica ingresaron 47 casos y por violencia psicológica sumaban 35 procesos; mientras que durante el 2021 se conocieron 13 mil 13 procesos por violencia contra la mujer, 190 por femicidio y psicológica 148, según estadísticas del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (Cidej).

Falta de atención e impunidad

Entre los delitos más denunciados están los relacionados con la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones y las muertes violentas. Durante el 2021 se registraba un promedio de 4 mil 823 denuncias mensuales, para este 2022 oscilan entre las 4 mil 200; es decir unas 600 quejas menos que el año pasado.

Si bien la cifras podrían reflejar un leve descenso esto podría derivarse a que muchas mujeres deciden no denunciar “al ver que no pasa nada” así también se percibe que “la atención y el gran nivel de impunidad que tienen los casos y del total de las denuncias acumuladas representan más del 90 por ciento”, aseguró Linsleyd Tillit de la Asociación de Mujeres Alas de Mariposa.

“Es un gran nivel de impunidad y como no pasa nada, el delito se sigue cometiendo”, lamentó Tillit.

Agregó: “Esto pinta un panorama poco favorable para las mujeres victimas que buscan una respuesta contundente y no la encuentran a la mayor brevedad posible y que en la mayoría de los casos su vida y la de sus hijos corre peligro”.

Otro beneficio en favor de los agresores que se suma es la ley de aceptación de cargos, la cual puede aplicarse y “los agresores pueden reducir su pena desde la mitad hasta la tercera parte, dependiendo de la etapa en que se encuentre su proceso”, dijo la representante de Alas de Mariposa e hizo referencia que esto formaría un mal precedente para el combate de la violencia contra las mujeres.

Sin reflejar la magnitud

Irma Chacón de la Fundación Sobrevivientes consideró que “los mecanismos que fueron creados para velar por las políticas públicas con enfoque de género fueron debilitadas” por instituciones como la Secretaria Presidencial de la Mujer, lo que no contribuye a fortalecer los mecanismos que permitan combatir el flagelo.

A criterio de Chacón “el sistema de justicia no está respondiendo a sancionar este tipo de delitos, no hay campañas o procesos de prevención de la violencia a todos los niveles y existe un porcentaje considerable de mujeres que no denuncian” dijo.

La activista resaltó que cualquier tipo de violencia genera consecuencias graves en la víctima y su entorno, entre quienes podrían haber menores de edad.

A estos aspectos, indicó Chacón, se les debe prestar la atención oportuna para romper el circulo de que la violencia es normal.

“Culturalmente aún se considera que la pareja tiene todos los derechos sobre la otra persona por lo que se normaliza este tipo de comportamientos violentos”, reflexionó.

Sin presupuesto y atención ágil

La organización Mujeres Transformando el Mundo brinda acompañamiento a víctimas de violencia en los diferentes departamentos del país y ha observado en que en los últimos meses se “ha dejado de atender en la manera en que venia haciéndolo, pronto y de forma integral” y esto ha limitado el seguimiento de los procesos, indico Paula Barrios coordinadora general de dicha entidad.

Los Centros de Atención Integral para Mujeres que brindan asesoría legal, apoyo psicológico, educación, entre otros “a nivel nacional ningún centro ha recibido el presupuesto que le corresponde al 2022” informó Barrios y explicó que hasta el momento dicha acción responde a “la burocracia y parámetros que el Ministerio de Gobernación tiene internamente y en una citación manifestaron que no han creado la partida presupuestaria” indicó.

“Esto quiere decir que, al mes de agosto, los centros de atención integral a nivel nacional han estado funcionando de manera ad honorem y con muchas limitaciones, esto demuestra que le Estado no tiene interés” en combatir la problemática indicó Barrios.

Se buscó una postura sobre este señalamiento en el Ministerio de Gobernación, quienes no han brindado detalles y motivos por los cuales los fondos no han sido asignados.

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